Barcelona triplicará su equipo antidesahucios

El barcelonés que no conozca el término 'sipho' puede sentirse afortunado. Presumiblemente ignorarlo es sinónimo de no estar inmerso en un proceso de desahucio. Para las miles de personas que sí lo están, las 'sipho', como ya se conoce popularmente a las trabajadoras -el 100% de la plantilla son mujeres- del Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació del Ayuntamiento de Barcelona, son profesionales tan conocidas como la procuradora o el cerrajero. Trabajadoras que suelen están presentes en cualquier desahucio en la ciudad, intentando evitarlo hasta el último minuto codo a codo con los movimientos sociales. Una figura, la de la 'sipho', creada en el primer año del gobierno de Ada Colau (2015) y un servicio, la Unidad Antidesahucios, que ha atendido a más de 13.000 familias en estos años.

Este lunes, las concejalas Lucía Martín (Vivienda) y Laura Pérez (Derechos Sociales) han anunciado que el gobierno municipal triplicará el equipo de 'siphos' con el objetivo de "reforzar la prevención". Con la nueva licitación -se trata de un servicio externalizado- la unidad pasará de 16 a 43 profesionales, que centralizará de forma integral la atención en procesos de desahucio e incorporará un equipo jurídico propio, con la intención de disponer de mayor capacidad para acciones preventivas que eviten a las familias la angustia que supone una demanda y una fecha de lanzamiento.

"En solitario"

El Ayuntamiento de Barcelona invertirá en este refuerzo más de cinco millones de euros en dos años, "una inversión en solitario", ha subrayado la concejala Martín, quien han vuelto a reclamar a las demás administraciones -Generalitat y Estado- una mayor implicación en la mediación como vía para evitar desahucios. "No solo nos encontramos con que la Generalitat no aporta dinero a la unidad, sino que nos deben más de 1.000 pisos a la mesa de emergencia", ha recordado la edila de Vivienda, quien ha vuelto a pedir también al Estado que vuelva a ampliar la moratoria antidesahucios, que hoy por hoy finalizaría al terminar este mes de febrero. Una moratoria que pese a que deja fuera muchos casos, protege a muchísimos otros.

Los movimientos sociales celebran la ampliación, pero insisten en la necesidad de medidas estructurales

Desde los movimientos por el derecho a la vivienda celebran que se dote de más recursos al servicio, pero insisten en la necesidad de medidas estructurales. "El problema es el de siempre. Es difícil negociar cuando el propietario tiene la ley de su lado; y, en la gestión de la emergencia, los trabajadores se encuentran muy limitados porque no hay suficientes pisos", resumen.

Martín y Pérez sostienen que a través de la prevención y la mediación previa que ahora quieren reforzar lo que persiguen es "evitar al máximo que se llegue a la orden de y, de llegar, que esta llegue a puerta el día marcado".

Gracias a la intervención de la Unidad Antidesahucios y al trabajo persistente de los movimientos vecinales, según sus cifras el 90% de las órdenes de lanzamiento en la ciudad no se ejecutan, y el 80% se suspenden antes del día señalado. "El acompañamiento a las familias es clave para ayudar a superar la brutalidad, la ansiedad y la angustia que suponen los procesos de lanzamiento", prosiguen destacando con preocupación que un tercio de las personas atendidas son menores.

El cambio busca también "permitir a las profesionales disponer de más tiempo y recursos para acompañar los casos, conocerlos con más antelación y articular la mejor respuesta posible activando todos los recursos disponibles para evitar la pérdida de la vivienda".

Recursos previos

Según han detallado las edilas, la ampliación busca "intervenir lo antes posible, para activar recursos como las ayudas al pago del alquiler o de compensación de la deuda generada, la entrada en programas sociales como la Bolsa de Alquiler municipal, y especialmente en lo que se refiere a los grandes propietarios, realizar los requerimientos oportunos para cumplir las obligaciones legales vigentes (la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social)".

La anunciada ampliación de la unidad también busca una (necesaria) mayor coordinación y colaboración con todos los agentes que intervienen en un proceso de lanzamiento. Por un lado, apuntan, el objetivo es "incorporar de manera sistemática la interlocución con entidades y movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda", que se han convertido en un puntal para muchísimas familias. Y, por el otro, la unidad también tendrá el objetivo de mejorar la coordinación con las comitivas judiciales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra.