Una mafia afincada en Barcelona usaba bebés para ocupar pisos y realquilarlos a migrantes

Una investigación de los Mossos d’Esquadra ha acreditado la existencia de una organización criminal afincada en Catalunya que usaba a menores de edad para ocupar pisos y después los realquilaba a migrantes en situación irregular. En una operación activada el pasado 15 de noviembre la red quedó desarticulada. Nueve personas, tres jefes y seis colaboradores, fueron arrestados. En solo cuatro meses había ocupado con esa estrategia doce inmuebles y lo había intentado con otros doce. Sus miembros se repartían unos 24.000 euros de beneficio mensualmente.

De la existencia de grupos mafiosos que ocupaban y revendían pisos existían numerosos indicios. Pero hasta que la comisaría de Barcelona no ha comenzado a investigar el fenómeno no ha resultado posible reunir pruebas lo bastante sólidas para la justicia que prueben cómo actúan. Y estas incluso han demostrado el rumor de que usaban a niños para simular que sus usurpaciones eran ocupaciones vulnerables. Según el inspector Joan Naharro, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) en Barcelona, había tres madres a las que la organización contrataba cada vez que usurpaba un domicilio.

Las mujeres, junto a sus bebés, se instalaban en el domicilio y hacían que los menores "lloraran junto a la puerta" cuando la policía llegaba al lugar tras el aviso de los vecinos. Con esa interpretación, las familias fingían ante los agentes que se trataba de una familia en riesgo de exclusión social. "Así se aseguraban de que los Mossos no desalojaran ni se presentaban de nuevo", ha admitido Naharro, que también ha querido dejar claro que las familias con menores a su cargo que siguen ocupando por necesidad siguen existiendo y representando la mayoría de usurpaciones en las que se identifican a menores. Pero no era el caso de esta red, que pervertía de este modo la protección social que el sistema brinda a los menores.

Garantía violentada

La Constitución contempla el derecho a una vivienda digna y considera que cuando una familia ha constituido una morada de una casa que se encontraba vacía solo un juez puede ordenar su desalojo y entregar de nuevo de la propiedad a su legítimo dueño. Para una policía, como los Mossos o la Guardia Urbana, intervenir antes de que lo ordene un juez es arriesgado porque debe contar con pruebas que demuestren que la ocupación acaba de producirse. Si hay menores, la dificultad se dispara y las policías optan por no intervenir y dejar que sea el proceso judicial, que puede durar años, lo resuelva. Se había especulado que algunas mafias estaban al corriente de esta condición. Pero hasta ahora no constaban pruebas de su práctica. Aunque sí de otros usos de menores para fines delictivos, "como la mendicidad", ha recordado Naharro.

Migrantes vulnerables

Investigar a esta red ha resultado "muy complicado", ha subrayado Naharro. "No había denuncias ni tampoco testimonios, ha sido un trabajo de inteligencia policial", ha explicado. La DIC se dio cuenta de que estas tres mujeres habían sido identificadas de forma reiterada en ocupaciones diversas. Tirando de ese hilo llegaron hasta tres personas, los jefes de la red, que aparecen "en el top cinco" de los delincuentes que más ocupaciones han perpetrado en Barcelona. "Funcionaban como una empresa", reconoce el inspector. Había colaboradores que se encargaban de detectar pisos vacíos –casi siempre de entidades bancarias– y de entrar, cambiar la cerradura y pinchar la luz. Después, la red llamaba a las madres, que acudían con los bebés. Los tres jefes supervisaban el proceso y daban instrucciones, como indicar que se dejaran migas de pan sobre la mesa para simular que sobre esta se habían servido comidas.

Los tres jefes y los seis colaboradores –madres y 'cerrajeros'– residían en Barcelona y en L'Hospitalet de Llobregat. El piso, después de fingir ante la policía que se había constituido en una morada protegida constitucionalmente, era realquilado o revendido a los pocos días, según los Mossos, a migrantes en situación irregular –que no pueden aspirar a contratos legales–. En ocasiones los realquilaban por entradas que oscilaban entre los 3.000 o 4.000 euros. O los vendían por 8.000 euros. O prestaban habitaciones por un alquiler mensual de entre 200 y 500 euros.

Los jefes eran quienes contactaban con migrantes que acababan de llegar a España y buscaban un techo. También con los propietarios legítimos, a quienes ofrecían la oportunidad de recuperar el piso pagando un precio más alto que la familia migrante, a la que después recolocaban. Consta que algunos dueños han pagado a la red.

Los Mossos son conscientes de que actúan desde 2020 aunque únicamente han reunido indicios de su actividad en los últimos cuatro meses, un periodo durante el que han intentado ocupar 24 viviendas, tanto de Barcelona como de L' Hospitalet de Llobregat, lográndolo en la mitad de las ocasiones. En la diana de esta organización estaban pisos que eran propiedad de entidades bancarias porque toleran mejor que los particulares la lentitud de la vía civil.

Todos los implicados en esta operación policial han quedado en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial. Los delitos por los que deberán responder son los de estafa, usurpación de bienes inmuebles y fraude eléctrico. Las madres no han sido investigadas por explotación infantil aunque la fiscalía y el juzgado está al corriente del caso y también lo está la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que podría incluso promover una retirada de la custodia.