La jueza Lamela impone a Rosell una fianza de 78,6 millones en 24 horas

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto juicio oral contra el expresidente del Barça Sandro Rosell en un auto en el que le exige el pago de una fianza de 78,6 millones de euros en el plazo de 24 horas. Ha sido en el caso por el que el empresario lleva en prisión desde hace 14 meses por los delitos blanqueo de capitales y organización criminal por haber presuntamente blanqueado 19,9 millones de euros en comisiones cobradas por los derechos de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol y su esponsorización por Nike.

Si no abonase en plazo la cantidad exigida para cubrir la responsabilidad a la que puede ser condenado en el juicio que por estos hechos celebrará la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la magistrada ordenará el embargo de sus bienes. Esa será la segunda vista oral a la que Rosell tendrá que enfrentarse en esta sede judicial, donde también tiene pendiente otra por corrupción en los negocios y estafa a la empresa DIS, propietaria del 40% de los derechos de Neymar cuando fue fichado por el Barça, en la que se enfrenta a una petición fiscal de 5 años de prisión.

La jueza Lamela ha atendido en menos de 72 horas la petición de apertura de juicio oral realizada por la fiscalía, que pide para Rosell 11 años de prisión así como una multa de 59 millones de euros por haber ayudado al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Texieira a cobrar comisiones ilegales de la venta de los derechos de imagen de la selección de ese país. Para ello se valió de un entramado de cuentas en Andorra y de la empresa instrumental del expresidente blaugrana y su esposa, Marta Pineda, Uptrend Developments, constituida en New Jersey en 2006.

Además de la fianza de Sandro Rosell, que el pasado día 25 fue trasladado de Soto del Real (Madrid) a Can Brians 2, la magistrada también ha fijado las correspondientes al abogado andorrano Joan Besolí (73,3 millones), al cuñado de este, Pedro Andrés Ramos, y a Pineda, que deberán abonar cada uno 66,6 millones. Las de Shahe Ohannessian y José Colomer ascienden a 53,3 millones. 

La acusación fiscal

La fiscala Antonia Sanz pide también siete años de cárcel para Pineda y Ohannessian, 10 para Besolí, ocho para Ramos y seis para Colomer. No actúa contra Teixeira, porque reside en Brasil y ya le investiga la fiscalía de ese país. El ministerio público quiere además que Rosell y Besolí sean inhabilitados como empresarios durante tres años después de cumplir la pena que se les imponga.

Según el ministerio público, todos ellos "guiados del común propósito de obtener así importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad, al menos desde 2006, formaron una estructura estable, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala", cuya dirección recaía en Rosell. Con ella "procedieron a ocultar las cantidades ilíticamente obtenidas por Teixeira con ocasión de la firma de contratos en los que este intervenía en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), particularmente el de compraventa de los derechos audivisuales de la selección nacional de Brasil en favor de International Sports Events y el contrato de esponsorización firmado por la CBF con la marca deportiva Nike".