La Autoritat Catalana de la Competència repudia el decreto del Govern que guillotina las VTC

Era cuestión de tiempo porque los antecedentes destilaban un cierto aroma de 'déjà vu'. La Autoritat Catalana de la Competència (Acco), a través de un comunicado, ha compartido su rechazo al nuevo decreto del Govern que regula la actividad de las licencias de alquiler de vehículos con conductor, conocidas como VTC. El ente considera que la normativa, que este miércoles pasa su trámite parlamentario y entra en vigor en octubre, es "contraria a la competencia y persiste en la ineficiencia regulatoria". A través de un extenso informe de 25 páginas, la Acco concluye que las exigencias de longitud mínima de 4,90 metros o que los coches hayan realizado un mínimo de 100 servicios durante el último año son "medidas que perjudican a consumidores y usuarios". El dictamen llega el día en que los conductores de VTC (50 personas a pie y unos 40 más en sus automóviles) se han manifestado por las calles del centro de Barcelona. En marcha lenta, como los taxistas, pero con un mensaje completamente opuesto.

Se repite la historia de principios de 2019, cuando el Govern, con Damià Calvet como 'conseller' de Territori, aprobó un decreto que obligaba a contratar las VTC con 15 minutos de antelación, prohibía a las empresas captar clientes por las calles y eliminaba la geolocalización de los coches. Competència puso el grito en el cielo y dio algo de oxígeno al negocio. Pero al ser un análisis no vinculante, la Generalitat siguió adelante. Parece que ahora se repetirá la misma historia, porque los argumentos son muy parecidos a los de hace tres años. El nuevo decreto se aprobará gracias al PSC, que a cambio de su voto favorable ha exigido incorporar la condición de los 4,90 metros de longitud mínima.

El Govern devuelve las VTC a su negocio clásico de servicios privados exclusivos

"Restricciones injustificadas"

Pero hay más novedades: se otorgará la licencia a las VTC que hayan estado operativas durante el último año (con un mínimo de 100 servicios) y con un vehículo asignado, los conductores deberán acreditar como mínimo dos años de carnet y los nuevos coches deberán tener distintivo ECO o O de la DGT. Todo ello, según la Acco, "restricciones injustificadas a la competencia". Pero no queda ahí la cosa. Añade: "Estableces unos requerimientos tanto para acceder al mercado como para ejercer la actividad absolutamente contrarios a los principios de buena regulación económica de los mercados".

Competència considera también que el decreto "reduce la libertad de elección de tipología de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas", lo que, a su modo de ver, no permitirá que los usuarios se beneficien "de las presiones competitivas tanto en términos de precio como de calidad del servicio o innovación". Más allá de sus consideraciones, la Acco advierte de que la nueva normativa puede terminar en los juzgados, puesto que los postulados del decreto "pueden resultar contrarios a la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".

Proporcionalidad

Pero más allá de la legislación, considera que la actuación de los poderes públicos con capacidad normativa "tendría que propiciar un entorno de mercado que posibilitara el desarrollo de la actividad, reconociendo derechos y obligaciones equivalentes a los diferentes operadores, de manera que las limitaciones legales para operar respetaran los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y de mínima distorsión". Todo ello, prosigue el resumen de su informe, "tanto en beneficio de las personas consumidoras y usuarias de estos servicios como de la ciudadanía en general, en términos de congestión y contaminación".

La protesta de trabajadores, convocada por el Sindicato Libre de Transporte, se ha centrado en un solo mensaje: los puestos de trabajo que se perderán, que según los propios afectados, serán unos 2.500: entre 1.000 y 1.500 directos y otro millar de indirectos (talleres y proveedores). Josep Díaz, presidente del comité de empresa de Prestige&Limousine, empresa a través de la opera Cabify, ha explicado que el 95% de las VTC no podrán circular cuando entre en vigor el decreto. El problema principal, la longitud mínima, requisito que esperan que termine en los juzgados y que sea finalmente derogado. "La empresa puede decidir que nuestros coches vayan a trabajar a Sevilla, pero nosotros nos quedaremos aquí, sin trabajo, porque somos el eslabón más débil", ha resumido.

¿Se queda?

El decreto de 2019 supuso el adiós de Uber de Barcelona. Cabify siguió operando (son ya 10 años) y tiene la intención de mantenerse después de la aprobación de la nueva reglamentación. A través de un comunicado, la empresa asegura que está "analizando distintas opciones" para seguir en la capital catalana. La compañía sostiene que las VTC evitan la circulación de 350.000 vehículos privados al mes en la ciudad y su entorno metropolitano y recuerda que el 70% de los coches conectados a la red Cabify llevan el distintivo ECO o = de la DGT. La empresa asegura, además, que la normativa pone en peligro las inversiones previstas para los próximos años en materia de alquiler de vehículos con conductor. En su caso, en los próximos tres años, tenían previsto impulsar mejoras por valor de 150 millones de euros.