La Generalitat abonará una 'paguilla' a sus funcionarios en marzo por las subidas salariales atrasadas

Unos 276.000 empleados públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya recibirán entre este lunes y el martes sus nóminas, correspondientes al mes de febrero. En las mismas no verán reflejado el aumento retributivo del 2,5% que les corresponde este 2023. Para ello deberán esperar hasta la nómina de marzo, en la que la administración catalana les deberá incluir una ‘paguilla’ adicional en concepto de los atrasos de los dos primeros meses del año. Es decir, médicos, docentes, agentes rurales, Mossos d'Esquadra o técnicos deberán esperar un mes más.

"Se pagará la nómina con el incremento retributivo en el mes de marzo con efectos retroactivos de enero del 2023. La razón es la habilitación legal que contiene la ley de Presupuestos 23 y la previsión de aprobación es marzo", afirman a preguntas de EL PERIÓDICO fuentes de la 'conselleria' de Presidència.

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Y es que los nuevos presupuestos de la Generalitat, pactados con PSC y ‘comuns’, todavía no han superado todos los trámites parlamentarios y hasta que no entren plenamente en vigor los recursos para materializar esa subida salarial para el funcionariado no estarán disponibles. El resto de empleados públicos de la Administración, como ayuntamientos o del Estado, ya cobran desde enero esa subida salarial del 2,5%.

Las nuevas cuentas públicas catalanas quedarán aprobadas, según el calendario que maneja el Ejecutivo catalán, el próximo 10 de marzo. Será entonces, previsiblemente en la nómina de marzo, cuando los empleados públicos percibirán el incremento salarial del 2,5% y la compensación por los atrasos pendientes. Por ejemplo, en el caso de un funcionario del grupo A22, su salario crecerá unos 61,6 euros mensuales, hasta los 2.526 euros brutos. Y percibirá una paguilla única de 123 euros. 

Cada año los sueldos de los empleados públicos de toda España se revalorizan en función de la decisión que tome el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Habitualmente esta trata de consensuarla con los sindicatos más representativos entre el funcionariado, como fue el caso del año pasado, cuando pactó con CCOO y UGT (Csif rechazó avalarlo) un incremento retributivo plurianual. Para este 2023 este incluía una subida salarial del 2,5% como base, a lo que se puede añadir otro punto adicional a final de año dependiendo cómo evolucione el IPC y el PIB.

Este incremento base del 2,5% lo decide Hacienda y es extensible a todos los empleados públicos españoles, dependan estos de la administración que dependan. Es el caso de las personas empleadas por la Generalitat de Catalunya o alguna de sus empresas públicas vinculadas. La administración catalana puede decidir subirle el sueldo por debajo de ese 2,5%, pero nunca por encima. Y finalmente esa cifra fue la que consensuó a finales de año con las centrales, antes de tener atados unos presupuestos propios. 

Subida garantizada

Esta semana los empleados públicos catalanes recibirán su segunda nómina de año, que todavía no incluirá ese incremento retributivo. Incremento, por otra parte, garantizado por la propia Generalitat, que se ha comprometido para la nómina de marzo. No ha atendido así a las demandas de los sindicatos, que le reclamaban que acelerara el pago a febrero sin tener presupuestos a través de algún tipo de decreto ley. 

“La materialización de este incremento está previsto que sea incorporada a la nómina del mismo mes de marzo del 2023, y así se está trabajando en su desarrollo informático”, fue la respuesta que desde la ‘conselleria’ de Presidència se remitió a las centrales. No es la primera vez que un Govern de la Generalitat, marcados estos durante la última década por los adelantos electorales, que acaba abonando los aumentos salariales perceptivos pasada la nómina de enero, al igual que una ‘paguilla’ compensatoria en concepto de los atrasos. 

En este sentido, a los empleados públicos catalanes les sucederá algo similar a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). La revalorización del mismo a 1.080 euros fue aprobado por el Gobierno a mediados de febrero en Consejo de Ministros, pero con efecto retroactivo a 1 de enero. Lo que ha obligado a las empresas a abonar en la nómina de este febrero una 'paguilla' a los trabajadores afectados, en concepto del pago pendiente de enero.

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