Función Pública

Iceta propone indemnización de 33 días por despido para futuros interinos en fraude de ley

  • El ministro ofrece la compensación solo para empleados públicos contratados a partir de ahora

  • El Plan de Recuperación obliga al Gobierno a aprobar su decreto antes del 30 de junio

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública.

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública. / José Luis Roca

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Rosa María Sánchez
Rosa María Sánchez

Redactora jefe

Especialista en Macroeconomía, presupuestos, impuestos y pensiones.

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El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos el establecimiento de una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, para los funcionarios interinos contratados a partir de ahora que sean despedidos después de haber permanecido en situación de temporalidad durante un periodo superior a tres años en cualquiera de las administraciones públicas.

El derecho a la indemnización "nacerá a partir de la fecha del cese efectivo" y la cuantía de la compensación será equivalente a 33 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades", según el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Representantes del Ministerio y de las centrales sindicales están negociando este mismo lunes a partir de las propuestas del Gobierno para atajar el abuso de la temporalidad en el sector público, que ha merecido reprimendas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los sucesivos Ejecutivos españoles, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez.

De acuerdo con los compromisos asumidos en el Plan de Recuperación, el real decreto para modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo al abuso en la temporalidad, debería ser aprobado por el Gobierno antes del 30 de junio.

Por otra parte, este mismo martes está prevista una reunión del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la evaluar cómo afecta la reciente sentencia del TJUE sobre el exceso de interinidad en el sector público español a la jurisprudencia acuñada por el propio Supremo a partir de su fallo de marzo de 2019, informa Ángeles Vázquez. La justicia europea rechaza el argumento de que las restricciones económicas sean una excusa válida para no prevenir ni sancionar el abuso de la temporalidad no justificada.

Sin carácter retroactivo

La propuesta de Iceta sobre indemnización por despido, sin embargo, no tendría carácter retroactivo, para ninguno de los alrededor de 300.000 interinos que actualmente se encuentran en fraude de ley en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) por acumular más de tres años en esta situación.

La iniciativa del ministro Iceta para reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público y atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración incluye que cualquier nuevo interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Además, para 'castigar' a la administración incumplidora, esa plaza quedaría sin cubrir durante un año.

Desde el punto de vista de los negociadores sindicales, lo más importante en este momento es buscar una solución para los alrededor de 300.000 interinos que en este momento se encuentran en fraude de ley. Política Territorial y Función Pública ofrece otorgar a este colectivo que la experiencia cuente el 40% en los procesos selectivos, como vía para ofrecerles un 'plus' que favorezca su integración en el sector público de forma estable.

Reacción sindical: Avance insuficiente

Tras la reunión negociadora de este lunes, los representantes sindicales, de CSIF y CCOO, exigieron que las indemnizaciones por despido para futuros interinos sean extensibles. CSIF valoró "los avances" de la propuesta del Ministerio, pero juzgó que "aun son insuficientes porque no repara el daño a los actuales interinos". "Además, consideramos que la propuesta sigue sin aplicar con claridad medidas efectivas, disuasorias y sancionadoras (por la vía disciplinaria, administrativa y penal) para acabar con la temporalidad, como establece la Directiva Europea", afirmó CSIF en un comunicado. Según CCOO, la propuesta del Ministerio "no establece todos los elementos necesarios para que todas las administraciones cumplan y se pueda rebajar de manera efectiva la temporalidad al 8%. En este sentido, son insuficientes y discriminatorias las medidas sancionadoras y disuasorias para solucionar definitivamente esta problemática", apuntó esta central.

Este jueves está prevista una nueva reunión negociadora a la que, según lo previsto, el Ministerio llevará un nuevo documento. Según UGT, "aún queda margen en la negociación para seguir mejorando aspectos del texto propuesto y alcanzar la mejor norma posible para reducir la tasa de temporalidad, evitar nuevas bolsas de precariedad y despejar la incertidumbre en la que viven actualmente cientos de miles de interinos".

Antes del 30 de junio

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Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a aprobar antes de que finalice el primer trimestre del año (el 30 de junio, la semana próxima) un real decreto "con la estipulación de medidas para reducir la contratación temporal en el empleo público y disposiciones efectivas para prevenir y sancionar los abusos, incluida la obligación de publicar todas las convocatorias de procedimientos de estabilización del personal temporal antes del 31 de diciembre de 2022". Así figura en el documento aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio, donde se añade que el decreto "será de aplicación al público estatal, regional y local" . La ejecución de todos los procesos de estabilización de la plantilla en el sector público --con una temporalidad máxima del 8%, limitada a los casos necesarios-- deberá finalizar antes de 31 de diciembre de 2024, según el compromiso asumido con Bruselas.

El ministerio de Iceta pretende que las administraciones oferten todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2019, según el borrador de acuerdo puesto sobre la mesa este lunes.