Los vecinos de Rubí plantan cara a los 'desahucios invisibles': "Hay que luchar y moverse, de aquí no nos vamos"

Begoña Izquierdo lleva en su piso del barrio de Sant Jordi Parc, en Rubí, desde hace cuatro años. La urbanización, una de las zonas de reciente creación de la ciudad, empezó a cobrar vida hace unos diez años a raíz, precisamente, de la llegada de vecinos a los bloques de nueva construcción como en el que ella habita. Su piso está ubicado en uno de los dos edificios de viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler, que se ofrecían entonces a precios que giraban en torno a los 450, 500 o 600 euros, dependiendo de las condiciones.

Como ella lo hicieron otras 68 familias y vecinos, que vieron en esta una buena opción asequible para instalarse en esta localidad del Vallès Occidental, pero la sorpresa para ellos no vendría hasta años después. El pasado año y una vez vencido su contrato de tres años, Begoña recibió una carta de la empresa gestora del inmueble, Medasil Desarrollos, que compró los dos bloques en 2015 a La Llave de Oro, la empresa constructora. En el escrito se le detallaban las condiciones de renovación del contrato: su vivienda, por la que estaba pagando hasta entonces 675 euros, pasaría a costarle 825 euros.

El piso, de 90 metros cuadrados, está catalogado como VPO, por lo que el precio que ahora le pedían por él le parecía abusivo dadas las condiciones de este tipo de inmuebles protegidos y teniendo en cuenta que la media del alquiler en Rubí se sitúa en torno a los 625 euros, según el Sindicat del Lloguer. Como no quería dejar su hogar, Begoña dice que aceptó "la basura de condiciones que me ofrecieron” porque no podía hacer otra cosa, al igual que hicieron Cristian o Paula, otros dos vecinos afectados que renovaron en 2018.

No sabían entonces que su situación se iba a repetir en todas y cada una de las fincas que la empresa gestora, vinculada al fondo de inversiones Goldman Sachs, tenía en estos dos bloques; pero así fue. Tanto, que cuando empezaron a conversar entre ellos, los vecinos se dieron cuenta no sólo de que la problemática les estaba afectando o les afectaría a todos, sino de que existían además grandes diferencias entre sus contratos.

“Hay un vecino, que lleva viviendo aquí desde que se hicieron los pisos, que está pagando más de 90 euros por una plaza de parking, cuando el resto pagamos unos 50”, dice Noelia Moreno, otra de las vecinas afectadas. “Si no nos llegamos a reunir los vecinos en su momento no sabemos que hay quien paga 60 de comunidad, mientras otra paga 40 y yo estoy pagando 30. En ese momento nos quedamos alucinadas”, recuerda.

Los sindicatos de alquiler, una figura en auge

Fue a raíz de estas reuniones que se creó la comisión de vecinos del barrio y empezaron a organizarse junto al Sindicat del Lloguer de Rubí, una figura que nació en la ciudad a finales de año y que está cada vez más presente en los municipios del entorno metropolitano, a raíz de los efectos inmobiliarios que ha tenido la expansión de la gentrificación hacia las afueras de Barcelona.

Desde el principio, el sindicato ha unido las luchas de los vecinos de Sant Joan Despí, Santa Perpètua y Poblenou, afectados por el mismo problema con esta misma empresa. “En noviembre me llegó un ‘zasca’ en forma de correo anunciándome la subida; fue a partir de ahí cuando me enteré que había un sindicato -explica Noelia-. Fui y me dijeron todo lo que podía hacer, porque yo no tenía ni idea".

Esta forma de proceder es la que dificulta la negociación entre empresa y vecinos, cuya única interlocución, casi siempre unilateral, se produce por teléfono. “Normalmente, cuando vence un contrato, te envían un burofax o un mail y te dicen: esta es la propuesta de renovación, o la aceptas o tienes que dejar las llaves e irte. No hay ningún tipo de negociación”, describe Carlos Águila, uno de los portavoces del Sindicat del Lloguer de Rubí.

Subidas del 40% al 100% del alquiler

 Él ya sabe lo que es enfrentarse a estos gigantes, pues siguió de cerca la negociación con los vecinos de Sant Joan Despí. El procedimiento es siempre el mismo: al principio los precios se ajustan a lo tasado, hasta que llegan renovaciones “con incrementos del 20, 40 y hasta el 100% del precio del alquiler, lo que implica que estos pisos pasan a costar entre 700 y 1000 euros, un precio muy por encima del precio de mercado medio de Rubí, que en el tercer trimestre de 2018 era de 625 euros”, denuncia el portavoz.

A Noelia y a Montse Flores les venció el contrato el pasado 31 de diciembre, lo que les sucederá a 14 viviendas más este 2019. Estaban pagando 490 euros por un loft con una habitación, que les subió de un día para otro a 750,20 euros, incremento que no están dispuestas a asumir: “Seguimos pagando, pero al precio que lo estábamos haciendo. Hay intención de pagar por parte de todos, pero no lo que piden, queremos llegar a un acuerdo”, defiende Montse.

