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CAMBIOS TRAS EL 155

El Gobierno anulará las medidas para crear una Hacienda catalana propia

El Ejecutivo revertirá el plan que centraliza en la ATC el pago de los tributos estatales de las empresas públicas

Más de 140 organismos firmaron convenios con la Generalitat para agrupar la presentación de impuestos y cuotas sociales

Agustí Sala

Oficinas de la Agència Tributària de Catalunya en el paseo de la Zona Franca de Barcelona.

Oficinas de la Agència Tributària de Catalunya en el paseo de la Zona Franca de Barcelona. / FERRAN SENDRA

Aún quedan pendientes algunos restos del proceso de conversión de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en estructura de estado. El propósito del Gobierno central, en el marco de aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado con la mayoría absoluta del PP en el Senado y el aval de Ciudadanos y el PSOE-PSC, es anularlos para que este organismo, que en dos años ha duplicado su plantilla y el volumen de impuestos que gestiona, se mantenga en el marco de la legalidad vigente.

Una de las medidas que se revertirá es la que obligaba a las empresas públicas catalanas a presentar las retenciones del impuesto de la renta (IRPF), el pago del impuesto de sociedades y la cotizaciones sociales de sus empleados en la ATC, en lugar de hacerlo directamente ante la Hacienda estatal y la Tesorería Geneeral de la Seguridad Social, según fuentes del Ejecutivo central.

Las mismas fuentes admiten que se está estudiando la manera de finalizar con este procedimiento que afecta a un mínimo de 141 entidades de distinto tipo con participación mayoritaria de la Generalitat, del total de 182 existentes. Dentro de este ámbito se encuentran desde entidades autónomas administrativas (20) o el Catsalut, hasta entes autónomos comerciales y financieros (2), entidades de derecho público (44), sociedades mercantiles (27), consorcios (54) o fundaciones (34). Además, el número total se eleva hasta 203 si se incluyen aquellos organismos en los que la administración catalana tiene una participación minoritaria. 

Aunque todos los recursos se ingresaban luego en los organismos estatales correspondientes, el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ve con recelo que la ATC ejerza una función que no le corresponde y ve riesgos en la privacidad de los datos fiscales de los empleados de las compañías públicas catalanas.

De hecho, a juicio de las fuentes consultadas, este plan constituía como "una especie de entreno" de cara a la gestión en el futuro de impuestos como el IRPF, que no son de su competencia, como lo fue el nuevo sistema e-Spriu, destinado a tramitar tributos recurrentes y masivos. 

El plan que Montoro cuestiona, denominado programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y las cotizaciones sociales que ingresa el sector público del Estado a la Generalitat, se incluyó en un acuerdo del Govern de abril pasado, que comenzó a aplicarse en septiembre pasado.

4.500 millones de euros

El objetivo era centralizar los aproximadamente 4.500 millones de euros que las diferentes entidades en la que participa la Generalitat ingresan al Estado en concepto de tributos de titularidad estatal y cotizaciones sociales. Esta estrategia formaba parte de otro acuerdo del Ejecutivo catalán que establecía "como línea de actuación prioritariael despliegue de la Hacienda catalana bajo los parámetros de la Administración tributaria del siglo XXI (...)" . A corto o medio plazo este programa tenía previsto prestar servicio "a las entidades que integran el sector público de las administraciones locales de Catalunya y a las universidades públicas catalanas que estuvieran interessadas".

Fuentes de la Administración catalana aseguraron entonces que la medida se ajustaba al marco competencial vigente, al igual que una central de compras que tenía prevista para todo el sector público catalán. Se trataba, argumentaban, de ganar en eficiencia y tener una mayor capacidad de negociación frente a las entidades financieras.

Convenios

A lo largo del verano pasado, las entidades implicadas recibieron una comunicación de la Generalitat en la que les instaba a firmar un convenio con la ATC para que esta centralizara tanto las retenciones del IRPF de sus empleados, el IVA, el impuesto de sociedades, además de los tributos propios, que en este caso sí que forman parte de las competencias previstas en el marco legal vigente.

Este convenio, que según la propia ATC han firmado 141 entidades, prevé que la Hacienda catalana, en representación del organismo firmante "asume las funciones de presentación y/o pago telemático de las declaraciones, autoliquidaciones y las declaraciones informativas (...)". La propuesta se formalizaba a través de dos tipos de convenio, uno para las entidades que forman parte de la gestión centalizada de tesorería del sector público ('cash pooling') y aquellas que no.

Según los termímos del acuerdo, la ATC tenía que ingresar "en el tesoro estatal" todos estos recursos "antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso". En este sentido contemplan la posibilidad de resarcir a la entidad implicada en caso de la que la Hacienda catalana incumpliera las obligaciones previstas en nombre del organismo firmante.  

Entre los organismos que firmaron los convenios se encuentran las agencias de Turisme y de Consum, la de l'Habitatge, la Autoritat Catalana de la Competència, AccióFerrocarrils de la Generalitat, el Hospital ClínicInfraestructures de la Generalitat, el Incasòl, el Icaen, el Idescat, el Servei Català de Trànsit, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Autoritat de Protecció de Dades o el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

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