El pulso sobre las competencias, ¿quién manda en la vivienda?

La ley de la vivienda que ha impulsado el Gobierno ordena una serie de aspectos que afectan competencias autonómicas. La proximidad electoral, en las distintas cámaras, encona el debate, aunque desde la parte socialista del Ejecutivo se insiste en que la nueva legislación homogeneiza una serie de medidas que ahora eran distintas en función del territorio. Esta "melé competencial", según una fuente ministerial, provoca desconcierto entre las propias administraciones afectadas, promotores inmobiliarios, personas usuarias o propietarios de inmuebles. Pero, ¿quién manda realmente en la regulación de la vivienda?

La respuesta no es única y de momento tampoco están tomadas todas las decisiones sobre cómo se actuará una vez salga adelante la ley de vivienda. La competencia, por ejemplo, en todo lo relativo a limitar el precio del alquiler depende del Estado, aseguran desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). No obstante, Catalunya había legislado en este aspecto: la Generalitat consideraba que era de su incumbencia y, con la ley 11/2020, topó las rentas, al considerar que la escalada era inasumible para la ciudadanía.

Norma derogada por el Constitucional

Según el Sindicat de Llogateres, la ley catalana benefició a 160.000 hogares, a los que se les rebajó el alquiler una media del 5%. Pero el PP recurrió la norma y, en marzo del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) la derogó, precisamente, por una cuestión competencial. La limitación de los precios fue vigente durante un año y medio y, según un estudio de Esade, solo benefició a las viviendas caras. La Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) también lamentó que había provocado un descenso de la oferta.  

Fuentes del Govern siguen defendiendo esta limitación de los precios de los alquileres en las denominadas "zonas tensionadas", es decir, en las ciudades en las que la menor oferta o la demanda disparada distorsionan el mercado. "Catalunya se ha pasado 10 años liderando la reclamación de derechos en la vivienda para que en ocasiones nos hicieran dar marcha atrás y ahora la ley lo recoja de nuevo", interpreta una buena conocedora del tema del Executiu.

Elección de zonas tensionadas

Desde el ministerio de Raquel Sánchez relativizan las discrepancias competenciales y aseguran que la elección de las zonas tensionadas seguirá siendo a discreción de las comunidades autónomas, mejores conocedoras de la "realidad" de sus territorios. Los alquileres solo podrán subir un 2% este año, un 3% en 2024 y, a partir de entonces, lo que establezca otro índice aún por decidir. En el caso de Catalunya, "previa homologación", podría ser la Generalitat la que estableciera ese porcentaje, así como en el resto de comunidades.

La valoración desde las mismas fuentes del Govern, gobernado por una ERC que ha avalado la ley en el Congreso, es que "más vale tarde que nunca" pero tienen la sensación de que en todo este proceso de competencias "se han dado dos pasos atrás para dar uno adelante", describen.

La voluntad de la nueva ley, que ha costado más de un año de negociaciones y que todavía genera controversia entre los partidos del Gobierno, es elaborar un "paraguas común" que supere los recursos en los tribunales que, precisamente, han anunciado PP y Vox.

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