Derecho a la vivienda

Barcelona exige al 'banco malo' que cumpla la ley y regularice la situación de 255 familias

La concejala Lucía Martín se ha reunido con la nueva dirección de la Sareb y le ha advertido que les seguirá multando -aseguran haber cobrado ya 300.000 euros en sanciones- si "siguen incumpliendo la ley"

El 'banco malo' posee 824 pisos en la capital catalana; 255 de ellos con un proceso de desahucio abierto sobre familias con seguimiento de los servicios sociales 

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A1-147285388.jpg / RICARD CUGAT

Helena López

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La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, se ha reunido este lunes con la Sareb, en el primer encuentro con el ‘banco malo’ desde que el Estado tomó el control de la entidad el pasado mes de abril. Es también la primera reunión del consistorio con la entidad creada hace una década para "recibir los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras auxiliadas por el rescate financiero", desde que Pau Pérez -el interlocutor esta tarde de Martín- fuera nombrado "director de gestión de vivienda social y asequible"; asunto en el que la capital catalana tiene especial interés. Pérez fue director de la Fundació de Foment de Habitatge Social (vinculada a Cáritas Diocesana de Barcelona) y "ha dedicado los últimos 15 años de su carrera profesional a la gestión social de la vivienda", según señala su presentación en la página web de la Sareb.

El objetivo de la cita era, según señala la propia Martín, que el Sareb "cumpla la ley, que le obliga, como gran propietario, a no desalojar a familias vulnerables sin ofrecerles antes una alternativa". Según el registro de la propiedad, la entidad bancaria recientemente nacionalizada tiene 824 pisos en Barcelona; de los cuales 200 ya fueron cedidos al ayuntamiento en un convenio firmado en el 2015 (Barcelona fue la primera ciudad del Estado en gestionar directamente vivienda de la bolsa de la Sareb, convenio que fue aplaudido por la PAH, que en su día ya consideró que era fruto de la presión de la calle).

255 familias conocidas

El problema no está en esas 200 viviendas ya cedidas, obviamente, sino en qué pasa con las 600 restantes. Según las cifras de las que dispone el Ayuntamiento de Barcelona, en la capital catalana hay 255 pisos del 'banco malo' que se encuentran en proceso de desahucio en los que hay implicadas familias vinculadas a los servicios sociales.

Martín ha advertido a Pérez de que se enfrentará a sanciones si no cumple la ley catalana de emergencia con esas 255 familias y le ha recordado que la ciudad ya lleva más de 300.000 euros cobrados en sanciones por diversos incumplimientos de la función social de la vivienda. En estos momentos el ayuntamiento tiene 23 expedientes sancionadores abiertos con la Sareb y 69 en diligencias previas, la mayoría por tener una vivienda vacía o en mal estado.

Una relación particular

La relación entre la Sareb y Barcelona es particular. El 'banco malo' tiene cientos de pisos vacíos y en buen estado en otros lugares de España, pero en Barcelona la posibilidad de hacer negocio con la vivienda es tan alta que los pisos 'buenos' ya los ha vendido. Es decir, la cesión de los pisos que pide el consistorio serviría para regularizar la situación de las cientos de familias que viven okupando en ellos por falta de alternativas y para aumentar el parque público de vivienda, pero no para disminuir la lista de espera de la mesa de emergencia.

Tras la reunión, la concejala se ha mostrado optimista con la actitud de su interlocutor durante el encuentro y ha asegurado que espera ver respuestas concretas y positivas "en los próximos días", con los primeros contratos firmados.

El buque insignia de la Obra Social La PAH

Uno de los bloques de la Sareb en Barcelona, todo un símbolo, además, de la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad, es el conocido como bloque La Bordeta, ocupado en el año 2015 por la PAH y todavía en precario. En el cruce de las calles de Hostafrancs de Sió con la Carretera de la Bordeta, en el barrio de Hostafrancs, el edificio llevaba ocho años vacío y aún sin terminar cuando, en el marco de la campaña Obra Social PAH, fue okupado por activistas por el derecho a la vivienda y se convirtió en hogar de personas que no disponían de alternativa. Desde su ocupación, la PAH pidió que el edificio pasara a formar parte del parque de vivienda pública en régimen de alquiler social, y en los últimos años en los bajos del edificio ha abierto la Escoleta Popular de La Bordeta, equipamiento ya muy arraigado en el barrio.