Oposiciones

El Gobierno pretende estabilizar 300.000 plazas cubiertas por interinos antes del 2024

  • Iceta avanza una primera reforma de los criterios para opositar antes de junio; para primar más las aptitudes y menos la memorística

Miquel Iceta, en el Congreso.

Miquel Iceta, en el Congreso. / EFE / Chema Moya

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

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El Gobierno pretende estabilizar 300.000 plazas actualmente cubiertas por interinos, en tanto que estos están desempeñando funciones estructural en alguna de las administraciones públicas españolas. Es decir, incurren en un abuso de la temporalidad. Y se ha comprometido con la Unión Europea a estabilizar dichas plazas antes del 31 de diciembre del 2024, no por la vía de la conversión a fijos, sino a través de una avalancha de oposiciones. Así lo ha manifestado este lunes el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Miquel Iceta, durante la presentación de la parte referente a sus competencias del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas. 

El plan del Ejecutivo en relación a las plantillas de la Administración no pasa tanto por aumentar los efectivos, sino por estabilizar la temporalidad y rejuvenecer las plantillas. Y en la estrategia europea no figura congelar salarios a medio plazo. "No hay condicionalidad alguna en materia de retribuciones. […] En algunos puestos estamos compitiendo en menores condiciones que el sector privado", ha declarado.

Actualmente, según los últimos datos del INE, 1,03 millones de empleados en el sector público español lo están con un contrato eventual; lo que representa al 30,4% del colectivo de trabajadores públicos. Gran parte de la misma se concentra en las comunidades autónomas, concretamente en los servicios de salud y de educación. Y una parte no menor de esa interinidad se encuentra en fraude de ley, pues cubre puestos estructurales y no bajas temporales o picos de faena. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a atajarla y de ella depende, entre otros, la llegada de los fondos europeos. 

Ahí entra ese compromiso de estabilizar 300.000 plazas actualmente ocupadas por interinos en los próximos tres años verbalizada este lunes por el ministro Iceta. Sus cálculos se basan en 218.671 plazas ya autorizadas en las ofertas públicas de empleo desde el 2017, de las cuales solo 56.236 plazas ya han sido cubiertas; según el componente 11 remitido a Bruselas. A estas, el Ministerio de Política Territorial añadirá en los próximos ejercicios nuevas oposiciones para llegar a ese objetivo de 300.000 plazas; además de reformas los criterios para acelerar su cobertura. Es decir, el Ejecutivo no contempla la conversión automática a fijos de los actuales trabajadores temporales que desempeñen funciones estructurales, sino su relevo a través de una avalancha de oposiciones.

Bajar a una eventualidad del 8%

El objetivo es ambicioso: pasar de ese actual 30% de eventualidad a una media del 8%. Una de las vías que pretende explorar serán la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), concretamente el artículo 10. Es decir, Iceta pretende que las comunidades autónomas y los municipios tengan un plazo de tres años para cubrir toda plaza pública convocada. Y si no la cubren en ese plazo, esta desaparecerá; lo que pretende incentivar a las administraciones a darse prisa con los procesos de selección para no perder efectivos.

Esta reforma del artículo 10 la pretende tener pactada con autonomías y sindicatos antes del mes de septiembre. Más inmediata ha fechado otra reforma sobre los criterios de selección en dichas pruebas. Iceta plantea que las oposiciones dependan menos de la memorística y más de las aptitudes y las actitudes. No obstante, más allá de esa línea general, el ministro no ha detallado más en su comparecencia de este lunes.

Rejuvenecer la Administración central

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Según datos expuestos por Iceta este lunes en rueda de prensa, la mitad de los efectivos de la Administración General del Estado (AGE) se jubilará en la próxima década. La edad media de la plantilla de organismos como el SEPE o la Tesorería de la Seguridad Social tiene 52 años y solo el 12% de los empleados tiene menos de 40 años. Iceta pretende revertir ese proceso de envejecimiento de las plantillas con más oposiciones y atrayendo al público joven. “Haremos un especial esfuerzo para mejorar la percepción pública de la Administración”, ha declarado. “No debe ser el último refugio, sino la primera opción [de los jóvenes]”, ha añadido.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública invertirá 1.000 de los 4.000 millones de euros del componente 11. De esos 1.000 millones, 970 los gestionarán las autonomías y entidades locales y los 30 millones de euros restantes se gestionarán directamente desde el Ministerio.