Comicios empresariales

El Govern prohíbe la delegación de voto en las cámaras de comercio

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Una sentencia aboca a la repetición de las elecciones a la Cambra de Comerç

Elecciones en la Cambra de Comerç de Barcelona el pasado 8 de mayo.

Elecciones en la Cambra de Comerç de Barcelona el pasado 8 de mayo. / ALBERT BETRAN

Agustí Sala

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La convocatoria de las elecciones a las 13 cámaras de comercio catalanas incluirá medidas para reforzar la seguridad del voto electrónico, según fuentes del Govern. Esta resolución, que se emitirá a mitad de mes, complementará el decreto que el Ejecutivo catalán ha aprobado este martes para que el proceso electoral que será probablemente en septiembre, sea "el máximo de garantista" con la prohibición expresa de la delegación de voto. Las personas físicas votarán en su propio nombre y las jurídicas podrán hacerlo a través de un representante legal acreditado.

La delegación de voto fue uno de los elementos que empañó las elecciones de 2019 en las que en la Cambra de Barcelona, la de más peso, se impuso la candidatura Eines de País, promovida por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que dio como resultado la presidencia actual de Mònica Roca, que relevó al actual diputado de Junts, Joan Canadell, que lo fue durante la primera parte del mandato.

Con esta iniciativa, la Conselleria de Empresa, que es el órgano que tutela a estas entidades, persigue evitar impugnaciones como las que se produjeron en los comicios de 2019, que aún tiene que resolver el Tribunal Supremo y que cuestionaron el proceso de voto electrónico de entonces. El proceso fue cuestionado desde el mismo día tras anularse una serie de votos, por parte Agtic, la consultora a la que se le ha vuelto a adjudicar la tarea de auditar.

Seguridad jurídica

Se trata, según fuente del Ejecutivo catalán, de "superar la actual dispersión normativa y regular "de manera completa todo el proceso electoral, desde la confección de censos (ahora regulado en una orden de 1996) hasta la constitución de los plenos de las cámaras y el Consell (regulados por un decreto ley de 2017 y un reglamento de 2006). También se busca "reforzar la seguridad jurídica, tanto par las cámaras y el Consell, así como de los electores una vez anulado el decreto de 2018 de régimen electoral de estos organismos, así como facilitar la mecánica del proceso electoral.

A su vez el decreto prevé un sistema de garantías del voto electrónico, desde la seguridad a la transparencia, pasando por la verificabilidad, la integridad, el carácter secreto y la libertad del sufragio. Se obligará al auditoría a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya a verificar la plataforma de voto. Uno de los objetivos es reforzar las garantías al votar para evitar lo máximo posible tener que revisar a posteriori, según fuentes oficiales.

Se prevé un plan de transformación digital que dote a las cámaras de las herramientas necesarias para digitalizar todas las operaciones vinculadas al proceso electoral. También se simplifica el cálculo de representación de los sectores económicos en grupos y categorías y se amplía de un máximo de tres a cinco los vocales por grupo en las cámaras en las que se considere que un sector tiene más preponderancia que otros, y se reequilibra la ponderación del peso de las variables que influyen en la asignación de asientos en el pleno. Y se establece un régimen supletorio para cobertura de vacantes de vocales de sufragio a favor de la candidatura siguiente que haya obtenido más votos..

En términos generales, los plenos tendrán entre 10 y 60 vocales. Por sufragio universal se elegirán un mínimo de dos tercios. En caso de la Cambra de Barcelona supone pasar de a los 40 de 2019 a 52. Esto se debe a que las grandes empresas, en el caso de Barcelona, pasan de 14 a 2 y cada cámara lo regula en su reglamento interno. Y los vocales designados por las patronales Foment y Pimec será el 10% del total, lo que en Barcelona supone seis representantes.

El objetivo de celebrar las elecciones en septiembre es que los plenos estén constituidos en noviembre, el límite establecido por la normativa estatal. Además de la Cambra de Barcelona, el proceso afecta a las de Girona, Lleida, Manresa, Palamòs, Reus, Sabadell, El GSant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa y Valls.