Inmobiliario
La Sareb pierde otros 1.506 millones y eleva su impacto en el déficit público
El 'banco malo' bajo control público reduce un 7,4% sus números rojos tras mejoras en ingresos y gastos, pero su patrimonio neto negativo sigue aumentando
Pablo Allendesalazar
Periodista
Redactor de economía desde 2004. Tras estudiar en las universidades de Málaga, Edimburgo y el País Vasco, trabajé durante tres años en la Agencia Colpisa-Redacción Central de Vocento. Desde 2007, en la delegación de Madrid de EL PERIÓDICO. Secretario y miembro de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
La factura de la Sareb para las cuentas públicas no para de crecer desde su creación y lo seguirá haciendo en el futuro. El llamado 'banco malo', que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012, perdió 1.506 millones el año pasado, un 7,4% y 120 millones menos que en 2021. Hasta finales de junio no publicará su informe anual de actividad, pero esos números rojos implican que su patrimonio neto negativo aumentó respecto al año anterior, lo que a su vez supone que contribuyó a elevar el déficit del Estado. En el primer semestre del pasado ejercicio, así, la compañía ya perdió 715 millones, con un impacto negativo en las cuentas del Estado de 925 millones.
Eurostat obligó a España en marzo de 2021 a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables, lo que elevó la deuda del Estado en 34.918 millones y el déficit en 10.528 millones. Las pérdidas multimillonarias que acumuló la firma desde su creación en 2012 hasta el cierre de 2020 (5.075 millones, a los que en los dos años siguientes se le sumaron otros 3.132 millones) volatilizaron sus recursos propios (4.800 millones de capital y deuda subordinada que le aportaron el Estado y accionistas privados, principalmente bancos), lo que llevó a la oficina estadística comunitaria a tomar dicha decisión.
Así, la Sareb puede seguir operando gracias a un cambio legal aprobado por el Gobierno en marzo de 2020, que le permite continuar con su actividad pese a tener un abultado patrimonio negativo que a otra empresa le llevaría a la quiebra. Sin embargo, la compañía tiene todavía pendiente de amortizar 30.481 millones de euros de la deuda avalada por el Estado con la que pagó a las entidades rescatadas los activos inmobiliarios que le traspasaron. Al no tener ya recursos propios con que hacer frente a esa deuda en caso de no generar los ingresos necesarios para amortizarla, el Gobierno decidió nacionalizarla a principios de 2022, ya que el Estado tendrá que pagar dicha deuda en caso de que no pueda hacerlo la Sareb.
Minusvalías latentes
Para poder generar los ingresos con que pagar dichos títulos, la compañía cuenta aún con 26.465 millones de euros en activos, que en principio deberá vender antes de noviembre de 2027, salvo que el Gobierno decida prolongar su vida útil (como en algún momento se ha abierto a hacer). El problema es que la empresa acumula unas minusvalías latentes (8.569 millones hasta junio), ya que más de la mitad de su cartera les fue traspasada a un precio superior a su valor actual, lo que le provocará pérdidas a la hora de vender los activos afectados salvo una repreciación que parece complicada.
Los 1.506 millones de pérdidas del año pasado, así, se deben principalmente a la "diferencia entre la contabilización inicial de los activos y su precio de venta". El año pasado, eso sí, la Sareb logró cancelar 3.184 millones de la deuda avalada por el Estado, la mayor amortización en un año. Con todo, en sus diez años de vida, ha cancelado una cantidad menor de la que le queda pendiente (20.301 millones frente a los mencionados 26.465 millones), lo que da prueba de la dificultad del reto que tiene pendiente.
Más ingresos, menos gastos
La compañía ingresó 2.361 millones, un 8% más que en 2021, gracias al incremento de las ventas de activos físicos (27.090 unidades de viviendas, suelos y inmuebles comerciales, el 9% más). Así, el 71% de los ingresos (1.705 millones, un 15% más) procede de la venta de inmuebles, mientras que la venta de activos financieros (básicamente créditos a promotores impagados) generaron 699 millones, un 12% menos, en consonancia con la reducción de este tipo de préstamos. Ya solo representan el 41% de la cartera, cuando en 2012 eran el 78%, ya que la compañía ha apostado por venderlos o ejecutar las garantías y quedarse con los inmuebles.
Pese a la mayor actividad comercial, los gastos asociados a la gestión de inmuebles disminuyeron un 11%, hasta los 612 millones, por el ahorro derivado del cambio de contrato con las empresas 'servicers' que le ayudan a vender los activos. Un tercio de estos gastos, ha subrayado la firma, corresponden al pago de impuestos por la gestión de la cartera (IVA no deducible, IBI y otros impuestos). Por su parte, los gastos de estructura y funcionamiento internos descendieron un 8% gracias al plan de eficiencia puesto en marcha en 2020.
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