El suyo es un caso más, pero aseguran que hay quien está pagando hasta 1.020 euros por una VPO. Aunque son muchos los que se han plantado ante esta situación, todavía hay quien lo acepta, motivo por el que prevén seguir buscando más afectados para unirse en bloque. “La gente que viene de Barcelona o Sant Cugat paga este precio y nos pregunta que de qué nos quejamos porque está acostumbrada, pero es que estamos en Rubí, antes no quería venir nadie aquí y ahora con estos precios sí. Yo no me quiero ir, ni yo ni nadie, somos de aquí”, justifica Noelia.

Desahucios invisibles

Precisamente esta expulsión de vecinos de la zona centro de Barcelona hacia las afueras fuerza que se den estas situaciones, pues personas que han convivido desde siempre en la ciudad se ven obligadas a abandonarla. “Mis vecinos del rellano son de Barcelona, pero antes todo el mundo era de aquí o como muy lejos de Terrassa”, apunta Begoña. "Y lo malo es que los de aquí se han tenido que ir a otra ciudad después de estar en Rubí 8 años, con niños y todo”, añade Noelia.

"Familias con hijos han tenido que irse porque no podían asumir el alquiler; les echaron, son desahucios invisibles"

Ponen el ejemplo de una familia con dos hijos que tuvo que abandonar su inmueble porque entraron pagando 500 euros y terminaron pidiéndoles 1.100, coste que no podían asumir. “Les echaron, son 'desahucios invisibles'”, denuncia Noelia. Lo más sorprendente del caso fue cuando se percataron, días después, de que su vivienda estaba ofertada en un portal inmobiliario por 850 euros, menos de lo que les exigían en la renovación: “nos quedamos atónitos”.

¿Cuál es, entonces, la intención de la gestora? Estos pisos, cuyas condiciones de adjudicación y VPO no están claras, fueron construidos según Carlos Águila “con subvenciones a fondo perdido concedidas por la administración". Ahora, dice, "la empresa tiene viviendas nuevas, construidas con dinero público, que quiere vender a precio de mercado, haciendo un negocio un negocio redondo". 

Una pista de estas intenciones la dan los propios contratos que, en la mayoría de casos, “obligan a los vecinos a renunciar al derecho de adquisición preferente de la vivienda”, lo que indica que “ellos tienen vecinos alquilados ahí ya con la idea de echarlos en un futuro y vender estas viviendas”. Algo que no concuerda, sin embargo, con el caso que detallan los vecinos, pues según les ha asegurado la empresa su intención es volver a alquilarlos, pero a un precio más caro: “entonces, ¿Por qué no quieren alquilarlos a las mismas personas, que han estado pagando religiosamente? No sabemos cuál es su estrategia”, apunta Montse.

Más de 500 propiedades localizadas

Lo cierto es que estas subidas no son siempre justificadas por el precio del alquiler en sí. Suelen engordarse, cuentan, con la subida del precio de zonas comunes, como el trastero o el parking, o los gastos de comunidad y de IBI, a pesar de que este impuesto acumula dos años de rebaja en la ciudad. “Queremos revisar algunas condiciones y diferencias extrañas y saber qué cantidad de IBI se está pagando, porque la empresa cobra el que le parece y no informa a los vecinos”, asegura Carlos.

Tampoco saben en qué se invierte: "no sabemos qué cantidad se destina a limpieza, la puerta del parking está siempre rota, la de la entrada no funciona...", enumera Begoña. Además del más de centenar de afectados de Santa Perpètua, Rubí, Sant Joan Despí y Poblenou, desde el sindicato aseguran que han localizado unas 500 propiedades de la compañía y su intención es expandir el movimiento vecinal.

Así lo explica Carlos, que detalla que el plan es “ir a buscar a todos los inquilinos e inquilinas que tiene la empresa para informarles de la situación, porque estamos seguros de que esta forma de operar la están usando en todas partes, y seguiremos con las acciones colectivas hasta que acepten negociar unas condiciones y unos precios justos”.

Una movilización colectiva

Los vecinos insisten en llevar a cabo su demanda: una negociación colectiva y subida 0 del alquiler, conclusiones que aceptaron acordar y defender a raíz de la asamblea en defensa de los alquileres dignos celebrada en diciembre en el Casal Popular de Rubí. En aquel macroacto se sentaron las bases para esta lucha colectiva, que se trasladaron al Pleno municipal de ese mismo mes y que todos los partidos políticos municipales suscribieron, incluido el equipo de gobierno de Ana María Martínez (PSC).

