Temporada en jaque

El lío de los chiringuitos de playa de Barcelona se agrava con varias renuncias de operadores

Cinco espacios descartan la prórroga por la inviabilidad económica y dejan en el aire el servicio en sus tramos, mientras Parques y Jardines comienza a estudiar las ofertas presentadas para todo el litoral

Ambiente en un chiringuito de la Barceloneta, el año pasado.

Ambiente en un chiringuito de la Barceloneta, el año pasado. / RICARD CUGAT

Patricia Castán

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Las sospechas se han confirmado y la desbandada de cinco operadores de las playas de Barcelona confirman la crisis que vive esta actividad a causa de los continuos desencuentros con el Ayuntamiento de Barcelona. La situación amenaza con volver a dejar sin servicios a varios tramos del litoral si no se produce un relevo que no será fácil, dados los requisitos económicos vigentes, difíciles de asumir bajo las incertidumbres de la pandemia.

Como avanzó EL PERIÓDICO, este año ha salido a concurso público la ocupación temporal de 19 posiciones en las playas, de las que 15 --tras eliminar uno-- son chiringuitos de bebidas y comidas (algunos con hamacas), mientras que otros son servicios solo de hamacas o de helados. Del total, 12 habían finalizado su contrato en 2022, aunque siete tenían opción a prórroga para este año. De estos, cuatro eran chiringuitos.

El conflicto se desató hace unas semanas por partida doble: por un lado al conocerse el detalle del concurso de licitación, que vuelve a primar de facto la puja económica, partiendo de unas tarifas --consideradas estratosféricas por la patronal-- que impone de salida el ayuntamiento (de 48.867 a 327.445 euros por temporada, según la ubicación y el tipo de negocio). Por otra parte, al saberse que el consistorio no tenía intención de mantener la bonificación del 75% que sí se aplica a las tasas de terrazas de bares en la ciudad, y que en los dos últimos años se extendió a los chiringuitos. De ese modo, para los operadores con opción a prórroga, los costes resultaban este año "inasumibles", como relataron la semana pasada a este diario.

Tras intentar algún tipo de acuerdo o rebaja sin éxito, los afectados han optado finalmente por tirar la toalla en cinco casos. El instituto municipal de Parques y Jardines ha anunciado que declara extinguidas las autorizaciones de ocupación en tres chiringuitos ubicados en Sant Sebastià, Bogatell y Nova Icària, así como dos servicios de hamacas en otros puntos. Por contra, un chiringuito y un puesto de helados renovarán.

Los afectados lamentan haber tenido que renunciar a sus negocios por falta de apoyo municipal, relatan. Los precios pactados hace dos años ya estuvieron condicionados a la certeza de que habría bonificación, por lo que asumirlos ahora al 100% les ha resultado imposible. El ayuntamiento mantiene que su tasa afecta a toda la instalación (no como en las terrazas de ciudad) y por tanto ya no procede.

En paralelo, este miércoles finalizó el plazo para presentar las candidaturas a las 19 posiciones, aunque en principio las siete mencionadas estaban a expensas de que se produjeran o no prórrogas, precisan fuentes municipales. En los próximos días habrá que ver si hay aspirantes para estas, de cara a tomar las riendas para la temporada que se iniciará al 1 de marzo y finalizará el 30 de noviembre. Otra de las reivindicaciones fallidas de los operadores era precisamente poder recortar la temporada (y, en proporción, el canon) teniendo en cuenta que en otoño algunos tramos de playa quedan desiertos de usuarios.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de Barcelona, Israel Flores, sostiene que lo sucedido hasta ahora era "previsible" ante lo exorbitante de las cifras. Uno de los chiringuitos había llegado a hacerse con la licencia por más de 700.000 euros, imposibles de amortizar en la actual coyuntura, agrega. Además, cualquier operador debutante deberá asumir los costes añadidos de crear un chiringuito nuevo, que luego se desmonta y guarda hasta la siguiente temporada. Con los actuales contratos de dos años más uno y a veces otro prorrogados, es difícil cuadrar la inversión, detalla.

La patronal reclama con ejemplos primar la calidad a la puja económica

La polémica de las últimas semanas ha devuelto a la actualidad el debate sobre el modelo de servicios que los municipios deben primar en sus playas. El Gremi de Restauració de Barcelona, que representa a parte de los afectados en Barcelona, es muy crítico con el sistema local, que considera una "subasta encubierta" en la medida en que los criterios de adjudicación son por completo automáticos, frente a los criterios "en base a juicios de valor" que han elegido otros enclaves de la provincia que ha estudiado la patronal.

Así, Barcelona otorga un 65% de su puntuación a aspectos sociales y sostenibles (subcontratación de empresas y cooperativas de economías social, refuerzo de limpieza de los WC, contratación de parados o personas de difícil inserción laboral, y sostenibilidad en la alimentación. Pero como son casillas cerradas, todo participante dice comprometerse para obtener esos puntos. De ese modo, el 35% económica acaba siendo decisorio: el que más ofrece gana.

Para arrojar más luz al respecto, el gremio ha analizado varios casos cercanos. En sus conclusiones, lamenta que la capital catalana apueste por "una visión especulativa, mercantilista y extractiva, al primar los cánones. En cambio, otros municipios limitan el incremento económico (para evitar el riesgo de inviabilidad y renuncias posteriores), descartan ofertas desproporcionadas o establecen una tasa fija, para que solo computen otros datos.

Según el análisis, otras localidades valoran la variedad gastronómica, que se hagan menús de diario, mejoras estéticas, colaboraciones con entidades locales, agenda de actividades o incluso planes de viabilidad empresarial para asegurar una oferta estable en el litoral (caso de Masnou). Gavà sería el único caso analizado con un sistema más parecido a Barcelona, explican.

En cambio, Mataró, Masnou, Badalona, Castelldefels y Sitges, por ejemplo, ponen limitaciones al canon. La comparativa también muestra que "la tónica general son licencias para 4 o 5 años", en lugar del cambiante escenario de Barcelona. Los precios están a años luz de la capital catalana, que evidentemente tiene más usuarios en algunos tramos, pero no en otros. Un licencia en las playas barcelonesas parte de casi 50.000 euros, frente a los 4.010 de Mataró, los 8.000 de Castelldefels o los 12.000 de Badalona.

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