El Gobierno aprueba el 'banco malo' y deja en el aire las preferentes

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy su tercera reforma financiera, que eleva los requisitos de solvencia, contempla segregar los activos tóxicos de las entidades en un "banco malo" y abre por primera vez la puerta a liquidar bancos inviables.

El real decreto, que es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones a la banca, da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pasará a estar controlado por el Gobierno y podrá actuar tanto en las entidades que solo necesiten una pequeña ayuda como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación.

Las preferentes, a mediados de octubre

En uno de los temas más polémicos para miles de clientes de los bancos nacionalizados, el de las participaciones preferentes, el Gobierno no ha dado hoy un plazo concreto. El decreto abre la puerta a que las preferentes se valoren al precio de mercado actual, inferior al que se les dio en su momento, y a que se apliquen descuentos y se sustituyan por un producto financiero equivalente de esa misma entidad.

En todo caso, los tenedores de preferentes de cajas rescatadas tendrán que esperar,al menos, a que el Gobierno valore las necesidades de capital de cada una de las entidades (mediados de septiembre) y a que la Dirección de la Competencia de la Comisión Europea, a cargo del comisario Joaquín Almunia, apruebe el plan de reestructuración de estas entidades. Fuentes del ministerio de Economía calculan que eso podría producirse a mediados de octubre. Será entonces cuando se conozca el alcance del descuento que tendrán que soportar los titulares de estas participaciones preferentes.

"Sin coste para el contribuyente"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha declarado que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de "impulsar el crecimiento económico y el empleo" y de "recuperar la financiación y el crédito", y ha subrayado que el objetivo es “que no cueste un euro al contribuyente".

La reforma, que cumple los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda de hasta 100.000 millones de euros al sector financiero, tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportada por sus accionistas y bonistas para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes".

El Gobierno, sin embargo, no ha podido explicar con detalle cómo va a lograr que no cueste dinero a los contribuyentes. Queda por determinar como se va a financiar el 'banco malo', que absorberá el crédito promotor que tiene en sus balances la banca rescatada. Tampoco se ha detallado con concreción las modalidades de activos que puede adquirir el 'banco malo' y no se han determinado los precios de transferencia, es decir, qué precio se le pagará al banco por ese activo dañado. Guindos ha aclarado que los bancos rescatados podrán cobrar esos activos en dinero, pero también con acciones del 'banco malo' o con deuda.

180.000 millones de euros en activos dañados

Se desconoce que rentabilidades puede tener ese banco malo, las necesidades de capital que va a tener y los plazos en los que podrá desinvertir, de manera que resulta aventurado determinar que no tendrá coste público. Actualmente se contabilizan en España un total de 180.000 millones de euros de activos dañados en manos de la banca y otros 120.000 millones de créditos sanos. Estas cifras suman los activos que están en manos de entidades rescatadas y los que pertenecen a bancos sanos.

El decreto del Gobierno también ha aprobado un marco regulador para la futura comercialización de preferentes y productos complejos para evitar que una crisis como la actual se vuelva a repetir, ha elevado el nivel del capital exigido a la banca hasta el 9% y ha limitado la remuneración fija que pueden percibir los responsables de entidades financieras con ayudas públicas, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero.