Colau retira el plan de restricciones a bares y tiendas del Eixample en el último suspiro para evitar una derrota

El enfrentamiento abierto entre los dos integrantes del gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha puesto en riesgo hasta el último instante la regulación para poner coto a la proliferación de bares, discotecas y 'súpers' de 24 horas en el distrito del Eixample. Barcelona en Comú y el PSC han mantenido las desavenencias que han protagonizado a cuenta del plan de usos comerciales y, lejos de tender puentes, el desencuentro ha persistido. A la vista de que se iban a quedar solos votando a favor y de que el plan de usos no iba a prosperar, los comunes han dado un giro en el último instante y han retirado el punto del orden del día para evitar que la medida fuera enterrada.

El resultado es que el reglamento queda en el aire, si bien la disputa certifica la fractura del ejecutivo municipal a tres meses de las elecciones municipales. Los miembros del bipartito municipal confrontan modelos difícilmente conciliables para el distrito más poblado de Barcelona.

Vecinos del Eixample temen más bares y tiendas por la disputa en el Gobierno Colau

Colau ha criticado a sus aliados en el ejecutivo y ha señalado al hasta ahora 'número dos' del gobierno y alcaldable socialista, Jaume Collboni. "Es insólito que, en la misma semana que el primer teniente de alcalde anuncia que deja el ejecutivo, el PSC vote en contra de una propuesta de gobierno consensuada con las asociaciones", ha reprochado la edil, que ha achacado "nervios" a sus socios por la inminente campaña electoral.

En cambio, la teniente de alcalde socialista Laia Bonet ha asegurado que anoche cerraron un preacuerdo con Barcelona en Comú para aliviar restricciones en vías del entorno de la calle Floridablanca. Según el PSC, los comunes se han desentendido esta mañana. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (Barcelona en Comú), ha negado que aceptaran la sugerencia, que ha tachado de "mercadeo de calles" y contraria a las demandas de colectivos vecinales.

Riego de masificación

De no refrendarse el proyecto, el Eixample se expone a una posible avalancha sin freno de peticiones de negocios que amenazan con desplazar el comercio tradicional, encarecer alquileres e incrementar las molestias por ruido y masificación. El veto en la concesión de licencias acaba el 11 de marzo, cuando ya no se podrá prorrogar y se levantará la veda para solicitar permisos de las actividades que el ayuntamiento no ha logrado regular esta mañana.

Colau ha avanzado que convocará un pleno extraordinario, que no quiere que se atrase más allá de la semana que viene. Sanz sostiene que no puede demorarse más sin riesgo de no llegar a tiempo al fin de la moratoria, porque la publicación del anuncio para que el reglamento entre en vigor puede tardar entre 20 y 25 días. La concejal ha vaticinado que el borrador de la norma apenas variará más. "Dudo que cambien mucho las cosas en el documento", ha reconocido.

Disputa dramática

La discusión ha sido dramática esta mañana en el consistorio. Los componentes del bipartito se han intercambiado reproches sin reparo, con los vecinos del Eixample -que han desplegado una gran pancarta clamando por un acuerdo- y la oposición como testigos. "Está en juego la vida de los barrios. Si no lo aprobamos, cometeremos un error mayúsculo", ha alertado Sanz, dirigiéndose al PSC.

La réplica de Bonet ha sido de órdago. "Los comunes han jugado a enfrentar. Ya basta de enfrentar a comercios y vecinos. Ya basta de inventar 'lobbies' en cada esquina", ha espetado la teniente de alcalde a sus socios. La dirigente del PSC ha afeado al partido de Colau de pretender "apropiarse de la voz de los vecinos". "No secuestren el futuro con ideología ni jueguen con el miedo", ha instado Bonet, que ha enfatizado que "nadie quiere un alud de bares" en el Eixample. "Pero no podemos asumir que haya una regulación homogénea en todo el Eixample. Tiene calles con muchas persianas bajadas, y tenemos que hacer compatible el descanso de los vecinos con actividades en los barrios", ha postulado.

