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La jueza Carmen Lamela, en entredicho tras la absolución de Rosell

La magistrada rechazó una y otra vez su excarcelación y le fijó una fianza de casi 80 millones de euros

Su labor judicial resultó polémica en la instrucción del juicio a los políticos catalanes, al mayor Trapero, a los detenidos de Alsasua y en el archivo del almacén Castor

Antonio Baquero / Barcelona

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La sentencia por la que la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del Barça Sandro Rosell ha dejado en entredicho la labor de la jueza Carmen Lamela, que instruyó la investigación y que en varias ocasiones rechazó la puesta en libertad provisional del investigado. Lamela, jueza de la Sala de lo Penal de la AN, ordenó el ingreso en prisión de Rosell por los delitos blanqueo de capitales y organización criminal.

La de Rosell no ha sido la única instrucción judicial de Lamela que ha generado polémica. Fue la magistrada que instruyó el caso de los políticos catalanes presos, ordenando su ingreso en la cárcel, hasta que el proceso pasó a manos del Tribunal Supremo, y procesó por sedición al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Además, Lamela instruyó la investigación por la agresión a dos guardias civiles en octubre del 2016 en Alsasua. Fue ella la que convirtió la causa en una investigación por terrorismo y mantuvo a tres de los acusados en prisión preventiva.  

Además, en otra decisión que levantó polvareda, la jueza archivó la querella interpuesta por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya contra cinco exministros de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy por el proyecto gasístico Castor de ACS. Pese a esas polémicas, Lamela fue nombrada magistrada de lo Penal del Tribunal Supremo, donde juró su cargo en noviembre del 2018.

En el caso de Rosell, la jueza rechazó todas las peticiones de la defensa para su excarcelación alineándose con la Fiscalía y argumentando que existía un riesgo de fuga "altamente probable" que "frustraría" una investigación que estaba "prácticamente terminada". Además, en su apertura de juicio oral, exigió a Rosell además el pago de una fianza de 78,6 millones de euros en el plazo de 24 horas

La jueza, en el cierre de la instrucción, proponía juzgar a Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por blanqueo de capitales y organización criminal. La magistrada consideraba acreditado que formaban una organización criminal a través de la que se apropiaron de 15 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por los derechos de retransmisión de 24 partidos amistosos de la selección, así como de otros cinco millones, a través del patrocinio de Nike.

Sin patrimonio

De nada sirvieron las peticiones de la defensa y el ruego que el propio Rosell le hizo cuando compareció ante ella. El expresidente le negaba, tras llevar un año encarcelado, que existiera riesgo de fuga ya que la Audiencia Nacional le tenía bloqueados 30 millones de euros, por lo que no disponía del patrimonio en el extranjero por el que el tribunal no le dejaba abandonar la prisión.