BCN inspecciona Serveis Funeraris por posibles irregularidades

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento de Barcelona realizó el jueves pasado una inspección de la actividad de Serveis Funeraris de Barcelona por posibles irregularidades. En concreto, Badia ha asegurado que dos usuarios que recurrieron a la empresa en julio y en diciembre sostienen que se les cobró por servicios no prestados.

La investigación tendrá como resultado una auditoría cuyos resultados se conocerán a finales de marzo, según el concejal, y la información versará sobre "todo el sistema de facturación". Un 85% de Serveis Funeraris de Barcelona es propiedad de la empresa Mémora, en tanto que el 15% restante es del propio ayuntamiento. El gobierno de Ada Colau trata de constituir desde hace más de dos años una funeraria pública, con el argumento de que las tarifas que ofrece en estos momentos el sector están de media por encima de los 6.000 euros, lo que supone un gasto muy elevado para los ciudadanos que no disponen de seguro funerario.

El concejal ha negado que exista una relación entre la investigación abierta y la voluntad del gobierno de crear una sociedad que haga la competencia a Serveis Funeraris de Barcelona, y ha precisado que el acta de inspección que se levantó el jueves en Serveis Funeraris -donde se recabaron datos sobre facturas- se debió a una actuación de oficio de la Oficina Municipal de Informació al Consumidor (OMIC), que tiene potestad sancionadora. 

Badia ha insistido en su comparecencia, preguntado por el pleno de este miércoles, que es necesario vender el 15% de la empresa que sigue en manos del consistorio -una decisión que también se votará en el plenario- porque se trata de un valor que se está devaluando, lo que podría perjudicar al ayuntamiento. 

El PSC reitera que votará 'no'

El anuncio de Badia llega menos de 24 horas antes de que este miércoles se celebre un pleno extraordinario en el que el gobierno hará su enésimo intento. Una votación que está vinculada con la puesta en marcha de un servicio funerario simplificado por un precio de unos 1.800 euros, una medida propuesta por ERC que estuvo a punto de entrar en vigor el verano pasado pero que acabó descartado por falta de respaldo. La tarifa de 1.800 euros , pero no el velatorio, ni los gastos del servicio de cementerio.

No está claro que la oposición se avenga a facilitar los planes de Colau y Badia. De hecho, está clara la oposición del PSC, decisivo para la aprobación final. Tras la comparecencia de Badia, la portavoz socialista, Carmen Andrés, ha certificado el rechazo de su grupo a la propuesta y ha acusado al concejal de intentar presionar a la oposición.  También ha considerado "irresponsable" que el gobierno "vierta sombras de duda sobre una empresa que tiene participación municipal". Andrés ha confirmado que los concejales socialistas votarán en contra de crear una funeraria pública: "No nos genera ninguna confianza".