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ENTREVISTA A LA CONCEJALA DE VIVIENDA DE BARCELONA

Lucía Martín: "El sector privado tiene que entender que la medida del 30% ha venido para quedarse"

"Quiero ser la pesadilla de los especuladores", afirma la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona

"Es más fácil montar una socimi que una cooperativa de vivienda en cesión de uso"

Helena López

La concejala Martín, en una nueva promoción pública en la Fabra i Coats. 

La concejala Martín, en una nueva promoción pública en la Fabra i Coats.  / SERGI CONESA

La ingeniera química Lucía Martín fue una de las activistas que soñó y creó junto a la alcaldesa Ada Colau la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tras unos años en el Congreso, regresa a Barcelona para intentar impulsar desde el gobierno local las políticas que imaginó en la calle.

-El 3 de noviembre se cumplieron nueve años del primer desahucio parado por la PAH. ¿Cómo recuerda aquella mañana?
-Recuerdo mucho cuando Lluís vino por primera vez a la asamblea de la PAH. Llegó explicando que vivía con su hijo pequeño y le iban a echar porque no podía pagar, pero que él no se pensaba ir; que antes quemaba la casa. Todas nos quedamos súper asustadas, pero hablando con él vimos que tenía vínculo con sus vecinas y empezamos a organizarlo. Mi tarea era ocuparme de los mensajes de las pancartas.

-¡¿El Sí se puede es suyo?!
-¡¿Mío?! ¡No, no! ¡Qué va! Todo se hizo de forma colectiva.

-¿La noche antes tenían claro que lo iban a parar?
-No. No lo habíamos hecho nunca. Teníamos claro lo que teníamos que hacer. Que tenía que ser totalmente pacífico, que lo teníamos que grabar todo…

-Casi una década después, la solidaridad vecinal sigue parando desahucios del mismo modo. Hace unos días se celebró el I Congrès de l’Habitatge de Catalunya para dar un paso más. ¿Cómo lo vive desde el otro lado? 
-Estoy muy orgullosa de haber participado en espacios así y también contentísima de que siga habiendo organización ciudadana. Si algo se ha demostrado en los últimos diez años es que si no hay una ciudadanía exigente, propositiva, movilizada y dispuesta a autorganizarse para exigir derechos es muy difícil que las cosas pasen.

-El congreso se celebró «ante la incapacidad de la administración de asegurar el derecho a la vivienda»,según palabras textuales de la organización. ¿Cuáles son sus planes para asegurarlo?
Si algo tienen las políticas de vivienda es que en algún caso tienen mucha inercia, y que cambios que haces hoy se notan al cabo de años; pero la situación es tan grave y la emergencia tan grande que tenemos que ser capaces de ser la pesadilla de los especuladores; porque el problema es ahora y es hoy. 

-Eso es lo que dicen las casi 600 familias en lista de espera para un piso de la Mesa de emergencia.
-La emergencia ya no es una cuestión puntual, se ha convertido en algo estructural; por tanto las respuestas no pueden ser parches. Más allá de seguir exigiendo a la Generalitat que ponga en la Mesa los pisos que debe, pronto podremos abrir el primer Aprop, y personas que ahora están en pensiones podrá instalarse allí, y el siguiente Aprop está a punto de ser licitado y lo tendremos a finales del 2020.

-¿Un año para unos pisos en contenedores de barco? Y esa es la solución rápida, claro.
-¡Un año es muy rápido! La construcción pública es muy garantista: tienes una ley de contratos del sector público, una ley de arquitectura… tienes que garantizar que no estás siendo arbitraria. Eso es muy lento y sí, se podrían acortar los plazos, los Aprop son una primera experiencia industrializada, que permite acortarlos, y es mucho más rápido que un piso convencional; pero vayamos con cuidado y no demonicemos la construcción pública, porque lo que se había hecho años atrás, vender terrenos públicos para que construyan los privados, mucho más rápido porque no están sujetos a todos estos controles, ya hemos visto cómo ha acabado.

 -Las entidades salieron descontentas de la útima reunión para resolver la situación de la Mesa deEmergencia, a la que el Estado ni siquiera acudió.
-Coincidió con la convocatoria de elecciones generales. Me encargaré personalmente de que el Estado se involucre en esto. No puede ser que vivamos esta situación de emergencia y el Estado se lave las manos. Y más cuando  su discurso siempre es que este no es un problema generalizado en todo el Estado, sino que es un problema de las ciudades. Nosotros les decimos que si es así, establezcamos un convenio por ciudades, para poder ofrecer más ayudas al alquiler, por ejemplo. La situación previa a la mesa de emergencia es que no puedes pagar el alquiler. Otra cosa que le pedimos, que creemos que es muy urgente, es que acaben de modificar la ley de enjuiciamento civil para terminar con los desahucios abiertos. Eso es algo hacia lo que avanzamos con el último decreto de alquileres que impulsamos desde Unidas Podemos, pero los jueces están haciendo una interpretación interesada y restrictiva. El decreto habla de fecha y hora exacta, y lo que están haciendo los jueces es poner fecha y hora exacta solo para el primer desahucio, y el resto ya no, algo que vulnera la Constitución.

