La sospecha de los denunciantes del 'caso Tersa': "La incineradora manipula datos y la Generalitat no los revisa"

Silvina Frucella y Enric Navarro sienten librar la batalla de David contra Goliat. Los dos representantes principales de la plataforma vecinal Aire Net pusieron a la Fiscalía sobre la pista en abril de 2018, mediante unos estudios de la Universitat Rovira i Virgili que hallaron presuntas emisiones excesivas de dioxinas cancerígenas en las proximidades de la incineradora de Tersa, en la linde entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Más de un lustro después, la Guardia Civil inspeccionó la planta esta semana y se llevó los registros originales de los niveles de contaminación que la empresa dispersó en los últimos años. Los investigadores buscaban los datos fidedignos después de que EL PERIÓDICO informara de que los listados que la Generalitat envió al juzgado con los resultados del monitoreo que efectúa contienen probablemente millones de mediciones erróneas. Las revelaciones reafirman a los denunciantes en sus sospechas de que el control sobre la central es deficiente.

“La nuestra no es una lucha solo contra la incineradora de Tersa, sino con las administraciones públicas que son propietarias [el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana] y el ente de control [el Departament d’Acció Climàtica]”, aclara Frucella, presidenta de Aire Net. “Sentimos que, en esta causa, han amparado sin reservas a la incineradora, en contra de la ciudadanía, y ahora vemos que en base a datos falsos”, reprocha.

“Es una información que avala nuestra denuncia de 2018”, prosigue Navarro, vicepresidente de Aire Net. La organización propició las pesquisas que llevaron a la Fiscalía a interponer una denuncia hace poco más de un año, por la que se investiga al concejal de Emergencia Climática de Barcelona, Eloi Badia, y el jefe de explotación de Tersa, F. R. G., por un supuesto delito ecológico. 

Navarro cree que ha llegado el momento de exigir ceses: “Es un hecho gravísimo que quien debe ejercer el control se quite esa responsabilidad y lo traspase a las empresas que deben ser controladas. ¿Qué garantía podemos tener de que no se están intentado ocultar y manipular datos? Ninguna. Es tan sumamente grave que habría que empezar a pedir dimisiones de los responsables”.

Escépticos con el Govern

Aire Net está personada como acusación particular en la investigación judicial en torno a Tersa, sacudida después de que la Generalitat se haya percatado de posibles equivocaciones gruesas por un descuido en la copia de los valores que aportó a la jueza instructora. La entidad es escéptica con la versión del fallo masivo al que el Govern se aferra. Rebaten que se sostenga como explicación plausible que disculpe cada uno de los índices desmesurados que aparecen en la documentación incorporada a la causa y absuelva de todo incumplimiento a Tersa. 

“La Dirección General de Qualitat Ambiental de la Generalitat se tomó dos meses para elaborar la información. No podemos pensar que, habiendo tenido tanto tiempo para prepararla, no se haya leído lo que ha presentado”, opone Frucella. “Puede haber habido errores, pero lo grave es que nadie revisara esa información”, afea Navarro. “Si con nuestras limitaciones de tiempo y dedicaciones, hemos descubierto posibles incumplimientos, ¿qué no pudo haber hecho la Generalitat con la cantidad de funcionarios que debería tener? No nos sirve la excusa de que tiene muchos datos”, zanja.

Aire Net ha buceado en los balances con las mediciones continuas de la actividad de la incineradora entre 2017 y 2021. Ocultas en una maraña de cifras, detecta fuertes oscilaciones repentinas, de un minuto a otro, y largas rachas con valores inamovibles tanto en las temperaturas de los hornos como en los caudales de aire. Advierte que no son resultados creíbles de acuerdo a los principios básicos de la Física y la producción industrial. 

“En nuestra opinión, no estaríamos hablando ya de errores, sino de una manipulación de los datos que Tersa envía a la Generalitat. El algoritmo con el que Tersa trabaja para medir la temperatura no es fiable y estaría siendo manipulado desde hace años”, acusa Frucella. “Prueba que ni Tersa ni la Generalitat miran los datos. Es injustificable”, se queja Navarro, que confía que la documentación que los agentes se incautaron tras más de 10 horas de batida en Tersa permita “investigar a fondo”.

La incineradora se dotó de unos filtros catalíticos en 2021 con los que asegura haber contraído la contaminación arrojada a la atmósfera. Aun así, Aire Net sigue viendo en la planta una amenaza para los vecinos que viven en las inmediaciones. “Lo más grave es que la Generalitat no verifica ni controla. Nos sentimos desamparados, desprotegidos y, en esta situación, no sabemos qué consecuencias puede tener sobre la salud”, expone Navarro. 

Frucella postula que la fábrica que quemó 337.490 toneladas de residuos en 2022 es “un riesgo por su actividad, opacidad, falta de integridad y falta de control de la Generalitat”. “No sabemos cuál es la realidad. Cuando la Generalitat venga con nuevos datos al juzgado y diga que esos sí son verdad, ¿por qué tendremos que creerlos?”, plantea.

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