Barcelona salva las restricciones a bares y tiendas en el Eixample a cambio de una revisión en un año

El Eixample se ha librado este viernes de vivir angustiado hasta el 11 de marzo. Ese día se levanta la moratoria que impide desde hace casi dos años que se otorguen más permisos para negocios de hostelería, locales de ocio nocturno y súpers de 24 horas en el distrito más poblado de Barcelona. El desencuentro que los dos socios de gobierno, Barcelona en Comú y PSC, han protagonizado en las últimas semanas había dejado en el aire el reglamento para poner coto a la proliferación de establecimientos abocados al turismo y el ocio, que ya pueblan algunas calles de los barrios céntricos de la ciudad. De no implantarse antes de disiparse el veto vigente hasta el mes que viene, planeaba la amenaza de que más vías fueran invadidas por bares y establecimientos nocturnos sin que mediara freno alguno y se perturbara el descanso de los vecinos y la supervivencia del comercio tradicional.

Sin embargo, los movimientos tácticos de ERC y Junts de esta semana han alentado un punto de encuentro para que las fuerzas del bipartito de la alcaldesa Ada Colau aparcaran diferencias. A petición de los republicanos, el protocolo será reexaminado de aquí a un año por si cabe introducir cambios. Así, la resolución de las controversias se aplaza para que entre en vigor el plan de usos comerciales del Eixample que embarrancó hace una semana, no sin evidenciar que la confrontación entre comunes y socialistas se ha ahondado a menos de cuatro meses de las elecciones municipales.

Tras varios días chocando sobre qué calles debían ceñirse a las restricciones más estrictas, Barcelona en Comú y PSC han votado juntos a favor de un reglamento que no contiene ninguna diferencia respecto al que se retiró el viernes pasado antes de ser desechado. No obstante, incorpora un matiz a petición de ERC, clave para entender el desenlace del embrollo. Los republicanos han brindado su apoyo con la condición de que se revise en un año el resultado de las limitaciones en el barrio de Sant Antoni, donde se han concentrado las divergencias entre los integrantes del gobierno municipal.

El acuerdo alumbrado a contrarreloj antes del pleno forzado por Colau este viernes no ha evitado que las discrepancias entre el partido de Colau y el PSC se hayan entrevisto de nuevo. La teniente de alcalde socialista Laia Bonet ha atribuido irresponsabilidad a los comunes por someter a votación la normativa hace una semana "sin tener los votos para aprobarla" y a riesgo de ser desestimada.

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (Barcelona en Comú), ha sostenido que su formación no se ha rendido para que "ninguna calle, ningún rincón ni ninguna esquina de Sant Antoni quede desprotegida". La concejal ha rematado dando la "bienvenida" a los socialistas porque "ha vuelto al consenso", ha dicho. ERC ha reprochado a los integrantes del ejecutivo que fueran "incapaces" de sellar una entente y Junts ha hablado de un "gobierno fracturado y dividido". 

La abstención de Junts

Además, Junts se ha abstenido, a cambio de que se invierta en proyectos culturales y el tejido comercial de calles que juzga decaídas en Sant Antoni, tal como reclamó este jueves. El ruego de los posconvergentes, aceptado de inmediato por los comunes, permitió asegurar la aprobación del plan de usos y que los socialistas se avinieran a conceder su sostén. En cambio, Cs, PP y Valents se han opuesto a unas cortapisas que creen demasiado uniformes para contener el aumento de bares y restaurantes, tiendas de alimentación con espacio de degustación, locales musicales y comercios de autoservicio y de conveniencia que pueden abrir por la noche.

Con el plan de usos ratificado, el Eixample se dota de una norma con dos baremos de limitaciones, uno más riguroso que el otro. El más severo se extiende por los futuro ejes verdes de la supermanzana del Eixample -en las calles de Consell de Cent, Girona, Rocafort y Comte Borrell-, en calles ya remodeladas para reducir el paso de tráfico -algunas de ellas ya con decenas de restaurantes y terrazas, como la calle Enric Granados y la avenida Gaudí- y en todo Sant Antoni. 

En esos casos, no se permiten más bares, discotecas o badulaques si ya existen cinco en un radio de 50 metros. Si se les autoriza a instalarse, los negocios a los que se aplica el reglamento deben estar separados por 25 metros de distancia entre unos y otros. En el resto del distrito, se tolera un máximo de 20 establecimientos regulados por la norma a 100 metros a la redonda. El criterio es bastante permisivo: para hacerse una idea, cada travesía de Consell de Cent mide poco más de 100 metros de una esquina a otra y alberga entre 20 y 30 locales en una acera y otra. 

El pulso por Sant Antoni

Sant Antoni ha sido el principal motivo por el que Barcelona en Comú y PSC se han enzarzado en las últimas semanas a cuenta del proyecto de restricciones. El barrio cuenta con un plan comercial propio desde 2018, que pone condiciones a los mismos establecimientos ahora regulados en todo el distrito. No obstante, los socialistas han sostenido que no todas las calles de la zona deben regularse igual. Argumentan que hay vías con bajos cerrados. Por el contrario, los comunes han defendido que las limitaciones deben ser uniformes para prevenir que la acumulación de negocios no se disemine por más zonas de Sant Antoni.

La calle Sepúlveda ha escenificado la controversia entre ambos socios. Los socialistas han propuesto que esa vía y sus travesías quedaran al margen de la regulación más dura. Los comunes han rechazado la sugerencia. Al final, Sepúlveda queda como está, con un nivel alto de limitaciones. Probablemente, la discusión se reabrirá cuando el reglamento se evalúe otra vez a principios de 2024, ya en un nuevo mandato tras los comicios del próximo 28 de mayo. 

Los comunes sí cedieron aceptando que se distinguiera entre dos grados de regulación, tras haber propuesto que fuera homogénea para todo el Eixample. También transigieron excluyendo las calles Bailèn, Bruc y Roger de Llúria del sector más protegido, mientras que los socialistas aceptaron que el paseo de Sant Joan se clasifique entre las vías con un control estrecho.