El precio de la democracia

La propuesta de reducción de diputados en los parlamentos autonómicos lanzada por el PP es, en opinión de los expertos,«demagógica»y«oportunista»y debería alcanzarse, añaden,«por consenso». La ofensiva recentralizadora escenificada el martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus barones, que defendieron la disminución de escaños en las comunidades, supondrá, según las fuentes consultadas, un ahorro«insignificante»que favorecerá los intereses de los grandes partidos.

«Es pura demagogia», afirma el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Joan J. Queralt, sobre la cruzada popular que abandera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre -quiere reducir a la mitad, de 129 a 94, el número de diputados de la Asamblea-, con un firme aliado, el jefe de Gobierno de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego, que ayer propuso a la oposición pasar de 75 a 61 escaños en su Cámara, aseguró que«los parlamentarios son igual de democráticos si son de 100, de 80 o de 60 diputados».

Una afirmación que contrasta con el hecho de que una reducción del pastel perjudica a los partidos pequeños que, como en el caso de IU-ICV y UPD, han remontado en las encuestas gracias al votante desencantado por el tijeretazo del Gobierno del PP y el desgaste de los socialistas.«Aprovechando el desprestigio de los políticos», alerta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo,«se alteran las reglas del juego para que sea más fácil garantizarse la mayoría».

Ambos expertos subrayan la importancia de pactar una actuación que, en caso contrario,«no sería una reforma, sino un traje a medida», según Queralt. El catedrático subraya, no obstante, que la reforma que urge impulsar es la que acerque al político al ciudadano.«El elector y el elegido no tienen conexión», anota, y esa falta de sintonía no se está dando, critica,«en ninguna democracia avanzada».

Pérez Royo denuncia, además, el«oportunismo»de una propuesta«populista»que«da la razón» a los ciudadanos desencantados con los políticos, de los que desconfían.«Están transmitiendo un mensaje muy negativo», señala. Si bien no cree que el recorte de diputados amenace el autogobierno de las comunidades, que les ha permitido gestionar servicios básicos ahora recortados, sí cree que la medida pretende«desnaturalizar el ejercicio al derecho a las autonomías».

El coste de ese derecho es, en el caso de Catalunya, el más elevado del Estado, ya que el presupuesto del Parlament es de 52 millones de euros, aunque se ha reducido ya un 12%, que equivale a 7 millones menos. Canarias, mientras, es la autonomía donde el escaño es más caro, de 429.167 euros.

Fabra se desmarca

El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, a pesar de que también quiere recortar las Corts, se desmarcó ayer de la contundencia de Aguirre al declararse«convencido»de que el Estado de las autonomías«es y ha sido positivo», por lo que no apuesta por su revisión. En declaraciones a la Cope, aseguró sentirse«muy satisfecho con lo que en su día se hizo» para «transferir a los distintos territorios españoles una serie de competencias»que las comunidades han desarrollado de forma«acertada».«El coste es el mismo. Da igual que lo haga el Estado central que las comunidades», apuntó. «No es un problema de quien lo haga», dijo, sino de«ser más eficaces y reclamar la financiación»que las autonomías necesitan.