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La jueza Lamela archiva la querella contra los ministros del Castor

L'Observatori del Deute en la Globalizació se querelló contra Clos, Sebastián, Soria, Álvarez y Espinosa

La magistrada no aprecia delito en la actuación de los exministros del PP y el PSOE

Ángeles Vázquez

La plataforma Castor, en una imagen tomada en octubre del 2013.

La plataforma Castor, en una imagen tomada en octubre del 2013. / EFE

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella interpuesta por L'Observatori del Deute en la Globalizació por malversación, prevaricación y fraude a la Administración por el proyecto Castor contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, así como el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros empresarios. Los querellantes ya han anunciado que recurrirán la decisión.

En un auto, la magistrada hace suyo el informe de la fiscalía, que había instado el rechazo de la querella, y concluye que la construcción de las instalaciones "no responde a una idea aislada ni peregrina, sino que fue acorde con una política desarrollada en la explotación y suministro de gas, previamente planeada (desde el 2002), antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos" y que "con los años se comprobó deficitaria".

Actuación razonada y documentada

Añade que la querella no expone que las resoluciones adoptadas por los ministros del PSOE y del PP en las distintas fases del procedimiento se hayan adoptado al margen del procedimiento establecido. “Tampoco parece que la actuación de los querellados estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración" con "resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley. Por el contrario, su actuación fue razonada y documentada”, dice el auto.

Tal actuación, señala Lamela, puede ser discutida jurídicamente, tal y como sucedió, si bien, añade, tal discrepancia ha sido resulta a través de diversos procedimientos en la vía contencioso-administrativa. En este sentido, recuerda las distintas resoluciones recaídas, “no desprendiéndose de ninguna de ellas que la actuación de los querellados fuera arbitraria”. En ningun caso, señala, ”se puso de manifiesto que la resolución impugnada adoleciera de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, estos es, que fuera manifiestamente arbitraria”.

Por ello, la jueza considera que no puede estimarse que hubiera prevaricación, ya que conforme a la jurisprudencia solo se comete este delito cuando se adopta en un asunto administrativo una resolución que sea injusta, no en el sentido meramente ilegal o contrario a Derecho, sino patente y clamorosamente opuesta al ordenamiento jurídico, y que el agente del hecho obre con clara conciencia de la arbitrariedad, algo que “no acontece en el supuesto examinado”.

Tampoco incumplieron sus deberes

“Ello lleva igualmente a la consideración de que no pueden estimarse cometidos los delitos de malversación y fraude a la Administración, al no desprenderse del relato de hechos que se efectúa en la querella y documentos con ella acompañados, que los querellados incurrieran en quebrantamiento de los deberes especiales que les incumbían en el ejercicio de su cargo, quebrantando una especial confianza, ni que los caudales públicos hayan sido desviados torticeramente de su destino. Tales circunstancias tampoco han sido apreciadas en las distintas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional”, concluye la jueza.

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