La Diputación de Barcelona busca cajeros sin comisión para 100 pueblos

El declive de los servicios bancarios se ceba con especial saña en los pueblos. El cierre de centenares de oficinas bancarias en los últimos años ha convertido la rutinaria operación de extraer efectivo en una odisea a la práctica para los vecinos de decenas de municipios poco poblados, desprovistos de repente de sucursales y cajeros automáticos. Solo en la provincia de Barcelona, los bancos han pasado de disponer de 3.340 oficinas en 2015 a 1.429 en septiembre de 2022, un 57,2% menos, según estadísticas del Banco de España. 

La Diputación de Barcelona sacará a concurso en las próximas semanas la contratación de cajeros móviles para que, mediante unas oficinas en unidades móviles, se desplacen a 100 localidades carentes ahora de cabinas para obtener dinero en metálico. Una de las condiciones para ganar opciones de cara a la adjudicación es que quien puje ofrezca terminales con comisiones muy bajas o exentas de coste añadido para quienes las usen.

“Queremos garantizar que la comisión sea cero o la más baja posible. En todo caso, que no sean desorbitadas”, sostiene el diputado de Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Marc Verdaguer. La Diputación trata así de esquivar que los 'ofibuses' con cajero de los que se dote graven a los vecinos de pequeñas localidades con unas cuotas altas. El organismo calcula que abonará unos 200.000 euros por año por las máquinas.

En contraposición, los importes tienden a ser elevados en las transacciones de las terminales que el Ayuntamiento de Barcelona ha promovido en mercados (instalados por el Santander), quioscos (operados por Euronet) y estaciones de metro (dependientes de Cardtronics). El coste varía según la entidad del usuario, pero penaliza en especial a quienes poseen tarjetas de crédito de los gigantes del sector bancario español (Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell). Los cajeros del Santander exigen el pago de 2,95 euros para quienes no son clientes del banco; las máquinas de Cardtronics recaudan el mismo importe a los clientes de los cuatro grandes, mientras que en el caso de Euronet se encarece a 3,95 euros.

Límite a los 'multimarca'

El coto que la Diputación pone a los recargos limita las opciones de que los operadores de cajeros 'multimarca' -identificados con las siglas ATM- se presenten al proceso de licitación. “No se excluye a nadie y estas empresas se pueden presentar, pero tendrán que adaptarse al pliego de cláusulas. Si presentan una propuesta con comisiones elevadas, tendrán menos puntos”, esgrime Verdaguer.

La Diputación también concederá más nota a las ofertas que brinden atención personalizada. “Hay que tener en cuenta que es un servicio dirigido sobre todo a gente mayor”, recalca el diputado.

Los cajeros móviles recorrerán municipios con menos de 5.000 habitantes y sin ningún cajero en servicio. Verdaguer estima que los 'ofibuses' harán parada cada 15 días de promedio en cada pueblo adherido. En todo caso, la frecuencia de paso dependerá del número de habitantes; es decir, acudirá con más regularidad a las localidades más pobladas. La Diputación espera que el servicio entre en funcionamiento hacia el final del próximo verano.

La institución identifica que la desertización bancaria se agrava en municipios alejados de la conurbación de Barcelona. Ocurre sobre todo en localidades de Berguedà, Bages y Anoia. “Es una demanda frecuente en pequeños municipios, preocupados sobre todo por sus mayores, que se tienen que desplazar a poblaciones a 20 o 30 minutos para sacar dinero”, comenta Verdaguer. 

Local a la espera

Uno de los municipios que echa en falta un cajero es Figaró-Montmany, en el Vallès Oriental y donde 1.108 personas residían en 2022. Ya hace más de un año que la única oficina, en manos del BBVA, echó el cierre. El alcalde, Ramon Garcia, explica que el ayuntamiento alquiló el local tras marcharse el banco y lo reformó a la espera de que, por la vía que fuera, se recuperara una terminal. 

“Hicimos toda la instalación, pusimos cámaras de seguridad y fibra óptica, aprovechamos para poner a nuestros guardias municipales… Nos movimos para conseguir como mínimo un cajero automático y hablamos con el BBVA y el Santander, pero nos costaba 15.000 euros por año. El ayuntamiento tiene un presupuesto de 1,4 millones, así que no era lo más adecuado. Además, el BBVA nos dijo que habría comisión”, aduce Garcia.

Desde que se clausuró la sucursal, los residentes en Figaró-Montmany deben trasladarse a La Garriga -a cuatro kilómetros de distancia- o a Aiguafreda -a seis kilómetros- para extraer efectivo. “La gente mayor necesita que algún familiar los acompañe u obligar a algún pariente a que les saque dinero. Es un jaleo”, constata Garcia. El consistorio está a la expectativa de que la Diputación concrete cuándo los ofibuses estarán a disposición. “Serán bienvenidos y nos adaptaremos a ellos, aunque será poco si vienen cada 15 días. Hubiese sido mejor que fueran fijos”, opina el alcalde, que apela al Gobierno central para que regule que, como mínimo, cada localidad esté equipado con un cajero.

La primera intención de la Diputación de Barcelona fue adquirir terminales fijas y proporcionarlas a las poblaciones que las requirieran. Luego lo descartó, al percatarse del riesgo de que el contrato quedara desierto. “Después de que empezáramos a estudiarlo hace más de un año, el Parlament y el Congreso se pusieron con la cuestión y parecía que forzarían una actuación. Vemos que, más pronto o más tarde, se hará algo y tenemos que ser cuidadosos con hacer inversiones fijas de obras y conexiones. Optamos por los 'ofibuses' porque quizá, de aquí a un tiempo, prospere una iniciativa legislativa que obligue a instalar cabinas”, intuye Verdaguer. El contrato que la Diputación prepara tendrá dos años de duración, con opción a renovarlo por tres más.

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