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LANZAMIENTOS ABIERTOS

Diez familias de Cornellà denuncian un desahucio colectivo que afecta a dos bloques de pisos

Unos cincuenta vecinos serán expulsados antes de final de año ante la imposibilidad de renovar sus contratos de alquiler y de encontrar una alternativa habitacional

El Sindicat de Llogateres está intentando mediar con la propiedad, pues aseguran que, aunque actúa dentro de la legalidad, está "vulnerando los derechos humanos"

Aitana Glasser

 Vecinos y miembros del sindicato a las puertas de la vivienda de Samuel y su familia, en Cornellà, cuando iba a ser desahuciado el 18 de julio

 Vecinos y miembros del sindicato a las puertas de la vivienda de Samuel y su familia, en Cornellà, cuando iba a ser desahuciado el 18 de julio / Sindicat de Llogaters (@SindicatLloguer)

Hssain Benikabour vive en Cornellà (Baix Llobregat) con su mujer y sus hijos desde hace más de 15 años. Durante los últimos seis, después de un tiempo en el barrio de Sant Ildefons, ha vivido en un piso del barrio de El Pedró de apenas 60 metros cuadrados y dos habitaciones, en el que la pareja convive con cinco de sus siete hijos. El contrato -de cinco años- se les terminó en septiembre de 2018, y, aunque creían que podrían renovarlo, la negativa de la propiedad del inmueble les ha empujado a iniciar un largo proceso para poder permanecer en él.

Un camino que se inició en los juzgados y que siguió en el Sindicat de Llogaters i Llogateres, al cual Hssain se dirigió para pedir ayuda, puesto que su vivienda no era propiedad de un banco y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la localidad del Baix Llobregat no podía ayudarle. Allí se dieron cuenta de que su familia no era la única afectada: hasta siete familias de su mismo bloque ya se habían ido al no haber podido renovar su contrato y otras cinco tendrían que hacerlo en breves.

El bloque, que cuenta con 19 pisos y dos locales, pertenece a una misma propiedad, una comunidad de bienes familiar -un acuerdo entre varios ‘comuneros’ autónomos, en este caso cinco, según el Sindicat- que también cuenta con otro bloque en el barrio de La Gavarra, donde otras cinco familias están esperando a ser desahuciadas. La intención de la propiedad era pues no renovar los contratos de la mayoría de ellos una vez finalizados (a excepción de los alquileres de renta antigua), con el objetivo de vaciar las viviendas y volverlas a alquilar a un precio más elevado.

“Son familias que pagaban alquileres de 400 euros, y en su lugar han entrado otras que ahora pagan 800 euros", cuenta Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters i Llogateres. Aunque desde la organización denuncian que esta práctica "vulnera los derechos humanos", lo cierto es que es legal, pues, como explica Palomera, “a diferencia de otros países del entorno, la Ley de Arrendamientos española permite expulsar al inquilino una vez finalizado el contrato, aunque sea un gran propietario y/o no tenga necesidad de dejar la vivienda a un familiar”.

'Desahucios abiertos' "de dudosa legalidad"

Aunque son habituales los casos de 'desahucios invisibles' en inmuebles propiedad de fondos de inversión internacionales o de bancos, en este caso la propiedad del inmueble recae sobre una asociación que, “por la cantidad de metros cuadrados que controla [el sindicato asegura tiene más propiedades en Barcelona y Girona], está considerada una gran tenedora”. “Este es el problema: que medianos y grandes propietarios también se suman a la orgía especulativa”, añade el portavoz.

Desde que iniciaron sin éxito la negociación con la arrendadora, el pasado 18 de julio se produjo la primera tentativa de desahucio a una de estas familias, la de Samuel, su mujer y sus cuatro hijos, que finalmente fue parado por casi un centenar de vecinos y miembros del Sindicat, que se concentraron a las puertas del edificio ubicado en la calle Florida, al que también se personó la principal propietaria del inmueble, aseguran vecinos y sindicato, que exigió que se ejecutara el desahucio.

