Así intentará Barcelona salvar jurídicamente la zona de bajas emisiones

La política reaccionó rápido tras conocerse, el lunes, la sentencia de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tumba la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barcelona. Altos cargos del ayuntamiento desfilaron por teles y radios para exhibir estupefacción e indignación ante un veredicto que consideran más un artículo de opinión que una decisión basada en preceptos jurídicos. Lejos de los focos, el equipo legal municipal empezó a sentar las bases de un recurso de casación que permita mantener esta medida ambiental, implementada en enero de 2020, que deja fuera de la ciudad a los coches más contaminantes. Su estrategia pasa por la ley y la jurisprudencia. Y pasa también por Madrid.

Ya durante el proceso, el consistorio presentó un documento de alegaciones de 31 páginas que poco tiene que ver con una sentencia de 68 folios que llegaría después y que da escaso margen de maniobra, puesto que, según señalan fuentes municipales que conocen bien el caso, la sentencia "carece de relato jurídico y se limita a aportar un recorrido argumentativo ideológico que, además, deja de lado cualquier legislación vinculada con la salud o el medio ambiente". El tono, prosigue la misma voz, "obliga a reflexionar y estructurar muy bien la respuesta", puesto que eso, de hecho, ya se intentó con las alegaciones. El ayuntamiento -el Govern anunció que también recurrirá- prepara un recurso de casación que se presentará en dos instancias: el Tribunal Supremo y en el propio TSJC.

Llevar el asunto a Madrid implica apelar a la infracción de una normativa estatal, pero al consistorio no se le escapan un par de detalles: la sentencia da poco juego para centrar la batalla en leyes y el Supremo suele admitir escasos recursos de casación. Si ninguna de las dos vías prospera, ni aquí ni allí, la única alternativa sería presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si ahí tampoco hay suerte, la zona de bajas emisiones deberá dejar de funcionar tal y como la conocemos y el ayuntamiento debería empezar el proceso de cero. La ZBE quedaría inoperativa si no ha caído ya antes, puesto que la entidad que impulsó la demanda, la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), tenía previsto reclamar al juez antes de este viernes la ejecución provisional de la sentencia, es decir, anular el veto a los coches que polucionan a pesar de que el fallo judicial no es todavía firme.

Estrategia jurídica

Las alegaciones presentadas por el gabinete jurídico del consistorio, a las que ha tenido acceso este diario, trataban de contrarrestar los argumentos de la parte denunciante, como la falta de informes sobre el impacto económico, la ausencia de cobertura legal, el excesivo ámbito de afectación de la medida o la escasez de alternativas a la ZBE. La defensa municipal trufó su contrataque de leyes y sentencias previas, quizás pecando de purismo ante una sala que, visto el resultado, terminaría basando su decisión final en cuestiones básicamente ligadas a la proporcionalidad, el derecho a la movilidad y a los perjuicios económicos que pudiera causar la restricción circulatoria. Eso, el hecho de que no solo se esté rebatiendo terminología puramente jurídica que pueda invitar a blandir otra normativa o a interpretar la misma pero de manera distinta, admite el propio consistorio, complica el articulado del recurso.

Lo que no se podrá incluir en la respuesta es la ley estatal de cambio climático, aprobada con posterioridad a la ordenanza municipal que regula la ZBE, pero el recurso sí hará referencia. De hecho, tampoco aparecía en las alegaciones, aunque sí, curiosamente, en la sentencia. Ese es un argumento que sí puede usar la política, como ha hecho la teniente de alcaldesa de Ecología Urbana y Urbanismo, Janet Sanz, al recordar que esta norma obliga a establecer zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes. Pero eso tendría validez jurídica de haberse aprobado con anterioridad a diciembre de 2019, cuando el pleno municipal dio su plácet a la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones.

Artículos a batir

Dos son los artículos ante los que hay que plantar batalla: el artículo 4 de la ley de régimen jurídico del sector público y el artículo 5 de la ley de garantía de la unidad de mercado. Ambos hacen referencia a la proporcionalidad, al interés general, al libre acceso a las actividades de servicios y a la necesidad de elegir la medida menos restrictiva. Todos estos argumentos coinciden con la demanda de la PARC, que había solicitado reducir el espacio de influencia de la ZBE, que abarca 95 kilómetros cuadrados, de manera que no afecte a toda la ciudad sino a las zonas más afectadas por la contaminación.

Desde el consistorio no rehúyen el debate sobre los intereses económicos, pero dudan que este sea un argumento legal de peso para poder tumbar la medida. Les sorprende, del mismo modo, la "nula mención a la legislación vigente en materia de medio ambiente", lo que abre un abanico interminable de nuevas demandas contra medidas pensadas para combatir la crisis climática, como el plan de 21 ejes verdes en el Eixample o cualquier reforma urbanística que restrinja la movilidad privada para lograr una mejor calidad del aire. En ese cajón entrarían las transformaciones de la Meridiana, Pi i Maragall, la Rambla, la Diagonal (por el tranvía) o Via Laietana, obra que ya ha empezado y que la patronal Foment del Treball y la asociación comercial Barcelona Oberta pretenden llevar a los juzgados. Sería la enésima demanda contra el consistorio de Ada Colau.

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