Causa judicial

Las claves de la investigación abierta por la contaminación en la incineradora del Besòs

El caso, por el que un concejal del gobierno de Colau está imputado, se originó hace cinco años con la denuncia de una plataforma vecinal

El interior de la incineradora de residuos de Tersa, en Sant Adrià de Besòs.

El interior de la incineradora de residuos de Tersa, en Sant Adrià de Besòs. / DANNY CAMINAL

Jordi Ribalaygue
J. G. Albalat
Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juzgado de instrucción cinco de Badalona investiga la presunta emisión de partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales permitidos entre 2015 y 2019 en la planta de incineración de residuos Tersa, en el límite de Sant Adrià de Besòs y Barcelona. La causa está abierta a raíz de una denuncia que Fiscalía interpuso en marzo de 2022, aunque el origen se sitúa casi cuatro años antes. El concejal de Emergencia Climática y presidente de Tersa, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, F. R. G., figuran como investigados. Ambos han comparecido esta semana ante la jueza. Como ha adelantado El Periódico, la Guardia Civil registrará la incineradora.

¿Qué se incinera en Tersa?

La planta trató 337.490 toneladas de residuos en 2022, según datos de la empresa del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. La fábrica recibe desechos de la capital y su conurbación para reducirlos mediante combustión, con la que se genera electricidad y vapor. Se produjeron 192.958 megavatios hora de energía eléctrica y 122.632 toneladas de vapor que nutren una red que abastece de energía térmica a edificios del Fòrum y el distrito 22@.

Los residuos que arden provienen de los Ecoparcs de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet y la planta de trasvase de Gavà y Mercabarna. En síntesis, se queman residuos procedentes de hogares que se arrojan a la fracción de resto, es decir, al contenedor gris y que no tienen opción de ser reciclados.

No obstante, un dictamen pericial de la Guardia Civil advirtió que, al menos en 2017 y 2018, se fundieron residuos para los que la planta no disponía de autorización. Fueron “residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, medicamentos, residuos sanitarios, así como un pequeño porcentaje de residuos peligrosos”, enumera. Por su parte, la empresa sostiene que a sus instalaciones no llegan desechos de origen industrial ni acceden de forma indiscriminada.

¿Hay riesgo para la salud?

La denuncia que Aire Net presentó hace cinco años a la Fiscalía se amparaba en los estudios efectuados entre 2014 y 2017 por Josep Lluís Domingo, catedrático de Toxicología de la Universitat Rovira i Virgili. Tras analizar muestras de tierra y aire tomadas en las inmediaciones de la planta de Tersa, el experto concluyó que la presencia de dioxinas y furanos -dos sustancias cancerígenas- era mayor que en el entorno de otras plantas similares y que el riesgo de contraer cáncer para los habitantes de Sant Adrià de Besòs era “entre tres y cuatro veces superior”.

Tersa y el Ayuntamiento de Barcelona replicaron con otros estudios, como uno del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que sostuvieron que las concentraciones de dioxinas eran bajas. En casos de índices algo más elevados, apuntaron que la causa pudo ser el tráfico de vehículos. La incineradora del Besòs se halla muy cerca de la ronda Litoral.

En sus informes, la Guardia Civil alerta que la inhalación de partículas contaminantes pueden provocar asma, mal funcionamiento de los pulmones y aparición de problemas cardíacos. Añade que dioxinas y furanos pueden ser motivo de lesiones cutáneas y alteraciones hepáticas a corto plazo, mientras que a largo término puede causar cáncer, diabetes, daños neurológicos (como desorden en el aprendizaje y el comportamiento), deterioro en el sistema reproductivo (pérdida de esperma, defectos de nacimiento y disminución de las hormonas sexuales masculinas), disminución de la respuesta inmune, endometriosis y trastornos endocrinos. En 2018, un informe de la Agència de Salut Pública de Barcelona no detectó una mortalidad por encima del resto de la ciudad en los aledaños a la incineradora.

¿Qué se investiga?

El meollo del asunto es si la planta se excedió en las emisiones de partículas y sustancias contaminantes entre 2015 y 2019, exponiendo la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto “riesgo grave”. La Fiscalía se dirige contra Badia y el jefe de explotación por tolerar presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental al ser los máximos responsables de la gestión de la compañía.

La tesis del Ministerio Público, la Guardia Civil y la acusación ejercida por Aire Net es que la incineradora contaminó presuntamente de más al quemar basuras en numerosas ocasiones por debajo de 850 grados centígrados. Se trata de la temperatura apta para descomponer los desperdicios y minimizar la expulsión de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Resulta central en la investigación esclarecer si el algoritmo que sirve de base para calcular la temperatura para quemar los residuos estaba homologado y si se ajusta a los parámetros legales. Tersa defiende la validez del método y asegura que cuenta con aval de la Generalitat. En sus últimas estadísticas, señala que se halla muy por debajo del tope permitido de emisión de contaminantes. Por su parte, representantes del Govern han testificado en el juzgado que la planta no infringió los límites de emisiones fijados.

¿Cuál es el futuro de Tersa?

El Área Metropolitana previó en un compromiso por el residuo cero sellado en 2019 que uno o dos hornos de los tres de la incineradora cerrasen en 2025. En todo caso, el desmantelamiento quedaba supeditado a cumplir los objetivos de reciclaje.

La Unión Europea estipula que, de aquí a menos de dos años, se debería alcanzar un 55% de la tasa de recogida selectiva. Aunque ha subido casi cuatro puntos porcentuales en los últimos cinco años, Barcelona y su conurbación reciclan el 39,3% de la basura, aún lejos de la meta.