La Seguridad Social deniega la mitad de las solicitudes del Ingreso Mínimo

El alud de solicitudes para percibir el nuevo ingreso mínimo vital, ante la escalada súbita de la pobreza provocada por la crisis del coronavirus, tiene saturadas las oficinas de la Seguridad Social. Los trabajadores del INSS han alcanzado a tramitar menos del 20% de las 750.000 solicitudes presentadas desde que se puso en marcha este subsidio el pasado 15 de junio. Y del total de expedientes gestionados, unos 143.000, el ratio de denegaciones ronda el 50%; según los datos publicados este jueves por la Seguridad Social. Los errores a la hora de presentar la documentación y exceder los límites de renta o patrimonio establecidos por ley son los principales motivos que ha aducido el ministerio dirigido por José Luís Escrivá. Actualmente, 80.000 familias ya perciben esta renta mínima.

El colapso que vienen denunciado los trabajadores del INSS, las entidades del tercer sector y los potenciales beneficiarios de esta renta mínima se va traduciendo en cifras de gestión. "Si queremos hacerlo bien no se podía hacer de otra forma", se ha defendido Escrivá este jueves en rueda de prensa desde Valencia. Tras los primeros 74.000 subsidios convertidos de oficio en el mes de junio, la plantilla de la Seguridad Social comienza a abordar la avalancha de solicitudes que ha ido recibiendo en los últimos dos meses y medio. En dos meses ha reconocido otras 6.000. El volumen es muy elevado, tal como ha destacado el ministrio de Escrivá en su comunicado de este jueves. Pues la cifra de 750.000 solicitudes presentadas equivale a todos los expedientes para nuevas pensiones que llegan a la Seguridad Social a lo largo de un año. 

La avalancha de solicitudes es proporcional al atasco. Según los datos aportados por el ministerio de Escrivá, a fecha del 17 de agosto se han tramitado 143.000 solicitudes, de las que 74.000 ya tenía resueltas de oficio. Es decir,  de las 69.000 solicitudes de nuevo ingreso, cerca de la mitad (36.800) han sido rechazadas. El resto, o bien han sido aceptadas (unas 6.000) o bien están pendientes de nueva documentación (25.800). Si el objetivo que se marcó el Gobierno en su diseño del IMV era que 850.000 familias llegaran a cobrar este subsidio, de momento lo perciben 80.000 familias, el 9,4%. Sumando las nóminas de junio, julio y agosto, la Seguridad Social ha desembolsado 120 millones de euros para costear los subsidios.

Refuerzo necesario de plantillas

"Son nóminas poco representativas, [...] los números en septiembre serán completamente distintos", ha declarado Escrivá. El ministro de Inclusión ha argumentado que la gestión del IMV se encuentra en una fase inicial y que los procesos de filtrado y coordinación de datos con otros organismos públicos, como la Agencia Tributaria o el SEPE, están ralentizando la tramitación de los primeros expedientes. 

Con el objetivo de acelerar los trámites durante los proximos meses, la Seguridad Social está pendiente del 'ok' de Hacienda para incorporar 1.250 interinos para reforzar su plantilla; tal como avanzó EL PERIÓDICO. Escrivá también ha suscrito un contrato para incorporar a otros 500 trabajadores de refuerzo de la empresa semipública Tragsa, por el que desembolsará 6,1 millones de euros. Este segundo apoyo suscita críticas por parte de los sindicatos, pues son trabajadores sin autorización para validar nuevos subsidios. Lo que no acaba de reducir la carga de trabajo de la plantilla del INSS.

Una plantilla con efectivos mermados que suma 10.376 efectivos en toda España, que tienen que compaginar la gestión del IMV con las prestaciones ordinarias, como las pensiones de jubilación o invalidez. "Entendemos que el colapso de la gestión que hemos denunciado durante mucho tiempo ya se ha producido. La demanda de servicios de la ciudadanía ha sobrepasado extraordinariamente la capacidad de la entidad", denunciaba hace una semana en EL PERIÓDICO el responsable de UGT a nivel estatal, Martín Lanza. "Tenemos que reforzar claramente las plantillas", ha reconocido este jueves Escrivá.

Coordinación con las autonomías

El ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, ha comparecido este jueves en rueda de prensa en el palacio de la Generalitat Valenciana junto a su presidente, Ximo Puig. En su comparecencia, Escrivá ha explicado que Valencia puede convertirse, después de País Vasco y Navarra, en la siguiente comunidad autónoma donde se firme un protocolo de gestión conjunta del IMV. A diferencia de las comunidades vascas y navarras, que han asumido directamente la gestión, en Valencia se establecerá un mecanismo de ventanilla única. Con el objetivo de agilizar las gestiones y compatibilizarlas con la renta mínima valenciana.

Un detalle no menor y que genera tensiones políticas y angustias ciudadanas en otras comunidades, como la catalana. "El nivel de entendimiento es altísimo", ha declarado Escrivá respecto a Valencia. El Ejecutivo de Ximo Puig ha adaptado su legislación para acoplarla al encaje del IMV. La lógica que pretende el Gobierno central y que entes como el Govern catalán rechazan, pues entieden que debe ser el IMV el que se adapte a su renta mínima. "Hay comunidades que no estamos percibiendo que tengan ese interés", ha añadido Escrivá.