La fiscalía pide que se revoque el tercer grado a los Núñez

La fiscalía pidió ayer que se revoque el tercer grado concedido las pasadas Navidades al expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez Clemente y a su hijo Josep Lluís Núñez Navarro, tras permanecer 40 días en prisión condenados por sobornar a inspectores de Hacienda. El empresario y su hijo ingresaron en la prisión de Quatre Camins el 16 de noviembre para cumplir una condena de dos años y dos meses de cárcel por el caso Hacienda, impuesta por el Tribunal Supremo, y salieron de ella el 24 de diciembre, al concederles la Generalitat el tercer grado.

Desde entonces, los Núñez, como cualquier preso beneficiado por el tercer grado, solo han ido a la cárcel a dormir los días laborables. En sendos recursos presentados ayer, la Fiscalía pide al juez de vigilancia penitenciaria que revoque el tercer grado que les fue concedido a los Núñez por la subdirección general del Departamento de Justicia de la Generalitat, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).

La fiscalía esgrime en sus recursos la gravedad de los delitos por los que fueron condenados por el caso Hacienda, que fue definido en la sentencia como uno de los mayores casos de corrupción destapados en Catalunya. También expone que los Núñez no se han arrepentido, como ya puso de relieve el ministerio público cuando pidió su ingreso inmediato en prisión, mientras el expresidente azulgrana y su hijo aguardaban la resolución de su petición de indulto al Gobierno. Otro de los argumentos que sostiene es que con la pena de cárcel también se pretende dar ejemplo y prevenir la aparición de más casos de corrupción.

La fiscalía rechaza en sus recursos uno de los argumentos que defendió la Generalitat para la concesión del tercer grado, que están integrados en la sociedad, por considerarlo insuficiente. La Audiencia de Barcelona condenó, en julio del 2011, a seis años de prisión a los Núñez por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos por valor de 13 millones de euros.