El Gobierno avisa a los fondos que necesitan su 'ok' para controlar Celsa y los Rubiralta no tiran la toalla

El Gobierno ha recordado que para que los fondos acreedores tomen el control de Celsa primero deben contar con su autorización expresa. Así lo manifestan fuentes consultadas del Ministerio de Industria, un día después de divulgarse la sentencia emitida por el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, que falló en contra de la familia Rubiralta y traspasó la propiedad de la siderúrgica a un conglomerado de sociedades, a quiénes la familia debía unos 2.400 millones de euros.

Los Rubiralta no dan por perdida la batalla, pese a que la sentencia es firme y sobre la misma no cabe recurso, y apelan a esa prerrogativa gubernamental en las operaciones que implican empresas estratégicas, como la suya. En un comunicado también divulgado este martes, la cúpula familiar ha prometido "las acciones necesarias" para asegurar la "continuidad del proyecto industrial" y ha recordado los vínculos y apoyos previos exhibidos tanto con el Gobierno, el Govern de la Generalitat y patronales y sindicatos, que se mojaron antes del juicio a favor de que los Rubiralta mantuvieran el control del grupo siderúrgico.

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"La propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros no autorice la operación, para lo que los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización", recuerdan desde el Ministerio de Industria. Ello es así porque esta operación está sometida a la normativa de control de inversiones extranjeras, de acuerdo al real decreto ley 571/2023 de control de inversiones extranjeras (conocido como 'decreto anti-opas'). 

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Se trata, en todo caso, de na referencia suficientemente ambigua para no aclarar si activarán o no dicha opción. Industria insiste en transmitir tranquilidad a los trabajadores implicados y remarcar que el principal objetivo es "garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional".

Desde el ministerio liderado por Héctor Gómez no se ha aclarado si eso pasa por los Rubiralta o por los fondos. La situación actual de interinidad del Ejecutivo, no obstante, no contribuye a que la actual dirección pueda maniobrar con todo el margen que tendría de no estar en funciones.

Los nuevos amos de Celsa, salvo que el Gobierno lo impida, ya extendieron la mano al Ejecutivo tras la sentencia, anunciando que renunciaba al rescate de 550 millones de euros aprobado por este durante la pandemia. "Con el consiguiente ahorro para el Estado español y los contribuyentes", según remarcaron los fondos. La fecha en la que la nueva propiedad pasaría a tomar el control de la compañía no está fijada ni el nuevo consejo de administración que gobernará la misma definido. Ahora se abre un escenario de impás, en el que los Rubiralta tratarán de desplegar todas sus capacidades de presión legal y política para evitarlo.