Pese a ello, el consistorio anunció el pasado lunes que había abierto "una vía de negociación" con la empresa para tratar de manera individualizada cada caso, algo que, según los vecinos, contradecía lo acordado en el Pleno. "Nos reunimos una vez con la alcaldesa y parece que no se quedó con nada, porque ahora ha anunciado otra cosa y se ha reunido unilateralmente con la empresa sin que estuviéramos presentes", reclama Begoña. 

En 2017 se produjeron en el partido judicial de Rubí 256 desahucios, el 75,6% por contratos de alquiler

Según el portavoz del sindicato de inquilinos, el acuerdo anunciado fue un mero "contacto informativo", pues "la empresa se negó a negociar y simplemente transmitió sus condiciones", según supieron a raíz de una reunión mantenida esa misma tarde con la concejala de Servicios a las Personas y técnicos municipales. Además, y en aras de seguir buscando apoyo institucional, miembros del Sindicat y de la comisión se han reunido también con la Agència Catalana d'Habitatge, que se comprometió a determinar la legalidad de los contratos firmados.

Un compromiso que para los vecinos es insuficiente, pues tanto ellos como el propio consistorio reclaman al Govern que vaya más allá y que revise la normativa que regula las zonas de precios de protección oficial zonas de precios de protección oficia, que actualmente sitúa en la misma zona (A) que a Barcelona a localidades como Rubí y Santa Perpètua, provocando que el precio del alquiler suba desmesuradamente en estas ciudades. De hecho, Fotocasa situó a Rubí como el municipio catalán con mayor variación de precios en 2017 (19,7%), año en que en el partido judicial de la ciudad (que engloba Rubí, Castellbisbal y Sant Cugat) se alcanzaron los 256 desahucios, según datos publicados por el consistorio, el 75,6% provocados por temas de alquiler.

La justicia por su mano

Tras meses esperando una respuesta que parece no llegar, los vecinos de Rubí y Santa Perpètua se unieron el pasado jueves para llevar a cabo una acción colectiva: ocupar las oficinas de la empresa Medasil, en Barcelona. Así, acompañados por miembros del sindicato de inquilinos barcelonés y de otras poblaciones, se acercaron a la sede de la empresa –bajo el nombre comercial de B Capital Barners-, con la intención de exigir una negociación.

Tras las primeras reacciones y con mediación de los Mossos, consiguieron reunirse durante más de dos horas con el responsable de la compañía, Valentín Bascuñana, cuyo nombre figura como administrador único de la firma y está vinculado a una larga lista de empresas inmobiliarias, y de quien consiguieron arrancar finalmente un compromiso escrito para sentarse a negociar en los ocho días siguientes.

“Ahora dicen que tienen que ponerse en contacto con Francia y Alemania, que no depende directamente de ellos; no sabemos quién lo lleva y no nos han dicho nombres, pero está claro que tienen muchos recursos detrás”, señala Montse. “Nosotros no tenemos nada que perder; solo tenemos el poder del pueblo, del sindicato y de la gente que nos apoya”, defiende Noelia.

A la espera de un acuerdo

Tras el compromiso pactado con la empresa, los vecinos están ahora a la espera de que llegue esa reunión y de que consigan negociar las condiciones: “Estamos dispuestos a llegar a acuerdos y ambas partes tenemos que ceder, pero igual de duros que se mantuvieron ellos nos mantendremos nosotros”, defienden los vecinos. Pero el tiempo va pasando y los contratos van venciendo, algo que podría acarrearles consecuencias.

"Que hayamos conseguido una negociación no significa que estemos relajados;  seguiremos igual"

“Ayer nos dijeron que se habían tramitado las órdenes de desahucios, a modo de amenaza, o que eso creía él, porque tampoco estaba seguro”, incide Cristian Fenoy. No obstante, la empresa les anunció que eran ‘fáciles’ de retirar en caso de que se llegara a un acuerdo y que podrían estar paralizadas hasta entonces. “Dijo que no supondría un gran esfuerzo hacerlo, lo que nos dio un voto de confianza”, explica Montse.  

No obstante, Begoña asegura que los vecinos “seguiremos nuestro camino igual, que hayamos conseguido una negociación no significa que estemos relajados y tranquilos, tenemos que prepararnos para lo que venga”. “La propiedad piensa que la gente no puede asumir estas subidas, que estamos en situación de vulnerabilidad, pero nadie ha dicho que lo estemos”, dice Montse, una posición que mantiene el resto de vecinos, que simplemente se niegan a que “un fondo buitre" especule con sus viviendas exigiéndoles precios abusivos. 

Y mientras la casualidad y la picardía del azar hacen que concluya la conversación con Mónica Naranjo entonando el ‘sobreviviré, buscaré un hogar’ de fondo en la radio, Noelia reivindica que eso mismo es lo que harán: “esto es trabajo, desgasta, hay que luchar y moverse, pero buscaremos la manera", a lo que Montse añade algo que sí tienen claro: "que de aquí no nos vamos".

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