La Sareb y la Generalitat negocian la mayor venta de viviendas a una comunidad

La Sareb mantiene desde hace meses negociaciones con la Generalitat para venderle un paquete de viviendas que apunta a ser el mayor comprado por una comunidad desde la creación en 2012 del llamado 'banco malo', que también mantiene negociaciones similares con comunidades como Madrid y Extremadura. Según apuntan diversas fuentes al tanto de las negociaciones, las dos partes trabajan desde hace tiempo en "definir el perímetro" de la venta. Precisamente, el 'conseller' de Territori, Juli Fernàndez, ha enviado este lunes una carta a la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para proponerle hablar -directamente o a través de sus equipos- sobre el anuncio de Pedro Sánchez de elevar a 50.000 las viviendas que la Sareb destinará a fines sociales y su posible despliegue en Catalunya, informa Cristina Buesa.

La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes en TVE que "se está negociando un acuerdo muy importante con la comunidad autónoma de Catalunya". Hasta junio de 2022, la sociedad que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas entre 2008 y 2012 apenas había vendido 387 viviendas a administraciones públicas. En los primeros meses de 2023, esta actividad ha tomado un nuevo impulso con el traspaso de 15 viviendas y 13 garajes a Murcia por 884.000 euros, 40 pisos a la Xunta de Galicia por 3,5 millones y, sobre todo, 500 a la Comunidad Valenciana por 50 millones. La operación que negocian la sociedad controlada por el Estado y la Generalitat catalana en principio superará las viviendas traspasadas a la Generalitat valenciana, según las fuentes consultadas.  

Está por ver, con todo, que el clima preelectoral no enturbie el proceso. "En los últimos tiempos, se han intensificado los contactos y las conversaciones entre ambos Gobiernos y la Sareb para avanzar en esta línea, y por eso nos inquieta el anuncio de ayer y su posible concreción mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de mañana (por el martes). En todo caso, reitero que compartimos la necesidad de aumentar el parque de vivienda social, pero desde la convicción de que cualquier medida adoptada forzosamente ha de ser también compartida y consensuada, y teniendo en cuenta siempre que el parque de vivienda pública ha de ser planificado, gestionado y ejecutado por la Generalitat de Catalunya junto con las administraciones locales, si realmente se persiguen soluciones efectivas, viables y reales para este problema", ha advertido el 'conseller' en su misiva a la ministra. 

Fernández, así, ha recordado a Sánchez que la Generalitat ha planteado "en repetidas ocasiones" por carta y en comisiones bilaterales la "urgente necesidad de abordar la plena disposición de la totalidad del patrimonio de vivienda y suelo de la Sareb" para que pudiera ser destinado a fines sociales por el Govern y las administraciones locales catalanas. Más contundentemente se ha pronunciado la portavoz de ERC, Marta Vilalta: "El PSOE se mueve más por la emergencia electoral que por la emergencia habitacional o social. Podrían haber hecho hace tiempo esta acción para movilizar miles de viviendas".

Sostenibilidad social

El Gobierno aprobó por ley en enero de 2022 que, además de liquidar sus activos para evitar engordar aún más su factura para las arcas públicas, la Sareb tenga que cumplir un principio de sostenibilidad social. Pedro Sánchez confirmó el pasado domingo que -como adelantó EL PERIÓDICO a principios de marzo- la compañía elevará a 50.000 su aportación al plan estatal de vivienda social con 14.000 alquileres sociales a ocupantes de viviendas de la empresa ya habitadas, hasta 15.000 viviendas por la promoción público-privada de suelos para la construcción de pisos de alquiler social, y 21.000 que se han puesto a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para que los compren y destinen a ese fin. 

Es en esta tercera pata del plan donde se enmarca la negociación de la compañía con la Generalitat. La propia Sareb ya reconoció a finales de febrero, cuando cerró la venta con la Comunidad Valenciana, que estaba en negociaciones con otras comunidades. "Esta es la primera operación de venta a una administración pública de esta envergadura. Sareb espera que este acuerdo pueda extenderse a otras comunidades autónomas y de esta forma seguir aplicando el principio de sostenibilidad y utilidad social y, al mismo tiempo, avanzar en la generación de ingresos para el repago de su deuda", apuntó. 

Así, la Sareb está trabajando en identificar qué administraciones estarían interesadas en adquirir viviendas y si la localización de sus inmuebles se adecua a sus necesidades, así como en comprobar el estado de habitabilidad de los pisos y sus necesidades de reforma. Precisamente, hace unas semanas anunció un concurso público para contratar a una empresa que se ocupe del "servicio integral de mantenimiento" de sus activos inmobiliarios. Más recientemente, sacó a licitación otro concurso para contratar empresas que le ayuden a desalojar pisos ocupados ilegalmente y a identificar si los habitantes son vulnerables, en cuyo caso se les brindaría una solución social. 

Cesiones fracasadas

El Consejo de Ministros de este martes no va a aprobar formalmente nada, sino que va a analizar un informe sobre la nueva estrategia social de la Sareb, presentado por la vicepresidenta Calviño. Los Ministerios de Economía (como responsable de la compañía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y de Transportes (encargado de la política estatal de vivienda), más los de Inclusión y Reto Demográfico, han estado un año preparando la nueva estrategia de la compañía, junto con el equipo directivo que pasó a gestionarla tras la toma de control por parte del Estado en marzo del año pasado.

El parque de inmuebles que la compañía ofrece ceder (no vender) a autonomías y ayuntamientos ha subido desde las 4.000 iniciales de 2013 hasta las 15.000 ampliables en otras 5.000 de 2021. El problema es que las cesiones han sido muy inferiores a las inicialmente previstas: apenas 3.386 hasta junio. Los convenios de cesión, así, no han funcionado bien por las dificultades de las administraciones locales más pequeñas para gestionar los activos y por la falta de viviendas en localidades donde se solicitaban. Para tratar de solucionarlo, y además contribuir a su objetivo principal de vender los activos y reducir el coste para el contribuyente, la Sareb quiere impulsar las ventas a las administraciones territoriales.

Nacionalización

En la raíz de todo está la decisión de Eurostat de obligar a España en marzo de 2021 a incluir a la empresa dentro del sector público a efectos contables, lo que elevó la deuda en 34.918 millones y el déficit en 10.528 millones. La oficina estadística comunitaria actuó así debido principalmente a que las pérdidas multimillonarias que acumuló la Sareb desde su creación en 2012 hasta el cierre de 2020 (5.075 millones) volatilizaron sus recursos propios (4.800 millones de capital y deuda subordinada que le aportaron el Estado y accionistas privados, principalmente bancos). Ante esta situación, el Gobierno aprobó un cambio legal que le permitió en marzo del año pasado adquirir a un precio simbólico un 4,24% adicional del capital social de la empresa, para elevar su participación al 50,14%. 

Ello le permitió tomar el control de la misma, una vez asumido que el Estado tendrá que pagar la deuda pendiente de la Sareb en caso de que no pueda hacerlo la compañía. Así, la Sareb puede seguir operando gracias a un cambio legal aprobado por el Gobierno en marzo de 2020, que le permite continuar con su actividad pese a tener un abultado patrimonio negativo que a otra empresa le llevaría a la quiebra. Sin embargo, la compañía tiene todavía pendiente de amortizar 30.481 millones de euros de la deuda avalada por el Estado con la que pagó a las entidades rescatadas los activos inmobiliarios que le traspasaron.

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