Colapso administrativo del Ingreso Mínimo ante la escalada de la pobreza

Uno de los mayores anuncios del Gobierno para mitigar la crisis social del coronavirus, el Ingreso Mínimo Vital, no está llegando a todos los hogares que más lo necesitan en Catalunya. Que por otra parte, no han hecho más que crecer durante los últimos meses. Trabajadores de la Seguridad Social, los servicios sociales y las propias entidades sociales confirman un colapso administrativo debido a la avalancha de peticiones y a la falta de personal, y agravado por la brecha digital. Pese al anuncio, se cumplen los peores pronósticos de las oenegés y algunas personas están desistiendo de pedir esta ayuda a la que tienen derecho. "Buena propuesta, pésima gestión", resumen las entidades. 

"Esto es una locura, estamos asistiendo ante un colapso monumental que, de hecho, ya advertimos", denuncia Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, al referirse a como se está aplicando el acceso a esta renta social en Catalunya que gestiona el Instituto de la Seguridad Social. En un primer momento, con las oficinas cerradas, el trámite solo se podía hacer de forma telemática. "Cerca de la mitad de las familias en riesgo social o no tienen ordenador o no pueden conectarse a Internet. Para muchos fue imposible hacer la gestión", cuenta Vilardell. Así que un gran número de gente optó por la atención telefónica. "Entonces los trabajadores no daban abasto, las línias estaban constantemente comunicando", cuenta.

El volumen de personas que han solicitado el ingreso mínimo vital crece día a día. Según datos de la Seguridad Social, más de 400.000 personas han presentado una solicitud en las primeras tres semanas. 41.000 de ellas en la ciudad de Barcelona. "No damos abasto, estamos saturados", afirma el responsable de Seguridad Social del CSIF, José Manuel Moreno. Una cifra que esperan que se multiplique durante los próximos meses, tanto por peticiones que tengan derecho a prestación, como por otras que no, pero que deberán atender igualmente. Un total de 6,7 millones de personas ya han recurrido al simulador 'on line' habilitado por el Ministerio de Inclusión para saber si encajan con los criterios.

La falta de convenios con las administraciones locales, a expensas de ir cerrándose, no descargar de trabajo a los profesionales del INSS. Su plantilla está mermada tras un ciclo de recortes. En enero del 2020 contaba con 10.376 efectivos; el 17,6% menos que hace una década. A partir de la semana pasada, cuando las oficinas de la Seguridad Social reabrieron, las colas se hicieron interminables. "Ahora se puede pedir cita previa, pero ya están todas agotadas hasta septiembre", cuenta la vicepresidenta de La Taula, que denuncia una falta de previsión y de medios para una avalancha de solicitudes que era más que previsible, cuando cientos de personas

llevan meses buscando algo para comer en los bancos de alimentos tras el confinamiento.

Un trámite, el de pedir el ingreso mínimo vital, que está lejos de ser ágil y rápido. "Se necesitan documentos oficiales, un informe detallado... nosotros hemos estado más de una hora para tramitar una solicitud", se queja Vilardell. "El problema reside en que no hay manos para aceptar tantas solicitudes, y el colapso es general", resume Toni Mora, responsable de Acción Social de CCOO. 

Los municipios refuerzan sus plantillas

La consecuencia es que cientos de familias se están presentando a los Servicios Sociales de los municipios para que les ayuden a hacer el trámite. "En muchos municipios del área metropolitana se han triplicado los usuarios, son personas que han perdido el empleo, no han cobrado el ERTE o vivían en la economía sumergida y se han quedado sin nada", explica Mercè Civit, referente de Servicios Sociales del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Así que además de tramitar ayudas para alimentos, para pagar el alquiler o tramitar la dependencia, los desbordados servicios sociales ven como, además, deben ayudar a tramitar el Ingreso Mínimo Vital. "No podemos encargarnos ahora de esto", lamenta Civit.

Conscientes de este "desborde general", especialmente en el Área Metropolitana, la Diputació de Barcelona va aprobar este jueves destinar 2,1 millones de euros para que los ayuntamientos contraten más profesionales en los Servicios Sociales. Es la primera vez en diez años que no aumenta esta plantilla. "Cada ayuntamiento podrá dedicar estos profesionales a las tareas que considere más importantes, y si lo ven necesario, a ayudar a tramitar el Ingreso Mínimo Vital: lo que no puede pasar es que el colapso haga que la gente no pueda acceder a esta ayuda", avanza a EL PERIÓDICO la diputada de Asuntos Sociales, Lluisa Moret. 

Mientras tanto, son las entidades sociales quienes están ayudando a tramitar el IMV a cientos de personas. Sin fondos, y desbordados por la emergencia social, contratan voluntarios y ponen horas de más para que las familias no renuncian a este derecho. "Hay muchas personas que, tras las dificultades burocráticas y el colapso tiran la toalla, no nos lo podemos permitir", insiste Vilardell.

Pero además, desde la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) recuerdan que hay cientos de personas condenadas a la exclusión más mísera, ya que no pueden acceder a esta pestación. "Los migrantes sin papeles, los jóvenes menores de 23 años, o aquellas personas que no se pueden empadronar por la restricción de los ayuntamientos", detalla Teresa Crespo. "¿Qué alternativa les dejamos, condenados a la miseria?", se pregunta.

Preocupación en la Generalitat con la Renta Garantida

El Ingreso Mínimo Vital comienza a desplegarse sobre un sistema de rentas autonómicas que ya existían. En Catalunya, 120.000 familias cobraban la Renta Garantida de Ciutadania y los detalles sobre la compatibilidad de ambas prestaciones todavía no están definidos. El IMV prepondera sobre toda renta autonómica y el Gobierno lo ha diseñado de manera que deban ser los proyectos de renta mínima ya existentes los que se adapten a este. La Seguridad Social no tendrá en cuenta si una persona ya cobraba una renta autonómica, por lo tanto las personas en riesgo de exclusión social podrán solicitar la nueva prestación. El problema está actualmente en qué pasará con el dinero que están ingresando de la Renta Garantida de Ciutadania. 

El Ministerio de Inclusión y la Generalitat todavía no han firmado un convenio que especifique la compatibilidad de ambas rentas. Lo que se puede traducir en que haya gente que, si esta situación se dilata en el tiempo, acabe cobrando las dos prestaciones y tenga que devolver en un futuro parte de la renta catalana, al superar el nivel de ingresos exigido. La firma de ese convenio no tiene fecha fijada y la Generalitat reclama al Estado premura, según fuentes consultadas de Treball, conscientes de que serán ellos que los que deberán exigir en un futuro el excedente a las familias atendidas, con las tensiones que ello puede generar. 

Para ello reclaman acelerar un sistema de compartición de datos que permita a la Seguridad Social comunicar en rápidamente a la Generalitat que nuevos perceptores han pasado a cobrar el IMV. Y así Treball pueda cruzar datos, ver si son también perceptores de la Renta Garantida de Ciutadania y ponerse en contacto con ellos para reajustar dicha prestación y evitar que estas personas acumulen cobros indebidos durante meses.  

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