Berlín debate celebrar un referéndum para expropiar miles de viviendas

Prohibir las grandes propietarias inmobiliarias y expropiar hasta 200.000 viviendas para convertirlas en alquiler social. Esta es la ambiciosa medida que la organización de arrendatarios 'Deutsche Wohnen Enteigen' ha puesto encima de la mesa y que pretende convertir en ley mediante un referéndum.

La propuesta de este asociación de inquilinos exige restringir las operaciones de los grandes tenedores que abarquen hasta 3.000 viviendas así como una remunicipalización que permita transformar las viviendas con las que grandes compañías especulan en alquiler social a precios reducidos. Esa expropiación, aseguran, se podría compensar con un pago "muy por debajo del valor de mercado".

Aunque, la medida cuenta con un apoyo de entre el 44% y el 55% de los berlineses, según encuestas recientes. Los activistas aseguran, por el contrario, que el artículo 15 de la Constitución alemana permite la nacionalización de la propiedad privada, algo que sin embargo nunca se ha aplicado en Alemania de posguerra.

Activismo contra especulación

En apenas una década Berlín ha pasado de ser una ciudad asequible a convertirse en el Dorado de la especulación inmobiliaria. Cansados de esta situación los vecinos han optado por organizarse y presionar a la clase política. Y es que el 2017 Berlín fue la ciudad donde el precio de la vivienda creció más rápido del mundo, un 20,5%. Considerando un mercado joven y poco explotado las grandes inmobiliarias sacaron tajada aprovechándose de que en la capital un 85% de la vivienda es de alquiler. "Es una crisis existencial para mucha gente", explica Thomas McGath, miembro de 'Deutsche Wohnen Enteigen'. "Si decimos adiós a la vida asequible estamos diciendo adiós a Berlín". Cada berlinés destina hasta el 41,3% de su sueldo a pagar el alquiler.

Una vez más es la organización ciudadana la que trata de impulsar las medidas más ambiciosas para poner freno a la lacra especulativa que golpea la ciudad. Este octubre la protesta civil logró echar a Google del barrio de Kreuzberg. Acusados por un aumento de los precios del alquiler que ha impulsado la gentrificación, los vecinos consiguieron que el gigante tecnológico renunciase a la creación de un campus para start-ups.

El gobierno alemán también ha tomado cartas en el asunto. Así, el septiembre del año pasado reforzó su ley creada en 2015 para tratar de limitar el constante aumento de los precios de compra y alquiler de vivienda. Entre las medidas estableció la penalización de los propietarios que impulsen una renovación de la vivienda con la intención de expulsar a sus inquilinos, una práctica habitual en grandes centros urbanos como Berlín o Múnich.

Odisea legal

Sin embargo, el camino para que esta propuesta se convierta en una realidad se antoja muy complicada. Para ello los promotores de esta iniciativa ciudadana empezarán dentro de cinco semanas a recoger las 20.0000 firmas necesarias para que prospere. Aunque lo dan por hecho, después deberá ser aceptada por el Senado de Berlín y trasladada a la Cámara de Representantes, donde la clase política puede revisarla y presentar un proyecto alternativo. De aprobarse se pasaría a una segunda ronda de recogida de firmas, esta vez 170.000. Tras eso debería convocarse un hipotético referéndum, algo que puede alargarse hasta ocho meses.

Esta radical medida de cambio para atajar la burbuja especulativa de los precios de la vivienda que golpea a la capital alemana cuenta con un alto apoyo popular. Sin embargo, despierta fuertes reticencias en el ejecutivo estatal, encabezado por los socialdemócratas (SPD) y respaldado por los Verdes y la Izquierda. Solo estos últimos han prometido su apoyo a esta iniciativa ciudadana, pero la oposición del propio alcalde, Michael Müller, hace pensar que será difícil que llegue a buen puerto. Los vecinos, explica Thomas, lo tienen claro: "Vamos a empoderar a los inquilinos para que protejan su hogar".