Una norma pionera permitirá a los municipios de Barcelona regular y multar malos olores

No existe normativa alguna a nivel europeo, estatal o autonómico que limite y sancione la denominada 'contaminación odorífera', la causada por el mal olor. Contrasta con la reglamentación sobre la polución atmosférica y el ruido que, pese a superaciones e incumplimientos, sí que establecen umbrales de emisiones máximas. La desregulación deja sin amparo al malestar de convivir con la peste: el Síndic de Greuges de Catalunya ha recibido 120 quejas y ha efectuado 80 actuaciones por episodios de fetidez en los últimos cinco años, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona contabiliza 717 reclamaciones por la misma razón desde 2019, con al menos una veintena de intervenciones de la Sindicatura de Greuges de la ciudad desde 2020.

Ante la "orfandad legislativa" que detecta, la Diputación de Barcelona ha elaborado un modelo de ordenanza reguladora de malos olores. La propuesta de código se pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia para que se doten de "un instrumento jurídico, a la par que técnico, en materia de control e inspección de contaminación odorífera y cubrir, así, el vacío legislativo existente", reza el decreto, aprobado a finales de abril y que apenas ha trascendido hasta ahora.

La Diputación alude a la "preocupación del mundo local" por la irritación que el hedor causa y que, advierte, va en aumento. El ente supramunicipal alega que la norma pretende brindar "control y solución" al "creciente número de incidencias en materia de contaminación odorífera". En ese sentido, sugiere imponer hasta 750 euros de multa por infracciones leves, eleva el castigo hasta 1.500 en casos graves y puede llegar a 3.000 euros de juzgarse muy graves. Aún más, la amonestación se dispara al doble del beneficio obtenido en el supuesto de que la pestilencia sea resultado de una actividad lucrativa, que puede ser precintada. El prototipo de reglamento agrega que es un ámbito "inexplorado".

Ley en camino

Por su parte, la Generalitat ha redactado un borrador de ley sobre contaminación odorífera en la última legislatura. Por el momento, ha quedado en el aire con el paréntesis abierto a la espera de que un nuevo ejecutivo releve al Govern en funciones. El Departament d'Acció Climàtica asegura que tiene el anteproyecto listo pero añade que "no ha habido tiempo para acabar la tramitación todavía".

En cualquier caso, la conselleria señala a los municipios y subraya que les compete afrontar los episodios de malos olores. "La idea del anteproyecto es ofrecer un marco regulador compartido y herramientas a los ayuntamientos, ya que muchas quejas nos llegan al departamento por inacción de los consistorios", reprocha. En cambio, la ordenanza tipo de la Diputación postula que aspira a cubrir la "falta de ejercicio de la potestad legislativa del Estado y la comunidad autónoma" y servir como protección frente a la peste ocasionada por "actividades potencialmente productoras de olores, tanto públicas como privadas", "infraestructuras" y las "provenientes de las relaciones de vecindad".

El único precedente de iniciativa legislativa supramunicipal para reglamentar y penalizar el mal olor en Catalunya suma ya casi 20 años. Fue un anteproyecto de ley elaborado por la Generalitat en 2005 y con amonestaciones que, en su grado más alto, podían ser de 90.000 euros. No pasó de ser un borrador que nunca entró en vigor. En 2016, el Parlament instó a incluir regulaciones en la futura ley de calidad ambiental para combatir el problema.

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Experiencias municipales

Sin una pauta común que los guíe, algunos ayuntamientos catalanes han instaurado su propia regulación o la están elaborando, como Sant Just Desvern anunció hace poco. Son más bien genéricas y no concretan con qué rasero se comprueba si se ha cometido una infracción.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí contempla multas de 151 a 300 euros por "emisiones contaminantes u olores molestos, con vehículos, motores o cualquier otra procedencia". Sant Adrià de Besòs interpreta que los olores molestos son los que se dan "fuera de horario" y son "persistentes en el tiempo", para los que prevé amonestaciones de 150 a 600 euros. El código de Vidreres, aprobado en enero, estipula hasta 3.000 euros como correctivo.

