El PSC vota con Junts contra el plan de usos del Eixample de Colau

Hay discrepancias y votos distintos, y sobre temas importantes, el Hermitage, la ampliación del aeropuerto, los Juegos Olímpicos de inverno, pero no es frecuente que los dos socios del gobierno local de Barcelona voten de manera contradictoria ante una medida del propio gobierno en una comisión municipal o en un pleno. Algo que ha sucedido este martes a raíz del plan de usos del Eixample.

El plan de usos que el gobierno de Ada Colau propone para el distrito implica una suspensión de licencias de la restauración con el fin de proteger al comercio de proximidad. El PSC ha acordado con Junts per Catalunya una propuesta del grupo de Elsa Artadi que tras la transacción defendía que esa suspensión se limite a las calles de la ‘Superilla Barcelona’. Una propuesta que ha sido aprobada con el apoyo del resto de la oposición menos ERC, que, como Barcelona en Comú, ha votado en contra.

Los socios ya habían mantenido posiciones distintas sobre este tema en la comisión de gobierno, que es la que toma las decisiones ejecutivas antes de que sean sometidas a votación por parte de todos los grupos: el PSC se abstuvo en el rechazo al Hermitage y en este plan de usos del Eixample. Y en junio de 2021, los socialistas apoyaron una propuesta de Junts a favor de los hogares compartidos que de hecho enmendaba otra medida de gobierno, el PEUAT.

El grupo que preside Jaume Collboni ya advirtió la semana pasada de que en su opinión esa suspensión solo debería afectar a las calles que están en el plan de ejes verdes de Colau, y no a todo el Eixample, por considerar que supone aplicar una política general a zonas que requieren cirugías distintas. La iniciativa inicial de Junts reclamaba que el plan de usos fuera retirado, pero una vez pactada con el PSC, abogaba por esa aplicación parcial. Suele decirse que las proposiciones que se aprueban en las comisiones, que no son vinculantes, solo tienen peso si las aprueba el gobierno. Pero no se contempla que solo lo haga la mitad.

Un grave error

Por parte de Junts, Jordi Martí Galbís ha defendido la propuesta y ha explicado el pacto. La suspensión total, ha dicho, sería “un grave error que puede tener consecuencias”. Por ERC, la concejala Eva Baró no ha ahorrado reproches a Barcelona en Comú, al denunciar que ha actuado “tarde” en zonas del distrito como la calle de Enric Granados, tomada por bares y restaurantes. Pero ha rechazado la propuesta y ha afeado al PSC que cambie de posición.

Que los republicanos votasen con Barcelona en Comú no es nuevo: durante el mandato se les ha visto más cerca de los ‘comuns’ que el PSC. Por los socialistas, la teniente de alcalde Laia Bonet ha defendido dar tratos distintos a zonas distintas, y aunque ha compartido la necesidad de evitar monocultivos comerciales, y ha elogiado esa herramienta, ha afirmado que en el caso del Eixample no responde a “intereses compartidos”, porque en el distrito se viven realidades diversas que exigen “una regulación que tenga en cuenta esa diversidad”. Por eso, ha proseguido Bonet, el PSC se abstuvo cuando se dio luz verde al asunto en la comisión de gobierno y por eso, ha proseguido, su acuerdo con Junts sobre la proposición de este martes.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha evitado abundar en lo agrio de la situación y se ha mostrado conciliadora con la posición de sus socios, al más puro estilo ‘los trapos sucios se lavan en casa’. Ha hablado de los puntos en común de las “fuerzas progresistas” y ha defendido poner coto al monocultivo, para evitar que el caso de Enric Granados se reproduzca.

Un matrimonio abierto

Hace tiempo que el matrimonio entre el PSC y Barcelona en Comú presenta grietas visibles. De hecho, no acaba de sorprender, ya que es un segundo matrimonio nacido del pragmatismo, visiblemente falto de pasión, que contó como padrino con un exprimer ministro francés que ya no vive en la ciudad. Lo que unió Manuel Valls lo ha ido separando el día a día.

Tan poca pasión había de entrada, que los contrayentes acordaron antes de empezar su andadura en común que se reservaban la posibilidad de discrepar sin que eso pusiera en riesgo su unión. Lo que podría definirse como un matrimonio político abierto.