En este caso, las órdenes de expulsión han sido polémicas además por otro componente: son abiertas y los inquilinos no saben cuándo serán desalojados. Y así siguen siéndolo muchas, si bien alguno ha recibido ya fecha. Es lo que llaman 'desahucios abiertos', unos "desahucios de dudosa legalidad", apunta el portavoz del sindicato, pues hace unos meses "el gobierno aprobó un Decreto Ley que incluía la obligatoriedad de que los desahucios tuvieran una fecha y hora fijadas, y en este caso no era así”, explica el portavoz del Sindicat.

Finalmente, y tras paralizar el desahucio de Samuel y su familia, que quedó reprogramado para septiembre, han empezado a llegar a otros vecinos las órdenes de desahucio. Desde el sindicato reiteran la necesidad de “negociar colectivamente" con las 10 familias (unas 50 personas), a las que, aseguran, “no se les ha hecho ninguna oferta ni han recibido ninguna argumentación" por parte de la propiedad.

Esperando hasta septiembre

Hssain fue avisado en junio de que su contrato, que finalizaba el 30 de septiembre de 2018, no sería renovado. Asegura que nunca había tenido problemas y que en los cinco años que llevaba viviendo en el piso apenas le subió el alquiler poco más de seis euros. Hasta ahora pagaba 370, una cantidad baja debido, según el inquilino y el Sindicat, al "mal estado de la vivienda”, que él mismo asegura que reformó cuando entró.

“El piso estaba muy mal; cambié el suelo, el baño, la cocina, pinté… Eso se lo dije al juez, pero tampoco había nada escrito”, cuenta. El juez falló a favor de la propietaria, pues Hssain Benikabour tenía una deuda desde que se terminó el contrato en octubre hasta julio, que subsanó de golpe para poder recurrir ante la Audiencia Provincial, algo que intentará hacer en septiembre.

Si esta vía no da resultado, todavía no sabe qué hara, pero tiene claro que no quiere marcharse de Cornellà. "Aquí han crecido mis hijos, han ido desde siempre a la escuela en Sant Ildefons", cuenta, pero tampoco puede asumir otro alquiler más alto, igual que no puede hacerlo el resto del vecindario, la mayoría familias con niños, muchos de ellos migrantes y afectados especialmente por la precariedad laboral.

"Un perfil" que, según denuncia la miembro del sindicat Roxana Severino, "no encaja" con el de los inquilinos que la propietaria quiere en sus inmuebles. Por su parte, los vecinos piden que se llegue a un acuerdo con la arrendadora, o bien que se les ofrezca la posibilidad de vivir en un piso de alquiler social.

Un problema generalizado

Los casos surgidos a raíz del suyo en estos dos bloques motivaron la creación de una comisión específica del Sindicat en Cornellà de la que forma parte Roxana, también afectada, en su caso por un desahucio en un inmueble de una pequeña propietaria. Conoció a Hssain en el Sindicat de Barcelona, y ambos empezaron a movilizar a los vecinos. Roxana dice que de momento no atenderán más casos hasta que se solucione este, pero en un futuro, cuando estén preparados, prevén recibir a más afectados.

El aumento de precios de compraventa y de alquiler que se ha producido en los últimos años en España, especialmente en Madrid y Barcelona, y que ha hecho saltar las alarmas por el temor al estallido de una nueva burbuja inmobiliaria, no ha afectado solo a las grandes ciudades, sino que también se ha trasladado, como es el caso, a los municipios limítrofes.

En Cornellà, el precio medio del alquiler se incrementó entre 2013 y 2017 en un 35%, según un informe del portal inmobiliario 'Fotocasa', que situó al municipio entre las diez localidades con mayor incremento de Catalunya. Un aumento de precios que, de no parar, puede desencadenar en este tipo de situaciones e incluso en desenlaces más trágicos que ya han tocado de cerca a la ciudad, donde en junio del año pasado un hombre se suicidó cuando iba a ser desalojado por la comitiva judicial.  

