Un hombre se suicida durante un desahucio en Cornellà de Llobregat

El elevado coste de la vivienda ha resultado mortal este jueves para Jordi R.F. Este hombre, de unos 50 años, ha pagado el más alto precio que se puede abonar por una casa: su vida. El inquilino, que vivía con María, su actual pareja, se ha arrojado al vacío desde la ventana del piso 10º-2ª, la última planta, del bloque número 7 de la calle de las Camèlies del barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) cuando la comitiva judicial iba a desahuciarle por impago del alquiler. Los desalojos por no abonar los arrendamientos son, en estos momentos, una lacra social superior al de los impagos hipotecarios.

El  Ayuntamiento de Cornellà ya había remitido al juzgado tres informes sobre la situación de "grave vulnerabilidad" de la pareja. El consistorio “estudiará la posibilidad de emprender alguna acción contra el propietario del inmueble”, según ha declarado la teniente de alcalde de Educación y Política Social, Montse Pérez. El miércoles, un día antes de la fecha fijada para el desalojo, se envió al juzgado el tercer informe explicando “el grave riesgo de exclusión social” y solicitando de nuevo el aplazamiento.

"Se ha tirado, se ha tirado"

La víctima ya había sufrido tres intentonas para obligarle a dejar la vivienda. Jordi, electricista de profesión, vivía de alquiler, desde hace unos ocho años, junto a María. Los dos tenían nacionalidad española. Sobre las 10,30 horas la comitiva judicial, acompañada por los Mossos d’Esquadra, se ha personado en la vivienda para desalojarlos. Jordi les ha impedido el paso. En una segunda intentona ha respondido a la llamada, pero les ha pedido a las personas que aguardaban en el rellano que esperaran un momento antes de abrirles. Entonces, desde el interior del piso se han escuchado los gritos de María: “Se ha tirado, se ha tirado”.

En ese momento la hija de Antón, el vecino de la planta novena, estaba tendiendo la ropa y al asomarse ha visto el cuerpo de su vecino tendido en el suelo y, a su alrededor, un remolino de gente. Antón oyó a María verbalizar: “Cariño, cariño…” y ya no ha escuchado nada más. Poco después el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)  ha acudido al lugar de los hechos pero solo ha podido certificar el fallecimiento. Tras el suceso, María ha sido trasladada al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), con quien el Ayuntamiento tiene un convenio para derivar a personas en situación de emergencia, porque estaba en estado de shock.

Según un comunicado emitido este jueves por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el desahucio programado para este jueves, que se comunicó al Ayuntamiento de Cornellà, se acordó tras un juicio verbal por impago de alquiler. El propietario del piso había presentado una demanda en noviembre del 2017 denunciando que el inquilino acumulaba siete mensualidades sin que desde esa fecha haya constancia de que se haya producido otros abonos.

El pasado enero se notificó al inquilino la demanda interpuesta, pero la víctima no compareció ni solicitó abogado de oficio. El 13 de marzo, según el TSJC, se paralizó otro intento de desahucio y se notificó una nueva fecha para el 22 de marzo. Un día antes el hombre acudió por primera vez a los servicios sociales municipales, que informaron de la precaria situación de la pareja al juzgado, por lo que se volvió a paralizar la ejecución.

Críticas de la PAH

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, Lucía Delgado, ha asegurado que la muerte de Jordi no es un “suicidio, es un asesinato porque tiene que ver con la no acción en políticas de vivienda".

Delgado ha reconocido que la PAH de Cornellà no tenía constancia de este desahucio, y ha alertado de se producen unos 10 diarios solo en Barcelona. La portavoz de la entidad ha indicado que "no hay soluciones para las familias", por lo que es necesaria una solución y ha propuesto al Gobierno que levante la suspensión de la parte referente a la vivienda de la ley catalana 24/2015.

Los propietarios del piso

El piso donde iba a ser desahuciado Jordi formaba parte de la cartera de activos inmobiliarios dudosos Quasar que pertenece al Banco Santander (49%) y al fondo inmobiliario Blackstone (51%), según informa Max Jiménez Botías. La cartera estaba compuesta por activos del Banco Popular, adquirido por el Santander por un euro el pasado año. Luego la entidad que preside Ana Botín dio entrada al fondo estadounidense, que ha adquirido en España diferentes carteras de créditos y activos del ‘ladrillo’ de los bancos.

Fue el Popular quien inició el desahucio de Jordi y María por impago de la renta, pero posteriormente pasó la gestión del inmueble, como del resto de la cartera, a los ‘servicers’ (gestores inmobiliarios de la banca) Aliseda y Anticipa, que son quienes se encargan del día a día de los inmuebles.

Fuentes cercanas a Blackstone señalan que se le ofreció al inquilino del piso de Cornellà la salida de la vivienda mediante la condonación de la deuda impagada más la aportación de 2.000 euros para los gastos de traslado. Esa oferta fue rechaza por el arrendatario, con lo que el procedimiento de desahucio siguió en marcha, aunque fue interrumpido hasta tres veces por el juez para dar opción a que los servicios sociales de Cornellà a pudieran encontrar una alternativa, que finalmente no se produjo, con lo que el juzgado decidió llevar a cabo el desahucio.