Batalla sectorial
Controversia por la eliminación de descuentos en los taxis contratados vía apps como Free Now
Radiografía de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2023
Las medidas aprobadas por el Govern que evitaron una huelga durante el Mobile World Congress
Competència defiende que las empresas de intermediación como Free Now y el precio público regulado son actividades "complementarias pero distintas" y asegura que la erradicación de bonificaciones "perjudica a los usuarios"
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
Carlos Márquez Daniel
La aprobación de los presupuestos del Govern, el pasado viernes, lleva asida una ley de acompañamiento que, entre muchas medidas, trae novedades para el sector del taxi, concretamente para la ley que regula el gremio y que fue redactada en 2003. Tal y como ya se anunció semanas atrás, la Generalitat ha blindado la tarifa metropolitana de Barcelona y ha vetado la posibilidad de aplicar descuentos y bonificaciones a lo que marque el taxímetro, una maniobra reclamada por los taxistas para aplacar las prácticas empresariales de compañías de intermediación como Free Now, que ha criticado con dureza la decisión de la Generalitat. También la Autoritat Catalana de la Competència (Acco), que a través de un comunicado considera que esta decisión "perjudica claramente a los usuarios de este servicio".
Free Now ha sido algo más suave que la propia Acco en sus apreciaciones. La empresa, con presencia en varios países, ha anunciado su intención de iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que han votado a favor de la modificación de la ley para tratar de "alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes". A su modo de ver, la eliminación de descuentos y bonificaciones "vulnera la libertad de empresa de los taxistas, reconocida en el artículo 38 de la Constitución, además de los principios de igualdad y proporcionalidad". La firma también recuerda que en la capital catalana cuenta "con más de 4.000 taxistas que trabajan cada mes con la aplicación", una transparencia en los datos que contrasta con la habitual opacidad de Cabify o Uber, que nunca han querido compartir información sobre los vehículos que tienen o tenían operando en Barcelona a través de licencias VTC.
"Desproporcionado"
La Acco considera que la modificación del reglamento "no es necesaria ni proporcional, y deviene muy negativa en términos de competencia". Encorsetar la política de precios, según este organismo, "comporta un grave perjuicio en el bienestar de las personas consumidoras y usuarios de los servicios de taxi contratados a través de la mediación, ya que no podrán beneficiarse de los mejores precios gracias a determinadas políticas comerciales".
En opinión de la Autoritat Catalana de la Competència, "el mercado de los servicios de taxi y el de la mediación en la contratación y comercialización de los mismos, si bien están estrechamente relacionados, conforman dos sectores de actividad diferentes, sometidos a regulaciones distintas", un argumento que también Free Now ha defendido en el pasado, alegando que son una plataforma tecnológica y que los suplementos respondían a la gestión a través de la plataforma.
El "interés general"
Es decir, que una cosa es el sector público regulado y otra muy distinta, el "mercado libre" en el que, según la Acco, operan las compañías de intermediación de taxi. Por todo ello, la Acco considera que la decisión de meterlo todo en un mismo saco regulatorio "establece una grave restricción en la política comercial de las empresas de mediación, sin que se acredite la existencia de una razón de interés general".
No es la primera ni la segunda ni la tercera vez que la Acco comparte un dictamen sobre el sector del taxi. En el pasado ya se posicionaron en contra del reglamento del Govern que supuso la práctica desaparición de las VTC de Barcelona y también tienen abierto un expediente sancionador contra Élite Taxi, la asociación líder del sector, por, presuntamente, boicotear el regreso de Uber a la capital catalana.
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