Parets del Vallès dispone de una ordenanza de malos olores desde 2021. Con mucho suelo industrial, la actividad de la fábrica de Danone era la que más molestias causaba. "Las quejas aumentaron cuando empezó a producir un yogur vegetal, cuya fermentación realizaba al aire libre", recuerdan fuentes del ayuntamiento. "Curiosamente, no hubo más problemas de malos olores una vez se publicó la ordenanza municipal, y eso que fuimos muy insistentes con la empresa en los años anteriores", subrayan las mismas fuentes.

Barcelona no la adoptará

De las denuncias por mal olor al Síndic de Greuges, un 38,8% responden a actividades industriales y un 37,8%, a la restauración. Le siguen los efluvios de alcantarillas o contenedores y los conflictos de convivencia vecinal, ambos con un 10,9%. Pese al vacío legal, fuentes del Síndic recuerdan que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia contenciosa administrativa han declarado que la contaminación por olores puede llegar a afectar en determinados supuestos al derecho a la intimidad domiciliaria de las personas".

No obstante, ¿qué se considera maloliente y qué no? Suele interpretarse como una percepción subjetiva y, por lo tanto, es difícil de cuantificar. La Diputación toma la "unidad de olor europea" como baremo objetivo. A su vez, fija unos límites a no rebasar y opta por el olfactómetro dinámico de campo como instrumento de medición.

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Concierne a cada municipio decidir si aplicará la disposición. El Ayuntamiento de Barcelona carece de una ordenanza particular sobre malos olores, aunque la de medio ambiente incluye una referencia "en términos generales", indica el consistorio a EL PERIÓDICO. En todo caso, el gobierno de Jaume Collboni no prepara por ahora una normativa específica y seguirá su protocolo actual, sin trasponer el reglamento de la Diputación.

De recibirse un aviso, la actuación habitual en Barcelona es efectuar inspecciones para instar a practicar correciones. "Hay pocas quejas de olores en la ciudad. Generalmente, proceden de la actividad de restaurantes y bares", apunta el ejecutivo municipal. La Sindicatura de Greuges de Barcelona se refiere también a percances con contenedores y el alcantarillado. Afirma que el consistorio siempre ha aportado soluciones tras sus resoluciones.

Municipios interesados

El Ayuntamiento de Terrassa, en cambio, declara "gran interés" en implantar la ordenanza de la Diputación para cubrir la ausencia de un código contra el hedor. "Es una regulación complicada y sin muchos referentes en otros municipios. Estábamos a la espera de esta ordenanza tipo", asegura el gobierno del alcalde Jordi Ballart, que gestionó 16 reclamaciones por olores y humos en 2023. El consistorio revela que la Diputación de Barcelona "dispondrá de tres olfactómetros de campo" para cederlos a los municipios.

La mayoría de ciudades de la provincia carecen de un marco regulatorio. Según ha respondido cada consistorio a este diario, Rubí ve adecuado incorporar el reglamento de la Diputación, Sabadell lo estudia, L'Hospitalet de Llobregat está pendiente de examinarlo y Sant Cugat lo ve con buenos ojos, si bien puntualiza que debe analizar cómo y cuándo se lo hace propio. El municipio vallesano ya concreta en su normativa las dimensiones de las chimeneas de la hostelería y la instalación de filtros en fábricas y establecimientos para reducir molestias por olores.

La concejal de Medio Ambiente de Badalona, Sonia Egea, ve una "oportunidad" en la propuesta de la Diputación "para dar respuesta a las preocupaciones vecinales". Considera que el modelo de ordenanza es "necesario" ya que, cuando el consistorio ha recibido alguna reclamación en este sentido, los técnicos municipales que han querido hacer seguimiento del caso "no disponen de valores de referencia, ni del equipo técnico necesario, ni del conocimiento adecuado de la metodología".

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