El Gobierno baraja rescatar pymes entrando en su capital

El Ministerio de Economía ultima una batería de instrumentos con los que poder reforzar el capital de pequeñas y medianas empresas (pymes) que eran rentables y viables antes del coronavirus, y que previsiblemente volverán a serlo cuando se supere la pandemia, pero que corren el riesgo de desaparecer porque atraviesan graves problemas patrimoniales para atender el pago de sus deudas. Sobre la mesa está la posibilidad de inyectar subvenciones directas a las compañías y de reforzar su solvencia mediante mecanismos como los créditos participativos (unos instrumentos financieros que están a medio camino entre los préstamos y las acciones).

Como paso previo, el Ejecutivo tiene previsto modificar este martes las condiciones de los créditos bancarios avalados por el Estado a empresas, pymes y autónomos a través del ICO: el plazo máximo de vencimiento se extenderá en hasta tres años, a un máximo de ocho, y se añadirá un año adicional de carencia en los pagos, hasta los dos ejercicios.

El 'real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria' que hoy prevé aprobar el Consejo de Ministros también extiende más allá del 31 de diciembre la prohibición de quiebras y suspensiones de pago que se adoptó en abril. De otro modo, se produciría una avalancha de quiebras a partir de enero, según ha advertido el Banco de España.

Lo que viene a partir de ahora

Pero más allá de estas dos medidas, se está avanzando en un esquema que permita una reestructuración ágil, rápida y decidida de la deuda de determinadas pymes. En principio, no está prevista su adopción ya en este Consejo de Ministros. Tampoco está previsto aprobar este martes el plan choque anunciado por Pedro Sánchez para la hostelería, la restauración, el comercio, el transporte, el ocio y la cultura.

El sector financiero lleva semanas negociando con el Tesoro, dependiente de Economía, la creación de un marco que facilite las refinanciaciones (cambio de condiciones de los préstamos, como alargamientos de los plazos o modificaciones en los tipos) y reestructuraciones (quitas en la deuda y/o conversión de esta en capital) de las pymes viables en dificultades. El problema es que el ICO no tiene un marco flexible para realizar este tipo de operaciones y al mismo tiempo está sometido a la normativa de ayudas de Estado comunitaria, con lo que todo cambio debe ser pactado con la Comisión Europea.

Las entidades financieras aportarán su experiencia en determinar si una empresa es o no realmente viable y rentable (y por tanto merecedora de alivios en su endeudamiento). Además, asumirán en sus cuentas parte del impacto financiero de esos cambios en las condiciones. La novedad es que se espera que en este esquema de reestructuración de deuda se implique el Estado, ya sea a través de quitas (a partir de los avales del ICO) o de subvenciones y entrada en el capital de las pymes rescatadas.

Falta por saber si el Estado estaría dispuesto a dar un paso más —como demanda el Fondo Monetario Internacional (FMI)— asumiendo también quitas en las deudas de este tipo de pymes rentables con Hacienda y Seguridad Social (o mayores aplazamientos).

Petición del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) viene reclamando al Gobierno español de forma insistente que, del mismo modo que puso en marcha un fondo de rescate de 10.000 millones para el rescate de empresas estratégicas (al que ya se ha acogido Air Europa y ha sido solicitado por Duro Felguera y Transmediterránea), también se plantee un mecanismo "similar" para pequeñas y medianas empresas. "También se podría considerar la posibilidad de proporcionar inyecciones temporales que generen una deuda con el sector público, por ejemplo en forma de obligaciones fiscales futuras", sugiere el FMI. Siendo así, el Estado inyectaría capital ahora, y las empresas podrían devolverlo a modo de deuda tributaria más adelante.

"El coste social derivado de la destrucción de empresas puede resultar demasiado caro", afirma el FMI. El documento aboga por mejorar el sistema de reestructuración de deudas, con la implicación en él de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social).

Evitar una avalancha de quiebras

Según estimaciones del Banco de España, alrededor de la mitad de las empresas españolas registrarán pérdidas este año, siendo las pymes y las firmas ligadas a la hostelería, la restauración, el ocio y los vehículos de motor las que se verán más afectadas. De momento hasta el 31 de diciembre, sigue en vigor la moratoria parcial a las quiebras empresariales que aprobó el Gobierno en abril para evitar conducir a ella a sociedades con dificultades transitorias por la pandemia. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido este lunes una "extensión temporal" de esta moratoria de los concursos de acreedores, que vaya "acompañada" de un "análisis riguroso y rápido para agilizar el procedimiento concursal que permita una reestructuración de la deuda de las empresas y, como no, que las empresas que no tienen ya viabilidad desaparezcan cuanto antes y tengamos un proceso de asignación de recursos lo más eficiente posible". Si no hay prorroga, el Banco de España ya advirtió la semana pasada que a partir de enero se producirá un "repunte significativo" de las solicitudes de concursos necesarios, a instancia de los acreedores. El Gobierno se dispone a aprobar una prórroga este mismo martes. "Ese riesgo de 'zombieficación' (de empresas) existe. Me preocupa desde una perspectiva de medio plazo, pero me preocupa más que dejemos de apoyar a empresas viables que caerían sin apoyo público", ha argumentado el gobernador. 

El organismo propone a corto plazo fomentar el uso de procedimientos preconcursales, los acuerdos de refinanciación de deudas y los acuerdos extrajudiciales de pagos para personas físicas y empresas pequeñas. Estos últimos —lamenta el Banco de España—, no son muy usados y se podrían incentivar si los acreedores públicos, como Hacienda y la Seguridad Social, aceptan quitas mayores que los privados bajo ciertas circunstancias, como sugiere el FMI.

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