Los nuevos subsidios ahondan el colapso de un SEPE exhausto

Delante de la oficina pública de empleo ubicada en la calle Sepúlveda de Barcelona se reproduce de lunes a viernes el mismo ritual. A las nueve de la mañana el personal de seguridad de la oficina reparte los pocos boletos para una consulta sin cita previa. Las colas para acceder a las oficinas que llegaron a dar la vuelta a la manzana durante la pasada crisis económica han desaparecido con la covid. No porque haya menos desempleo (el virus ha destruido más en menos tiempo), sino porque todo ese volumen de peticiones y consultas se ha trasladado al 'on line'. Con unos servidores saturados y un servicio de atención telefónica incapaz de atender todas las peticiones que le llegan. El atasco ya ha llegado a prestaciones ordinarias como la del paro.

"Estamos desbordados", cuenta la trabajadora del SEPE en Barcelona y delegada de CCOO, Margarita Rico. La plantilla del antiguo INEM llega a agosto con la lengua fuera, extenuada, tras el aluvión de ertes que han alcanzado a afectar a 3,4 millones de personas en España, y mermada, tras una década de falta de inversiones que ninguno de los últimos Gobiernos a subsanado. El volumen sin precedentes de ertes, subsidios especiales para trabajadoras del hogar o temporales despedidos que los empleados del SEPE han tenido que tramitar desde marzo ha provocado que el atasco se extienda hasta las prestaciones ordinarias.

"Las personas que se hayan quedado en julio en paro no van a cobrar su prestación hasta octubre", explica Rico. "Si a partir del mes que viene tenemos que gestionar un nuevo subsidio [para 550.000 parados sin prestación] aquí ya pueden ir colgando el cartel de cerrado por defunción", añade. Actualmente el Gobierno está negociando con patronal y sindicatos la aprobación de un nuevo subsidio de 430 euros para cubrir durante tres meses a 550.000 parados que durante la pandemia han agotado las prestaciones. La medida se encuentra en la recta final de las conversaciones y podría aprobarse a finales de este mes o principios del siguiente, según explicaron fuentes del diálogo social.

El volumen de pagos atrasados relacionados con los ertes ha descendido en los últimos respecto al atasco que afectados, patronales y sindicatos denunciaron al inicio del estado de alarma. Desde el Ministerio de Trabajo reducen la cifra a menos del 1%, aunque un goteo de afectados se siguen dirigiendo a oficinas como la de Sepúlveda a tratar de resolver su situación. De los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar afectados por uno de estos expedientes, actualmente quedan menos de un millón suspendidos; según los últimos datos de la Seguridad Social. 

Otro colectivo que también denuncia atraso en los pagos son las trabajadoras del hogar, una profesión para la que el Gobierno habilitó un subsidio especial porque la normativa no les reconoce derecho a cobrar el paro. Según Trabajo, de las 32.000 solicitantes, se han abonado 9.400. "La desesperación es terrible, ya llevamos cuatro meses desde que se anunció", denuncia la portavoz del sindicato Sindillar Norma Falcone. “Esta costando mucho que las chicas vuelvan a trabajar y la caja de resistencia que hemos montado no es eterna”, añade.

La pandemia que llegó sin previo aviso cayó sobre un SEPE que ha perdido 3.500 trabajadores en los últimos 10 años; según denuncia el sindicato CSIF. Hoy cuenta con 7.979 efectivos. "Está muy bien anunciar medidas, pero cuando hay retrasos en la tramitación de las mismas con quién lo pagan es con los que estamos en las oficinas", declara el responsable estatal del CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano.

Colapso en el Ingreso Mínimo Vital

Las oficinas de empleo no son el único nexo entre el "escudo social" habilitado por el Gobierno para asegurar las rentas ante la pandemia. La Seguridad Social, encargada de desplegar el Ingreso Mínimo Vital para frenar la pobreza súbita que está dejando el virus, también se encuentra colapsada. "Entendemos que el colapso de la gestión que hemos denunciado durante mucho tiempo ya se ha producido. La demanda de servicios de la ciudadanía ha sobrepasado extraordinariamente la capacidad de la entidad", denuncia el responsable de UGT a nivel estatal, Martín Lanza. Un atasco que también denuncian desde hace semanas las entidades del tercer sector.

Y, como en el caso del SEPE, la plantilla sufre de envejecimiento y no renovación de efectivos. En los últimos cinco años se han perdido 1.000 trabajadores, de los 10.376 trabajadores actualmente operativos. El atasco provocado por la puesta en marcha de la primera renta mínima a nivel estatal amenaza con extender los problemas de gestión a otras pagas. "El Ingreso Mínimo Vital, que es una cosa extraordinariamente importante, no le resta ninguna importancia a una pensión por jubilación, a una viudedad o a una invalidez. El resto de prestaciones se tienen que ir solucionando también", alerta Lanza.

Si bien inicialmente la Seguridad Social rechazó la incorporación de nuevos efectivos para gestionar el IMV, el ministro Escrivá ha reconsiderado su decisión. Está pendiente del ‘ok’ de Hacienda la incorporación de 1.250 interinos para tratar de desatascar el «gran volumen de trabajo» que reconocen desde el ministerio de Inclusión. Un refuerzo que se sumará a los 500 trabajadores de refuerzo de la empresa semipública Tragsa, para los que el Ministerio comprometió un contrato de 6,1 millones de euros; según consta en la página web de Tragsa.