Profesionales de la salud se suman a exigir el fin de los desahucios

Más de una docena de entidades del mundo de la salud y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) han enviado este miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden la suspensión "efectiva" de todos los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad por los efectos negativos en la salud. "La pérdida sobrevenida de la vivienda sitúa a estas personas, además, como colectivo de riesgo para infectarse de covid", insisten los profesionales de la salud, salud mental y salud comunitaria firmantes.

Entidades, colegios profesionales y sociedades científicas exponen que existen numerosos estudios que demuestran una relación clara entre los desahucios y la pérdida de salud psicológica, física y social, y que esto sucede desde el momento en que existe la amenaza de perder la vivienda hasta que se produce la ejecución, si esta llega. "En el caso de los menores de edad -en un 60% de los casos el último mes en Barcelona los había- se produce un grave impacto en su bienestar, afectando principalmente su estado de ánimo, autoestima y rendimiento escolar", apuntan. Además, en la actual pandemia, las personas en riesgo de desahucio tienen una mayor probabilidad de infectarse, algo que se explica porque a menudo se ven obligadas a trasladarse a casa de familiares o amigos, aumentando la sobreocupación de viviendas y reduciendo las posibilidades de una higiene adecuada.

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Esta precariedad en la vivienda, prosigue la carta que también han enviado al ministro Ábalos, incrementa además el riesgo de sufrir otras inseguridades como la alimentaria, la laboral y la residencial. Así pues, concluyen, "disponer de una vivienda digna no solo es clave para la salud y el bienestar de las personas, sino que también tiene un rol destacado en un control adecuado de la pandemia".

Los firmantes

La carta está firmada por el Grupo de Vivienda y Salud de la ASPB, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), el Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya (TSCAT), la Sociedad Catalana de Pediatría, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC), la Asociación Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFICC), el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP), la Fundación Àmbit Prevenció, Marea Blanca Catalunya, Asociación Colectivo Sísifo y Rebelión Atención Primaria. 

La alcaldesa ha recibido este jueves a representantes de varios de los colegios profesionales firmantes para mostrar su apoyo explícito a la iniciativa. "Ya no es solo el ayuntamiento; no son los movimientos sociales, estamos hablando de que son los profesionales, los que están en la primera línea de la salud pública, los que están lanzando un grito de alerta para parar este despropósito", ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que no se pueden dedicar recursos públicos a dejar a personas vulnerables sin casa en un momento en el que nos están diciendo que nos quedemos en ella. "Más allá de la moratoria, a medio plazo hay que plantear un cambio de la ley, que la ley distinga y diferencie los casos de vulnerabilidad", ha reiterado.