La Sareb contratará empresas para ayudarle a desalojar pisos y dar solución a vulnerables

La Sareb contratará a una o varias empresas privadas para que realicen unas 24.100 visitas a sus inmuebles durante dos años, comprueben si están vacíos y tomen posesión de los mismos, u ocupados legal o ilegalmente, en cuyo caso le ayudarán a desalojarlos o a identificar a sus ocupantes como vulnerables, en ese caso para que la compañía controlada por el Estado pueda estudiar darles una solución social. Así, el 'banco malo' que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012 lanzó hace unos días un concurso público para contratar a las firmas por dos ejercicios prorrogables en uno adicional y con un presupuesto estimado en hasta 16,42 millones de euros.

El objetivo del contrato es la "obtención de la posesión, mediante la realización de visitas físicas y gestiones presenciales, junto con la verificación del estado ocupacional y la determinación de la potencial vulnerabilidad de las familias ocupantes, en aquellos activos propiedad de Sareb, tanto financieros (préstamos a promotores con inmuebles como garantía) como inmobiliarios de toda tipología", según consta en el pliego del concurso consultado por este diario. En el mismo, la compañía recuerda que tiene la misión de liquidar sus activos (en principio, antes de noviembre de 2027) y también cumplir el principio de sostenibilidad social que le añadió una ley aprobada por el Gobierno en enero de 2022.

"Estos aspectos, que son críticos en la actividad que desarrolla la compañía, requieren de una rápida, prudente y eficiente gestión de la recuperación judicial y extrajudicial de la posesión para evitar la tenencia de balance durante un plazo más allá de lo razonable, logrando de esta forma una rápida venta o asignación a las actividades de vivienda social o asequible. Adicional a este objetivo, pero igual de importante, es el conocer la situación ocupacional e identificar las potenciales situaciones de vulnerabilidad con la finalidad de anticipar la aplicación de las soluciones previstas para lograr la sostenibilidad social y económica y evitar los impactos reputacionales", argumenta en el pliego.

Procedimientos judiciales

Aunque está abierto a otro tipo de activos, el principal objetivo es conocer la situación de los inmuebles que ha recibido o va a recibir como consecuencia del impago de los promotores cuyo créditos heredó en 2012 y 2013, ya sea mediante procedimientos judiciales de ejecuciones hipotecarias, dinerarias o concursales o mediante daciones en pago.

También busca contar con "asistencia judicial letrada" en unos 5.700 procedimientos penales (inmuebles ocupados sin contrato) y civiles (con contrato expirado o impagado) en dos años. Asimismo, calcula que las empresas deberán prestar unas 6.400 asistencias presenciales en el lanzamiento judicial o desahucio de viviendas, de los que unos 1.900 estima que acabarán con la recuperación del inmueble.

Las empresas que ganen el concurso deberán realizar "cuantas visitas físicas al inmueble sean precisas", con un mínimo de tres en diferentes horas y días, laborables o no, para determinar si está ocupado y, en su caso, si los habitantes son vulnerables, así como para comprobar el estado del mismo (habitabilidad y seguridad). Con ello, elaborarán un 'informe ocupacional', que deberá incluir fotografías del exterior de los activos. También grabarán videos en el caso de que sea posible tomar posesión física de las viviendas.

Casuísticas diversas

A título orientativo para la elaboración del presupuesto, la Sareb estima que en unos 17.700 casos las empresas emitirán un informe en el que se acredite la vulnerabilidad de los ocupantes o en que los habitantes no cooperen. En otros 8.700 casos, calcula que constatarán que el piso está vacío y estarán presentes en el "descerraje y aseguramiento del mismo". En otros 1.000 casos, prevé que se identificará que está ocupado por una familia no vulnerable y se logrará recuperar la posesión "de forma amistosa". En otros 840, estima que los ocupantes poseerán un contrato de alquiler que podrá ser regularizado. Y en otros 3.700, espera una "recuperación amistosa" dentro de los 30 días desde la fecha en que conste la ocupación cuando no haya contrato o este esté vencido o impagado.  

Siempre que los inmuebles estén ocupados, las empresas adjudicatarias deberán averiguar "al menos indiciariamente" si los habitantes están en situación de vulnerabilidad o exclusión social y, "si es posible", obtener la documentación que lo acredite (información sobre la situación económica y las circunstancias personales, como número de ocupantes, edad y parentesco). Al cierre de junio, la Sareb tenía 1.243 viviendas con alquiler social (familias que ocupan inmuebles de su propiedad provenientes en su mayoría de antiguos promotores, con contratos previos al traspaso de los activos a la Sareb). Además, creó el año pasado un nuevo sistema de acompañamiento social y laboral que prevé extender a cerca de 9.000 familias que ya habitan en viviendas de su propiedad (a junio, 1.297 ya estaban en proceso).

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