-Ahora que cita la Constitución... Mucha gente no entiende que la medida estrella de vivienda del ayuntamiento sea meter a vivir a la gente en contenedores.
-Creemos mucho en los Aprop. No inventamos nada, están inspirados en experiencias de otros países que han funcionado muy bien. Tienen calefacción y ascensor, y además están pensados para estancias temporales. Son un alojamiento, no una vivienda. 

 -¿La alternativa a la pensión?
-¡Sí, sí! Ahora mismo, para una familia que esté en una pensión, poder mudarse a un Aprop es una gran mejora. Además, incorpora toda una serie de virtudes, no solo que se construye más rápido, también permite trabajar con materiales reciclables… 

-¿El objetivo es no condenar a ninguna familia a una pensión?
-Nos tendríamos que fijar el objetivo de que la Mesa de Emergencia sea realmente una mesa de emergencia. Lo que pasa es que no nos podemos marcar este objetivo como ayuntamiento únicamente porque no depende solo de nosotros. O tenemos la colaboración del resto de administraciones o el problema no se resolverá. Por eso es tan importante que la Generalitat construya los casi 300 módulos que le propusimos y que el Estado haga cambios legislativos muy básicos: no puede ser que no paren de llegar desahuciados.

Martín, en el 100 de Puigcerdà, donde levantarán una promoción social. / FERRAN NADEU

-¿Cómo está funcionando la medida del 30%?
-La medida del 30% es un ejemplo de esas políticas innovadoras y valientes que vienen a cambiar las reglas del juego. Que no nos las hemos inventado de la nada, que funcionan en otros países desde hace mucho tiempo y se han demostrado positivas. Pero para poder aprobar la medida del 30%, que hay que poner en valor que se aprobó porque era una iniciativa que venía de la ciudadanía, se tuvo que abrir un periodo de moratoria en el que se estableció un margen para poder construir sin tener que reservar ese 30%, y los privados lo que hicieron fue aprovechar para acumular licencias. 

-Pasó algo similar con la regulación de pisos turísticos.
Exacto. Pero lo que tiene que entender el sector privado es que esta medida ha venido para quedarse. Sabemos que eso les obliga a repensarse, pero es lo que queremos. Además, el sector de la construcción esperó a ver qué pasaba con el ciclo electoral.

-Y volvieron a gobernar... 
-Es una medida que tiene un gran apoyo social y que vamos a intentar extender a otros municipios del área metropolitana. Estas políticas tienen que ser metropolitanas. Necesitamos que el resto de ayuntamientos se corresponsabilicen para que sean efectivas. Los privados lo que quieren es hacer negocio y adaptarán ese negocio a las condiciones que ahora hay sobre la mesa. ¿Que son menos favorables que las que tenían antes, ellos deben pensar? Bueno…

-En campaña habló de elevar ese 30 hasta el 50 en los puntos con mayor presión, como Ciutat Vella. ¿Eso sigue sobre la mesa?
-Tenemos que valorar cómo se va asentando esto del 30, pero no lo descartamos.

-Citaba antes de la dimensión metropolitana. En el anterior mandato se anunció la creación del operador publicoprivado Habitatge Metròpolis Barcelona, con la intención de construir 4.500 pisos de alquiler asequible en 10 años. ¿Cómo lo llevan?
-Es un proyecto nuevamente innovador, y como toda innovación, no es sencillo, pero estamos convencidas de que es lo que tenemos que hacer y que saldrá bien. Nadie dijo que sería fácil, pero para eso estamos aquí.

-¿Ya han encontrado socio?
-Estamos en proceso. No es sencillo porque no tenemos un sector privado acostumbrado a trabajar de esta manera, a hacer inversiones a largo plazo… No es sencillo porque aquí no hay esa tradición; y no solo no existe esa tradición, sino que no tenemos la arquitectura legislativa que lo facilite. Es más fácil montar una socimi que montar una cooperativa de vivienda en cesión de uso y eso no pasa porque sí.

-¿Por qué pasa?
-Pasa por toda una arquitectura financiera, fiscal y legislativa. Hacer vivienda de alquiler fiscalmente está mucho más penalizado que hacerla de compra. Existe todo un un marco que se ha de cambiar y eso no solo se puede cambiar desde un ayuntamiento. Y el operador publicoprivado es como luchar contra corriente. No hay nada que esté pensado para funcionar así.

-Si el pacto con Sánchez sale adelante, sería una oportunidad para cambiar ese marco.
-Sí, serán propuestas que plantearemos al nuevo gobierno.