En cambio, Sanz ha recalcado que los comunes han cedido en aras del consenso. Ha insistido en varias ocasiones de que no queda más margen para sondear un acuerdo para que las restricciones entren en vigor antes de que se levante la suspensión de permisos. El PSC y la oposición han solicitado que el debate se pospusiera. Los socialistas creen factible seguir conversando a lo largo de febrero para formalizar un pacto en el pleno de finales del mes que viene. Cuando ya el plan iba a recibir la puntilla, los comunes han transigido aplazando la votación.

Discrepancias sin disimulo

En las últimas semanas, el plan de usos comerciales se ha convertido en el tablero donde se han expuesto sin disimulo las discrepancias entre comunes y el PSC al frente del gobierno municipal, cada vez más distanciados a medida que se acercan las elecciones municipales del 28 de mayo. Ambos partidos ya disintieron hace un año, cuando los socialistas juzgaron demasiado prohibitivo el primer borrador que los comunes tramitaron para limitar la apertura de una quincena de clases de negocios en todo el distrito. A la vista de que el proyecto se encaminaba al fracaso, las formaciones de Colau y Collboni negociaron modificar el protocolo, en que los comunes rebajaron parte de sus pretensiones. 

Hace dos semanas, comunes y socialistas anunciaron un acuerdo que debía permitir que el plan de usos se implantara. En esencia, reducía los tipos de establecimientos regulados a cinco, eliminaba en gran parte los requisitos de superficies y distancias entre nuevas tiendas y, sobre todo, establecía dos escalas de cortapisas: la más expeditiva acota que, a contabilizar a partir de nuevas aperturas, no haya más de cinco establecimientos regulados en un radio de 50 metros y no más de 18 a 100 metros a la redonda, todas ellas con 25 metros de separación entre medio. En el supuesto de superar ya esos topes, no se podrán instalar más locales de hostelería ni los demás que figuran en el reglamento. En la categoría más laxa, se toleran hasta 20 actividades regidas por la norma en un radio de 100 metros.

Sanz y Bonet comparecieron juntas para oficializar la entente, que parecía contentar las demandas de los socialistas y salvar la regulación a cambio de suavizarla. Sin embargo, el PSC se desmarcó días más tarde, cuando acusó a sus socios de engañarlos e incumplir el plan, al incluir más calles de las comprometidas en el nivel estricto de limitaciones. Los comunes atribuyeron el viraje a "presiones de un lobby", que Sanz identificó con organizaciones gremiales asociadas a la patronal comercial Barcelona Oberta.

Un pulso acérrimo

Desde entonces, el pulso se ha dirimido en cuantas zonas y calles deben ser protegidas de un eventual riesgo de ser monopolizadas por negocios abocados al turismo y el ocio, que releven a las tiendas de productos básicos. Los socialistas han postulado que debía intervenirse con "cirugía fina" para no asfixiar la creación de nuevos comercios. Abogaban porque las restricciones severas se ciñeran a 11 vías. En los contactos de los últimos días, las han ampliado a 14: Consell de Cent, Rocafort, Girona, Comte Borrell, Enric Granados, Mistral, Ribes, Gaudí, Tamarit, Parlament y Aldana, a las que esta semana ha añadido paseo de Sant Joan, Marquès de Campo Sagrado y Manso. 

En cambio, los comunes han blandido que era imprescindible mantener un veto estrecho en el barrio de Sant Antoni y los aledaños de la calle Girona para evitar una “barra libre” que aplaste al comercio tradicional. Barcelona en Comú ha optado en los últimos días por excluir tres calles (Bailèn, Bruc y Roger de Llúria) del régimen estricto de restricciones. Sin embargo, ni los ruegos de las asociaciones vecinales y comerciales ni los cambios de última hora han bastado para cicatrizar la división entre comunes y PSC, que se han concedido una nueva prórroga para tratar que sus diferencias no desemboquen en un fiasco para el Eixample.