CRECE EL ESCÁNDALO
Alemania acusa al presidente de Audi por el 'dieselgate'
Carles Planas Bou
Periodista
Periodista tecnológico entre el mundo digital y la política internacional. Centrado en capitalismo de plataformas, IA, vigilancia y derechos digitales. Excorresponsal en Berlín durante más de cuatro años, cubrió los gobiernos de Merkel, la crisis de los refugiados y el auge de la extrema derecha. También ha trabajado en Europa Central y en Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con TV3, TVE, Deutsche Welle, Catalunya Ràdio, El Orden Mundial o El Salto.
Carles Planas Bou
El escándalo del ‘dieselgate’ no da un día de tregua. Este lunes la Fiscalía de Múnich ha dado un nuevo paso al acusar al presidente de Audi, Rupert Stadler, y a otro alto miembro de la junta directiva de la marca como sospechosos por la manipulación de cientos de miles de vehículos para esquivar los controles medioambientales.
En un inicio de semana negro para la filial de la todopoderosa Volkswagen, la autoridad que investiga el caso ha entrado en los hogares de ambos dirigentes para buscar evidencias de su posible responsabilidad en la instalación de un software que permitía a los vehículos de la marca sortear los controles y emitir gases contaminante por encima de lo permitido legalmente. “Se les acusa de fraude y falsificación indirecta de certificados”, reza el comunicado de la Fiscalía. También se ha registrado la casa de otros tres miembros de la junto directiva.
Stadler, que sigue en el cargo como máximo dirigente de Audi y considerado sospechoso desde el pasado 30 de mayo, ha denegado todas las acusaciones. Sin embargo, la automotriz ha asegurado que colabora estrechamente con la investigación en curso.
Contra la junta directiva
A principios de febrero, las autoridades ya registraron la central de la filial en Ingolstadt y sus oficinas en la fábrica de Neckarsulm. También entonces el exdirector de desarrollo del motor de Audi, Ulrich Weiss, señaló a la junta directiva como responsables del fraude.
Con la acusación contra Stadler y el otro dirigente, la Fiscalía ya cuenta con hasta 20 personas sospechosas en la investigación preliminar de un caso que se afecta tanto a Audi como a Volkswagen. En septiembre de 2015 el gigante automovilístico alemán confesó haber vendido más de 11 millones de vehículos diésel trucados por todo el mundo, un escándalo de proporciones titánicas que recibió el nombre de ‘dieselgate’. Sin embargo, este pasado abril ya lo dio por superado.
El fraude Daimler
Este lunes también ha sido especialmente malo para otra potencia de la automoción alemana, Daimler. Según ha avanzado el tabloide ‘Bild’, la Autoridad Federal de Transporte ha descubierto que el fabricante de la marcaMercedeshabría vendido por toda Europa hasta 774.000 vehículos diésel con “dispositivos inadmisibles” que manipulan el nivel de sus emisiones contaminantes durante los controles. El fraude afectaría a la furgoneta Vitro, el todoterreno GLD y el Clase C.
Esa noticia ha llevado a Daimler a caer hasta un 1,03% en el DAX, el índice bursátil alemán, a la hora del cierre. Todo eso el mismo día que su máximo responsable, Dieter Zetsche, se ha reunido con el ministro de Transporte alemán, Andreas Scheuer, quien ha ordenado la retirada de 238.000 vehículos afectados en Alemania. Daimler niega que esos dispositivos fuesen ilegales mientras que las autoridades establecen como tal aquellos en los que el sistema de filtrado para detectar emisiones contaminantes se desactiva demasiado pronto o sin una razón de peso.
Desde 2015 el ‘dieselgate’ y otros escándalos como los experimentos con seres humanos o el posible pacto de un cártel para fijar precios han dañado severamente la reputación de todas las grandes casas del automovilismo alemán, orgullo de la potencia económica europea. Volkswagen, Daimler, BMW y Porsche tienen procesos abiertos por en todo el mundo por sus fraudes. En paralelo los tribunales alemanes han abierto la puerta a que las ciudades del país puedan limitar la circulación de coches contaminantes sin necesitar una legislación federal.
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