La Sareb negocia la venta de 200 viviendas y 200 suelos a la Generalitat

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha desvelado este martes que la Sareb está negociando con la Generalitat la venta de 200 pisos y 200 suelos para desarrollar viviendas. Como ha adelantado EL PERIÓDICO, el Govern y el 'banco malo' controlado por el Estado llevan meses negociando la que será previsiblemente la mayor compra de activos por parte de una comunidad autónoma hasta la fecha, por encima de los 500 pisos adquiridos recientemente por la Comunidad Valenciana por 50 millones (con el desarrollo de los suelos, se superaría esa cifra de viviendas). Además, la número dos del Ejecutivo ha anunciado que los municipios del área metropolitana de Barcelona ultiman la compra de otros 80 pisos, mientras que el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca negocia otra adquisición de suelos para construir viviendas sociales.

También la portavoz del Executiu, Patrícia Plaja, ha confirmado que la Generalitat tiene "mucho interés" en esta operación y mantiene negociaciones con la Sareb desde hace casi seis meses. De hecho, ya ha comenzado a visitar algunas promociones de viviendas. Eso sí, ha enfriado un tanto las expectativas: "No están siendo reuniones ni encuentros fáciles. Cada vez que desde la Generalitat se pide información parece como si pidiéramos que nos regalaran algo". Así, ha explicado que el Govern quiere contar con un listado con las direcciones concretas de todos los pisos de la Sareb en Catalunya para poder visitarlos y ver si le interesa comprarlos, ya que en algunos casos están en "condiciones pésimas y no se podría entrar a vivir", pero a la empresa "le cuesta muchísimo" poder dar todos los detalles.

Plaja ha enmarcado la operación en el plan anunciado por la Generalitat a principios de marzo para incrementar en 10.000 los pisos destinados a alquiler social en tres años, de los que 1.000 se adquirirán a grandes tenedores, incluyendo entre ellos "evidentemente" a la Sareb. El 'banco malo', ha explicado la portavoz, aportará una "parte importantísima" de los 500 pisos que se comprarán directamente, mientras que los otros 500 se obtendrán ejerciendo el derecho de tanteo y retracto (normalmente, el derecho prioritario a comprar una vivienda arrendada que el propietario pone a la venta).

Derecho a la vivienda

Tras el Consejo de Ministros en el que ha presentado un informe sobre la nueva estrategia de vivienda social de la Sareb, Calviño ha defendido que "garantizar el derecho a la vivienda es una prioridad para el Gobierno", particularmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables. De ahí, ha defendido, que pretenda aumentar el parque de vivienda pública, actualmente constituido por apenas 300.000 pisos, un 3% del total, frente a una media europea del 9%. En esa estrategia ha enmarcado el plan de la Sareb de elevar hasta 50.000 las viviendas que destina a fines sociales, como forma de "devolver a los ciudadanos una parte del coste que supuso el rescate financiero de 2012, que en su momento se dijo que no costaría un euro a los españoles".  

La vicepresidenta ha apuntado que de las 20.768 viviendas (3.539 en Catalunya, solo por detrás de las 4.950 de la Comunidad Valenciana) que se ofrecen a comunidades autónomas y ayuntamientos para que destinen a usos sociales, unas 9.000 ya están listas para ser vendidas y otras en torno a 12.000 están pendientes de obras de finalización del inmueble o para hacerlos habitables. Además de las operaciones que negocia con administraciones catalanas, la Sareb ultima la venta de 42 viviendas al Ayuntamiento de Madrid y negocia operaciones con la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). 

Colectivos vulnerables

La Sareb también está trabajando en la cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro, especialmente en zonas en riesgo de despoblación o para colectivos vulnerables. Por ejemplo, con acuerdos para facilitar viviendas a trabajadores temporeros agrícolas, para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en zonas rurales, o un pacto alcanzado con el Ayuntamiento de Tàrrega para construir un centro de acogida de refugiados.

Calviño también ha recordado que otras 14.000 de las 50.000 viviendas son pisos ya habitados de la Sareb, en los que se está trabajando para identificar a las familias vulnerables. Así, la Sareb lanzó hace unos meses un programa de alquiler social y acompañamiento con el objetivo de llegar a 9.000 de estos hogares, mediante el cual se ofrece a las familias una renta en función de su situación económica y ayuda en la búsqueda de empleo y en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. La compañía ya gestiona más de 2.000 alquileres sociales y presta acompañamiento a más de 400 familias.

Publico-privado

Las otras hasta 15.000 viviendas del plan provienen de un concurso público que ultima Sareb con el asesoramiento de PWC para licitar suelos en los que promotores privados construyan viviendas de alquiler asequible que gestionarán en principio durante un mínimo de 50 años. El programa se desarrollará en varias fases, las primeras licitaciones podrían tener lugar este verano, y Calviño ha asegurado que las primeras obras podrían comenzar a finales de este año. 

La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno de Rajoy prometió que el rescate financiero de 2012 no tendría coste para los ciudadanos y ha destacado que, pese a ello, Eurostat obligó a España en marzo de 2021 a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables, después de que sus pérdidas millonarias hasta 2020 (5.075 millones) volatilizaron sus recursos propios (4.800 millones de capital y deuda subordinada que le aportaron el Estado y accionistas privados, principalmente bancos).

Ello elevó la deuda pública en 34.918 millones y el déficit en 10.528 millones. El actual Ejecutivo, ha sostenido, lleva desde que llegó al poder en 2018 impulsando la dimensión social de la Sareb, pero ahora puede darle un salto adicional gracias a que tomó el control de la compañía en marzo del año pasado. Eso si, ha precisado, esa estrategia ha de ser compatible con que la sociedad siga vendiendo y liquidando sus activos para que pueda devolver la deuda avalada por el Estado, que actualmente ronda los 30.000 millones, y no cause un agujero adicional a las arcas públicas.