Continúan los desahucios a familias con menores pese a la moratoria

La semana pasada terminó con un desahucio, en medio de un gran dispositivo policial, de Fátima, una vecina de Sants, y sus cuatro hijos, alumnos de la escuela Cavall Bernat. La asociación de familias de la escuela no solo participó en la convocatoria de resistencia frente a la puerta para intentar evitarlo -coordinada por el Grup d’Habitatge de Sants-, sino que, este domingo redactó un contundente comunicado en el que lamentan que la familia no haya sido realojada en el barrio, rompiendo los vínculos que allí tienen. “Fátima y sus cuatro hijos forman parte de nuestra comunidad educativa, de la que estamos muy orgullosos por su diversidad y por la práctica constante de apoyo mutuo entre las familias”, señala el escrito difundido este lunes, en el que piden al Ayuntamiento de Barcelona que ofrezca una vivienda digna en el barrio a la familia y al Departament d'Interior que haga público el dinero que ha costado dispositivo, así como “la retirada de las sanciones a las más de 60 personas identificadas durante el desahucio”.

El caso de Fátima y sus cuatro niños no es aislado. Desde Resistim al Gòtic convocan al movimiento en defensa de la vivienda este martes para intentar detener otro desahucio de una madre sola con tres hijos, dos de ellos menores y con discapacidad. “Alquilaron una habitación para todos, que era lo que podían pagar, y el hombre que se la alquiló resultó que ni era el propietario del piso ni pagaba el alquiler al verdadero propietario”, resumen la situación desde Resistim al Gòtic, que señalan que la propiedad real es una SL. Se trata del tercer lanzamiento contra esta mujer y sus tres hijos. El primero se paró porque no iba a su nombre sino al del hombre al que le alquiló la habitación (a quien ha denunciado por estafa). El segundo, el primero ya a su nombre, se suspendió en el juzgado por presentar un recurso y este, el tercero, es el primero al que los vecinos se han visto obligados a convocar en puerta mientras siguen intentando negociar un alquiler social para la familia.

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Pese a la moratoria estatal todavía vigente, la mañana de este lunes ha sido, como tantas, otras, una mañana de comitivas judiciales. De los cinco lanzamientos previstos en el distrito de Nou Barris había uno especialmente flagrante: el caso de Manuela y su marido, "quienes perdieron su casa en 2008 tras ser estafados en la anterior crisis", según denuncian desde los movimientos sociales que les arropan, que, esta vez sí, han logrado parar su desahucio en la puerta. El lanzamiento se ha aplazado finalmente gracias al medio centenar de personas que se concentraba frente la vivienda, convocados por la asociación de vecinos de Roquetes y el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris para defender al matrimonio, que lleva allí viviendo 25 años y que tiene “una situación de vulnerabilidad tanto económica como a causa de su discapacidad del 37%”.

Los dos lanzamientos previstos en la combativa Ciutat Meridiana para este lunes también se han acabado aplazando gracias a la perseverancia del movimiento vecinal, siempre al pie del cañón, igual que los dos que había convocados en el barrio de Sant Roc, en Badalona.