“Insistimos mucho en que los 'desahucios invisibles' tienen dos causas: que no hay regulación de precios, y por tanto no hay límite, y que la ley permite terminar un contrato sin ningún tipo de justificación”, sostiene Jaime. Algo que hace que la vivienda “no cumpla su función social”, sino “que tenga una función especulativa”.

El acceso a la vivienda en el Baix Llobregat

En la misma línea apunta el Síndic de Greuges de Cornellà, Joan Barrera, que el pasado mes de julio lanzó un llamamiento junto al resto de ‘síndics’ de la comarca y de L’Hospitalet a las administraciones públicas para que elaboraran un Plan de vivienda de manera urgente, a raíz del aumento de quejas relacionadas con la vivienda que habían recibido, y que el año pasado concentraron la mayoría de casos atendidos por la sindicatura en Cornellà

“En Cornellà se han incrementado mucho los precios de los alquileres por la presión inmobiliaria que hay en los municipios del entorno de Barcelona", asegura el 'síndic', que ve la explicación en que "aquí la gente tiene acceso a un alquiler mucho más accesible, con la comodidad de poder acceder a la capital fácilmente a través del transporte público”.

Según Barrera, esto “pone en evidencia que uno de los principales problemas de muchas familias del Baix y de L’Hospitalet es el acceso a la vivienda”, por lo que desde las sindicaturas piden "concertación" a las administraciones ante algo que consideran una "cuestión de emergencia social” que “no puede recaer exclusivamente sobre los ayuntamientos”.

“Debemos asumir que el derecho a la vivienda es un derecho social, por lo tanto hay que instar a una reforma de la constitución para que este derecho no recaiga sobre las administraciones, sino que sea un derecho subjetivo, como la sanidad y la educación”, añade el defensor del pueblo.

El papel de la Administración

El portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, asegura que cuando encuentran este tipo de situaciones en ciudades como Cornellà, "donde sabemos que las competencias de las administraciones locales son limitadas legalmente", lo que buscan es "que muestren voluntad de abrir vías de interlocución" y que "tanto sociedad civil como grupos políticos se posicionen por el derecho a la vivienda”.

Por ese motivo se reunieron con el Ayuntamiento de Cornellà, que, según Roxana Severino, “en un principio se ha mostrado dispuesto a colaborar” y está intentando mediar con la propietaria, con quien se vio a principios de mes, aunque sin ningún representante del sindicato delante y sin que hayan trascendido todavía los detalles del encuentro.

También aseguran haber visto predisposición por parte del resto de grupos políticos del plenario, ERC, Podemos y En Comú Movem, a excepción de Ciutadans, del no han recibido contestación. Ahora, esperan que el consistorio mueva ficha y ayude a encontrar alguna alternativa para estas familias.

Falta de vivienda de alquiler social 

Por su parte, el Ayuntamiento de Cornellà no ha contestado a las preguntas formuladas por este diario, a pesar de que fuentes municipales sí aseguran que la ciudad no dispone de vivienda social libre, pues "toda la bolsa está ocupada". "A mí me dijeron que tenía de 2 a 3 años de espera", apunta Roxana, mientras que Hssain dice que también intentó "pedir un piso de emergencia, pero me dijeron que había 900 familias esperando". 

El 'síndic' Joan Barrera cuenta que la falta de vivienda social "es una realidad" en Cornellà, igual que en el resto del Estado: "En España estamos a un nivel de un 1-2% de vivienda social, cuando la media europea está en el 12-3%".

Por el momento, las diez familias cornellanenses seguirán esperando una negociación. "Les hemos dejado claro que las familias están unidas y no se van a ir, porque la Ley permite su expulsión, pero no está por encima de los derechos humanos", sentencia Jaime Palomera. 

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