Collboni triplicará los inspectores para controlar la limpieza de las calles de Barcelona

La impresión de que la suciedad lastra las calles de Barcelona es uno de los problemas que descolla en la lista de preocupaciones de los barómetros de opinión. El alcalde Jaume Collboni se ha hecho acompañar por dos de sus tenientes de alcalde, Laia Bonet y Albert Batlle, para avisar este martes a las cuatro empresas concesionarias encargadas de la limpieza y la recogida de basura en la ciudad (FCC, Urbaser, Valoriza y CLD) que el ayuntamiento triplicará los inspectores encargados de supervisar el estado de la vía pública y comprobar si se ciñen a las condiciones del contrato, vigente desde que se empezó a desplegar en marzo de 2022. “El incumplimiento tendrá traducción en términos de sanción, no puede ser de otra forma”, ha advertido Bonet.

La primera teniente de alcalde ha concretado que, hasta ahora, “se ha hecho unas 600 inspecciones semanales” y que el nuevo gobierno monocolor del PSC pretende alcanzar las 1.800. El presupuesto dedicado a los controles crecerá de 1,2 millones a 2,2 millones de euros. Los castigos se estiman en 400 euros por cinco incumplimientos mensuales y 2.400 euros por 16 infracciones al mes.

Bonet ha indicado que el aumento de las supervisiones se hará “gradualmente” durante los próximos meses. No ha precisado cuándo se alcanzará el máximo previsto, pero ha asegurado que las revisiones comenzarán a incrementarse de inmediato. El consistorio destina ahora una treintena de empleados a examinar el servicio prestado por las compañías. La intención es que pasen a ser un centenar. El Ayuntamiento señala que se fiscalizará cambios de servicio no informados, reducciones en el número de miembros de cada brigada y si los contenedores están llenos o desbordados, entre otras anomalías.

Bonet ha comentado que en la reunión no se ha abordado cuáles son los puntos negros que requieren de más higiene, ni si se deben incrementar o reubicar contenedores. Tampoco se ha analizado el futuro del sistema de recogida puerta a puerta, que Collboni planteó modificar en campaña electoral. 

Aspirar a la "excelencia"

Bonet ha enfatizado que, más que precisar eventuales fallos o mejoras en el aseo del espacio público, el alcalde ha trasladado la “máxima exigencia” a las empresas para aspirar a la “excelencia” en la limpieza de la capital y revertir la nota deficiente que las encuestas le suelen otorgar. “Es una prioridad máxima. Necesitamos el máximo cuidado y que la percepción cambie”, ha subrayado la teniente de alcalde, que ha recalcado que el despliegue de la nueva contrata ya “se ha acabado”. Se introdujo en dos fases: comenzó en marzo de 2022 en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu y Sant Martí y se completó en septiembre del año pasado en Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó y Nou Barris.

“En fase de implementación, hay más flexibilidad, porque no han llegado todos los recursos, pero ya estamos en la consolidación del servicio. Necesitamos tensionar mucho más el cumplimiento de las obligaciones”, ha esgrimido Bonet. El anterior gobierno -en que los comunes gestionaban la cartera de limpieza viaria- detectó 64 incumplimientos, que conllevaron sanciones por valor de 40.400 euros. 

En cualquier caso, Bonet ha admitido que aún quedan vehículos adquiridos en la nueva contrata pendientes de llegar a Barcelona, por lo que aún se emplea maquinaria envejecida por el uso de la anterior contrata para cubrir necesidades. La concejal ha afirmado que las compañías han mostrado “compromiso” en asumir las demandas del ejecutivo.

El Ayuntamiento paga casi 300 millones anuales por la limpieza viaria y la recogida de residuos. El gobierno municipal ha acordado también con las empresas reforzar las brigadas de barrio con 18 trabajadores. Se añaden a los 50 operarios asignados al mismo cometido, centrado en "atender avisos y peticiones de limpieza" de la ciudadanía, explica el consistorio.