La jueza investiga un presunto trato de favor en los chiringuitos de la playa de Barcelona

La polémica que lleva años planeando sobre la gestión de la actividad de la quincena de chiringuitos de la playa de Barcelona ha llegado ya a la justicia. La jueza María Antonia Coscollola está investigando un presunto trato de favor a una empresa explotadora de uno de los chiringuitos de la playa Nova Icària, a la que el ayuntamiento permitió montar el local antes de depositar el total de la cantidad económica fijada en los pliegos de adjudicación por la información “privilegiada” de la que disponía. Las pesquisas se han iniciado a raíz de la denuncia penal presentada por el Gremi de Restauració de Barcelona contra el gerente del Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez Gusi, por un delito de prevaricación, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los cinco kilómetros de playas de Barcelona atraen de nuevo a unos cuatro millones de usuarios anuales que son potenciales clientes de los 15 actuales chiringuitos que conforman la oferta de bebidas y comidas informales en primera línea de mar. Un negocio tan tentador que implica que las concesiones municipales para operar esos espacios coticen a precio de oro e inyecten unos seis millones de euros por temporada a las arcas municipales, pero que suman años de sombras, según las reiteradas quejas de la patronal local de la restauración y de los propios operadores.

La temporada vigente ha sido un via crucis para todos ellos, en tanto que el colectivo reivindicó que la apertura del nuevo concurso público (agotada la concesión previa para la mayoría) primase los criterios de calidad y no la subasta económica, tal y como informó este diario. El resultado fue la renuncia de varios operadores y una evidente crisis sobre el modelo que debe desplegar la ciudad. Fue la puntilla a varios años complicados que ahora eclosionan por la vía judicial, en base a las supuestas irregularidades de hace un año.

La magistrada ha acordado ahora incoar diligencias previas y citar al representante del gremio para que ratificara la denuncia y para ofrecerle la posibilidad de personarse como acusación, trámite que ya se realizó. A partir de ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Barcelona debe acordar las pruebas a practicar. El sector de la restauración ha solicitado la declaración en calidad de imputado de Francesc Jiménez y la de un testigo. Los restauradores tomaron la iniciativa de llevar el caso ante la justicia ante la falta de respuesta a la instancia remitida en junio del 2021, hace un año, al Buzón Ético y de Buen Gobierno del consistorio.

Calendario e información

La denuncia se centra en las licencias de ocupación de los servicios de temporada de los chiringuitos de la playa de Barcelona que se adjudican mediante concurso público. El órgano que las gestiona es el Institut de Parcs i Jardins, cuyo gerente es Francesc Jiménez, y su presidente, el concejal Eloi Badía Casas (no figura como denunciado). Las presuntas irregularidades arrancan en las adjudicaciones efectuadas en 2018. La duración de la concesión abarcaba ese mismo año y al siguiente, 2019. A raíz de la pandemia del coronavirus, se prorrogó en dos ocasiones, hasta el 2021.

En el pliego de condiciones se hacía constar “con claridad”, según el gremio, que las empresas adjudicatarias debían abonar una tasa o canon antes de levantar la persiana y empezar su actividad. Ese desembolso era con un único pago y para toda la temporada, según la denuncia. Una de las clausulas de ese pliego precisa que la firma que lograra la concesión tenía que aportar la documentación relativa a ese pago y que no se daría permiso para el montaje de la instalación sin que este hubiera sido aprobado.

La rebaja negociada

Durante la primavera del 2020, después de una intensa negociación, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gremi de Restauració acordaron reducir el canon de los chiringuitos en un 75%. Con las modificaciones de condiciones económicas, en mayo de ese mismo año, Parques y Jardines devolvió la diferencia a las empresas adjudicatarias. Ese decreto municipal se prorrogó por vía de ordenanzas fiscales, pero a la espera de uno nuevo que concretara detalles.

En este escenario y a pocas semanas del inicio de la temporada en 2021, las empresas concesionarias pretendían comenzar a instalarse, aunque antes de abrir debían pagar el 100% de la tasa porque no se había redactado el nuevo decreto para reducir el 75%. Sin embargo, en febrero de ese año uno de los adjudicatarios, la sociedad Anish Rme, que no pertenece a la agrupación gremial, montó el chiringuito en la playa de Nova Icària y ya estuvo en condiciones de iniciar su actividad sin haber pagado previamente todo el canon previsto.

La denuncia expone que Parques y Jardines, sin conocimiento del resto de operadores de chiringuitos, había cambiado el criterio y empezó a tramitar las solicitudes para el montaje de las instalaciones sin el previo pago del canon que estaba previsto en los pliegos. Esa modificación no fue notificada, ni comunicada, a las empresas del sector, ni a las asociadas al Gremi de Restauració, sino de forma “privada” cuanto menos a una de ellas (Anish), que al conocer dicha circunstancia “de manera privilegiada y anticipada”, pudo instalar primero el chiringuito para iniciar su actividad. Al aprobarse después el decreto que rebajaba el canon, fue la única que "pudo pagar reducidamente y comenzar” a trabajar inmediatamente. “Los operadores que no disponían de esa información reservada tuvieron que competir en desventaja, montando más tarde sus instalaciones”, recalca la denuncia. Es decir, el instituto municipal gestor “benefició a un operador en perjuicio de otros”, agrega.

Proceso "transparente"

El ayuntamiento replica que se autorizó el montaje antes de abonar las tasas en base a la petición previa del Gremi para avanzar la temporada, y para evitar que los operadores pagasen de más y luego hubiera que devolverles una parte. Insiste en que se autorizó montar antes de tiempo pero no abrir, y que el Buzón Ético ha realizado las correspondientes investigaciones y comunicará los resultados en unos pocos días (15 meses después de la instancia). El consistorio dice no tener conocimiento de la denuncia y haber actuado de "forma transparente".

Desde el gremio, se preguntan porque solo ese operador de Nova Icària supo en febrero que podía montar y que habría descuentos, antes que nadie. El director de la patronal, Roger Pallarols, recuerda que la misma empresa ha estado envuelta en la polémica de esta temporada, con otros procesos abiertos, varias concesiones otorgadas y --como consecuencia-- un retraso en la apertura de la oferta playera de 2022.

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