Patronales y sindicatos urgen al Estado a intervenir en las pymes afectadas por la crisis: "Vamos tarde"

"Vamos tarde", es uno de los diagnósticos que comparten patronal y sindicatos sobre la posibilidad de que el Estado entre a participar en el capital de pymes para evitar su quiebra. No es en la única materia en la que lamentan la tardanza los agentes sociales, que consideran que el Gobierno debiera haber activado (o como mínimo previsto) ya desde el primer estado de alarma un mecanismo de esta índole, tal como hizo con la gran empresa. 

El Ejecutivo todavía está pendiente de concretar la fórmula y el presupuesto que reserva para entrar en el capital de las pymes, pero desde las patronales reclaman transparencia en los criterios de entrada y salida de ese capital y desde los sindicatos advierten del coste en términos de empleo que tendría no incrementar los recursos para el tejido de pymes.

El Gobierno baraja rescatar pymes entrando en su capital

El Gobierno aprobó en julio la creación de un fondo de 10.000 millones de euros para, a través de la SEPI, entrar en el capital de grandes empresas que considerara estratégicas y que estuvieran en riesgo de caer. De momento firmas como Air Europa o Transmediterranea ya han solicitado dicho rescate. No obstante, el requisito de una entrada mínima de 25 millones que dispuso el Gobierno borró las opciones de la inmensa mayoría del tejido empresarial español. De las 1,28 millones de empresas inscritas formalmente en la Seguridad Social en octubre, solo el 0,4% tiene más de 250 trabajadores.

La inversión mínima de entrada es una de las cuestiones que el Ejecutivo deberá esclarecer, para encontrar un equilibrio entre la accesibilidad para las empresas y la gobernabilidad efectiva necesaria para el propio Estado. De esos 25 millones de la SEPI, Pimec ve razonable poner el corte en inversiones alrededor de 1 millón de euros de pérdidas acreditadas durante el ejercicio del 2020, según señala su director del Departamento de consultoría estratégica y financiación, Pere Cots. Foment no entra a concretar cifra, pero sí insta al Gobierno a contemplar mecanismos de cierta flexibilidad y en implicar al máximo en la selección a las comunidades autónomas, conocedoras de las sinergias entre compañías de su tejido productivo.

Un requisito que desde la Unión Europea han puesto como indispensable para este tipo de actuaciones es que detrás del rescate haya un plan de viabilidad y reconversión, ya sea mediante fondos propios que complemente el Estado o bien a través de su potencial candidatura a un proyecto financiado con fondos europeos. Lo que coloquialmente vendría a ser un ‘esto no puede ir para tapar agujeros’. El secretario general adjunto de Foment Treball, Salvador Guillermo, reclama fortalecer la transparencia de los criterios para evitar un colapso de solicitudes que pueda dejar sin recursos a aquellas compañías que verdaderamente tuvieran proyectos viables de no ser por la pandemia.

Pendiente de diálogo social

A nivel estatal los agentes sociales no han sido formalmente consultados sobre todas estas cuestiones de ese plan de choque, tal como confirma el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino. Y desde la central le urgen a hacerlo. "En otros países los gobiernos han actuado de manera inmediata para el conjunto del mercado laboral, no solo para la empresa grande. Es urgente un revulsivo, porque en España quien sostiene el empleo son las pymes", señala Pino. "Lo que no se invierta ahora se tendrá que gastar más adelante en desempleo", advierte el dirigente de UGT.

El Gobierno baraja esta nueva vía de entrar a participar en el capital de las pymes, sin ser esta incompatible con otras herramientas que sí han tenido a disposición hasta ahora las pymes. Pimec, Foment y UGT coinciden en aplaudir las nuevas condiciones de los créditos ICO ampliados este martes por el Consejo de Ministros, pero también reconocen que en el caso de empresas que hayan tenido pérdidas muy fuertes este año no son suficientes.

Entre el crédito y la entrada a capital hay una fórmula intermedia que es el crédito participado. En este el Estado asumiría parte del coste de una línea de crédito, que posteriormente iría recuperando, con intereses y en función de los resultados futuros de la firma intervenida. Una fórmula más accesible para las microempresas y los autónomos.

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