La oposición en Barcelona alienta la cruzada legal contra los grandes proyectos de Colau

Era inevitable que la sentencia que tumba la zona de bajas emisiones de Barcelona salpicara al pleno municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) expuso su veredicto legal el lunes, y la oposición a Ada Colau ha dictado este viernes su resolución política, criticando duramente, no tanto la medida en sí, que nadie votó en contra, sino la planificación del proyecto, "chapucera", "improvisada", según se ha escuchado en el pleno. El conclave, de hecho, se ha convertido, en su parte de impulso y control, en un bombardeo sobre los proyectos estrella del gobierno de la ciudad. Con críticas previsibles sobre el plan de 21 ejes verdes, las obras de conexión del tranvía, pero también con advertencias sobre la posibilidad de que estos asuntos de ciudad también terminen en los tribunales. Entre tanta bronca, un punto de acuerdo: sí a consensuar más y mejor el nuevo plan de usos del Eixample para que su impacto social y económico sea lo menos doliente posible.

El consistorio tiene 30 días (a contar desde el lunes) para presentar un recurso de casación contra el fallo judicial que revienta la ZBE. Se elevará tanto al TSJC como al Tribunal Supremo y el gabinete jurídico ya trabaja en una respuesta que, admiten, no será cosa fácil porque el dictamen de los magistrados, aseguran fuentes del consistorio, da poco margen para una respuesta basada en preceptos legales. Mientras eso sucede, la medida sigue operativa, algo que podría cambiar si el juez admite la petición de ejecución provisional solicitada por una de las entidades demandantes.

"Impuestos ideológicos"

También Ciutadans, Valents y PP se han mostrado a favor durante el pleno de que la zona de bajas emisiones apague las cámaras y quede sin efecto. Sus argumentos, coincidentes, hacen referencia a la "mala planificación", a "impuestos ideológicos y discrecionales" o a la necesidad de redactar una nueva ordenanza. La cosa no ha ido a mayores porque la mayoría (ERC, Barcelona en Comú y PSC) han votado en contra de la proposición de Ciutadans que instaba a desconectar la ZBE. Junts se ha abstenido y Esquerra, a pesar de ponerse del lado del gobierno, ha censurado que buenas ideas se ejecuten "de manera tan desastrosa". Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, les ha recordado que ningún grupo municipal votó en contra de la ordenanza cuando se aprobó a finales de 2019.

Pero el tema legal no ha quedado ahí. Ciutadans, PP y Junts han recordado la demanda contra las obras de Via Laietana presentada por Foment y Barcelona Oberta y algunos concejales han abierto la puerta a nuevos procesos, en este caso vinculados al proyecto de 21 ejes verdes en el Eixample. "Este gobierno haría bien en procurar ser riguroso desde el punto de vista legal", ha dicho Celestino Corbacho (Cs). "Este plan debe justificarse jurídicamente", ha añadido Josep Bou (PP). La sombra legal ha ido flotando en el ambiente, ni que fuera de manera sutil, como el 'alguien ha matado a alguien' del chiste de Gila.

Interés general

Sí ha habido acuerdo en el debate sobre el plan de usos del Eixample, que prevé una suspensión de licencias de restauración. El PP tenía la ocasión de exhibir una nueva fisura ideológica en el bipartito municipal (Hermitage, El Prat, los ejes verdes, Copito de Nieve, los Juegos de Invierno...), pero ha optado por modificar su proposición -eliminando lo más brusco y dejando lo más suave- y ha logrado, que tampoco está mal, que los 'comuns' respaldaran su medida. El de Barcelona en Comú ha sido un voto táctico para evitar quedarse solos. En resumen: a favor de consensuar la nueva hoja de ruta del distrito más poblado de la ciudad con los comerciantes y vecinos para tener en cuenta sus intereses sociales y económicos. O como ha definido Corbacho, "como dicen en mi pueblo, ni chicha, ni limoná".

La discusión sobre el tranvia por la Diagonal también ha derivado en un tímido acuerdo, a propuesta de Valents, que insta al gobierno a realizar un estudio sobre cómo las obras entre Glòries y Girona afectarán a los comerciantes y a ofrecerles ayudas y compensaciones. Lo pactado ha sido lo de menos, pero no podía pasar un nuevo pleno sin los minutos de gloria para el proyecto más debatido, odiado y amado de la última década en la capital catalana. "Fraude democrático" o "desastre" han sido algunos de los argumentos de la oposición mientras las máquinas ya trabajan en algunos puntos de la avenida.

La 'tasa Amazon'

Más acuerdos. En este caso, sobre comercio. Y con el mismo impacto, es decir, escaso. A petición de ERC, el gobierno se compromete a tirar adelante lo que de hecho ya anunció a mediados de febrero, una ordenanza para regular el comercio electrónico, la denominada 'tasa Amazon' que, según ha avanzado la concejala de Hacienda, Montserrat Ballarín, estará lista antes del 1 de julio pero difícilmente la veremos aplicada antes de que termine el mandato, en mayo de 2023.

Más allá de la gesticulación y las posturas enrocadas sobre muchos de los proyectos que serán protagonistas en la no tan lejana campaña electoral, el pleno ha dejado alguna noticia. Colau ha anunciado que han solicitado a la Academia de Cine que Barcelona vuelva a ser sede de los premios Goya (los de 2022 se han celebrado en Valencia y aquí vinieron en el año 2000) y también ha aceptado el ruego de Valents para buscar un lugar cerrado en el que instalar pantallas gigantes para poder seguir el Mundial de fútbol de Qatar, que se celebra entre noviembre y diciembre. Espectáculos y pleno municipal, eso sí es un oxímoron.