INICIATIVA
Berlín congelará el precio de los alquileres durante cinco años
El Gobierno tripartito de la capital llega a un acuerdo para impulsar una ley que regule el mercado inmobiliario y revierta así el disparatado encarecimiento de la capital
Carles Planas Bou
Periodista
Periodista tecnológico entre el mundo digital y la política internacional. Centrado en capitalismo de plataformas, IA, vigilancia y derechos digitales. Excorresponsal en Berlín durante más de cuatro años, cubrió los gobiernos de Merkel, la crisis de los refugiados y el auge de la extrema derecha. También ha trabajado en Europa Central y en Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con TV3, TVE, Deutsche Welle, Catalunya Ràdio, El Orden Mundial o El Salto.
Carles Planas Bou
Berlín quiere volver a ser una ciudad asequible. Este martes los tres miembros del Gobierno tripartito de la capital han llegado a un acuerdo para congelar el precio del alquiler para los próximos cinco años y fijará una cifra límite para la vivienda.
Con este gesto, el ejecutivo berlinés pretende ganar tiempo para construir un mayor parque de vivienda social y combatir un incesante encarecimiento de la capital que ha perjudicado especialmente a las rentas más bajas. Tras el acuerdo, ahora se redactará un proyecto de ley que debería estar listo en octubre para ponerse en marcha a partir del 2020 y que será la primera que limita el precio del alquiler en toda Alemania. La medida afectará a 1,6 millones de apartamentos.
Con el apoyo de socialdemócratas (SPD), verdes y la izquierdista Die Linke —socios en el consistorio—, el Senado de la capital ha aprobado este jueves las líneas maestras de una ley que tendrá carácter retroactivo y que permitirá a los inquilinos exigir una rebaja del precio de su vivienda si este supera lo establecido. Los firmantes aún deben esclarecer cual será ese tope.
PROTEGER A LOS INQUILINOS
El proyecto también establece que las modernizaciones de apartamentos deberán ser comunicadas a las autoridades y que tanto los edificios en régimen de arrendamiento inicial así como la vivienda social quedarán excluidos de esas nuevas limitaciones. En caso de violaciones de la ley se establecerán sanciones de hasta 500.000 euros. “Queremos proteger a los inquilinos y enfriar un mercado sobrecalentado”, ha asegurado Katrin Lompscher, senadora de Desarrollo Urbano e impulsora de la medida.
El plan ya ha sido criticado por un sector inmobiliario que ha asegurado que la limitación del precio del alquiler puede ser ilegal y que su aplicación perjudicará la inversión en la capital alemana. Las acciones de la compañía inmobiliaria ‘Deutsche Wohnen’, propietaria de 112.000 apartamentos en Berlín, han perdido este martes un 1% de su valor bursátil. Conservadores (CDU), liberales (FDP) y ultraderecha (AfD) también se oponen a la medida.
Por su lado, la Asociación Alemana de Arrendatarios ha denunciado que ante el temor de la nueva ley los propietarios han aprovechado para incrementar los precios en los últimos días.
Berlín, cada vez más cara
Berlín era asequible pero en la última década eso ha cambiado. Convertida en el Dorado de la especulación para el sector inmobiliario, la capital alemana ha pasado a ser la ciudad donde el precio del alquiler ha crecido más rápido del mundo. En 2017 estos se dispararon hasta un 20,5%, una tendencia que también siguen otras urbes alemanas acostumbradas a la cultura del alquiler.
La popularización de la ciudad y la alta demanda de pisos también ha contribuido a una burbuja de los precios que se ha hecho insostenible para los ciudadanos. La gentrificación y elitización de antiguos barrios obreros como Friedrichshain-Kreuzberg o Neukölln ha perjudicado especialmente a las rentas más bajas. En muchos casos los grandes propietarios se han aprovechado de ello y han reventado los precios en una jugosa operación que ha terminado expulsando a esas familias de sus barrios.
La desigualdad de una ciudad con pocos recursos y el hecho de que ese aumento de los precios del alquiler haya sido mucho más acentuado que el de sus sueldos ha generado un fuerte malestar en la capital. Así, la movilización ciudadana ha conseguido reunir hasta 77.000 firmas para celebrar un referéndum que debata la prohibición de los grandes propietarios y la expropiación de miles de viviendas para convertirlas en alquiler social para los más vulnerables.
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