La Sareb admite que no podrá devolver todas las ayudas públicas

El presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, ha admitido este jueves que el banco malo no podrá devolver a sus socios toda su inversión original, lo que implica que el Estado no podrá recuperar los 2.194 millones de euros que inyectó en la firma en el 2012. Pese a ello, el ejecutivo ha asegurado que la compañía está trabajado para devolver la "mayor cantidad posible" del patrimonio inicial aportado por sus accionistas: la mayoría de grandes bancos y algunas empresas además del público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 

Ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, el banquero ha sostenido que, según su último plan de negocio, la Sareb no va a necesitar aportaciones adicionales de sus accionistas, en contra de lo que teme la Comisión Europea. Ha admitido, no obstante, que aunque ello se basa en un escenario conservador, podrían hacer falta más recursos si la situación en los próximos diez años fuera peor de la prevista. En ese caso, ha apuntado, será la "soberanía (nacional) la que tendrá que decidir si merece la pena o no seguir con este negocio".

Echegoyen ha señalado que le hubiera gustado recibir más capital originalmente para tener mayor margen de actuación, aunque también ha admitido que en aquel momento los socios no podrían haberle aportado más fondos habida cuenta de la dramática situación económica del país. También ha descartado plantear una ampliación del plazo de vida concedido por el Gobierno a la Sareb, que finaliza en noviembre del 2027. "Llegado el momento, ojalá fuera porque lo hacemos tan bien que nos dan más activos de otra gente", ha afirmado.

Impacto menor

El ejecutivo también ha defendido el famoso 'swap' que contrató la Sareb en el 2013 para cubrirse de las fluctuaciones de los tipos de interés y que le ha perjudicado al impedirle beneficiarse del abaratamiento del precio del dinero a mínimos históricos. Su saldo, ha argumentado, habrá que evaluarlo cuando venza en el 2023 y cerrarlo ahora costaría unos 1.900 millones a la firma, lo que dejaría a la compañía en una situación patrimonial muy delicada pese a ser menor a los 2.686 millones del 2016.

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Echegoyen también ha revelado que la Sareb ha trasladado a la Fiscalía 18 operaciones que podrían suponer presuntos delitos que habrían ocasionado un perjuicio de 355 millones de euros. Se trata de créditos sospechosos concedidos por algunas de las nueve entidades nacionalizadas de las que recibió sus activos.